Battisti es libre. No lo era desde hacía cuatro años, desde que fuera detenido en Brasilia. Había sido condenado en Italia a cadena perpetua por cuatro asesinatos cometidos en la década de 1970 por las Brigadas Rojas que él integraba. Huyó de su país por considerar que el proceso en su contra estaba resguardado en razones políticas; en 2007 llegó a Brasil, donde el ahora gobernador de Río Grande do Sul, Tarso Genro, entonces ministro de Justicia, le concedió asilo político.
Ese mismo año, y a pesar del estatus conseguido, fue detenido en Río de Janeiro en el marco de una operación conjunta de agentes de Brasil, Italia y Francia. Entonces el gobierno lo consideró un refugiado, lo cual determinó que Italia retirara a su embajador durante un mes como modo de protesta. Pera esa condición fue revocada en noviembre de 2009 por el STF para evaluar la petición de extradición pedida por Italia.
El máximo órgano judicial aprobó la extradición en un fallo no vinculante y pidió que la decisión final fuera tomada por el presidente. La sentencia concluyó que los crímenes de Battisti fueron “comunes”, no políticos, por lo que se debía descartar que fuera víctima de una persecución por parte del Estado. Lula revirtió el fallo y trancó la extradición; Italia prometió que llevaría a cabo “todas las medidas necesarias” para demostrar su descontento, pero no tomó ninguna.
Luego de varios reclamos italianos, el STF reconsideró ayer el tema, definiendo lo mismo que en noviembre de 2009: que la decisión de Lula se ajustó al derecho y que debe respetarse, concretándose la liberación de Battisti. La votación salió por una mayoría de seis a tres. Entre ésta se encuentra el juez Gilmar Mendes, a favor de la extradición, quien instruye el caso y quien advirtió que esta decisión deja abierta la posibilidad de “manipulaciones” de las extraditaciones por parte de los mandatarios. “Es un peligroso antecedente”, advirtió.
El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, condenó la liberación de Battisti y aseguró en un comunicado que apoya “plenamente todos los pasos que Italia haga para aprovechar las instancias jurídicas competentes para garantizar el pleno cumplimiento de los convenios internacionales” sobre la extradición. El canciller, Franco Frtattini, también lamentó la noticia en un comunicado y aseguró que su país piensa llevar el caso ante la Corte Penal Internacional de La Haya, según consignó la agencia de noticias italiana ANSA.
Desde Brasil, el asesor de asuntos internacionales de Presidencia, Marco Aurelio García, aseguró que el caso es “exclusivamente judicial”, que “ya salió de la esfera del Ejecutivo”. García sostuvo que “Italia tiene todo el derecho de usar las prerrogativas que crea necesarias” y subrayó que la decisión de Brasil fue tomada en forma “soberana”.