Las presentaciones de los ministros de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, de Turismo, Héctor Lescano, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, confirmaron que falta tiempo para que el proyecto de Aratirí sea aprobado, ya que todavía no fueron presentados los proyectos respecto a lo ambiental, lo logístico y lo minero. El diputado interpelante, Gerardo Amarilla (Unidad Nacional, Partido Nacional), aseguró que no quedó del todo conforme con las respuestas, y tras las largas exposiciones de los ministros y un cuarto intermedio de dos horas faltaba mayor debate sobre la propuesta minera.
Incertidumbres
Al comenzar la interpelación, Amarilla reclamó información y transparencia del gobierno en relación a Aratirí. Preguntó qué grado de compromiso tiene el gobierno con el proyecto y consultó sobre el inicio de las negociaciones con el gobierno por parte de la empresa, recordando que las solicitudes para la prospección se hicieron durante la administración de Tabaré Vázquez, cuando el ministro de Industria era Daniel Martínez (Partido Socialista), recordó. “Algunos de los principales representantes de la empresa hoy en aquel momento integraban los cuadros gobernantes del Estado”, dijo en referencia al ex presidente de la Asociación Nacional de Puertos (ANP) Fernando Puntigliano (PS), hoy gerente general de Aratirí, y a Santiago Sotuyo, director de la ANP y hoy gerente de Logística de la minera.
Más tarde Lescano respondería a esas críticas: "Nos consta la trayectoria absolutamente transparente, de servicio, de sensibilidad de Puntigliano. Si alguien tiene alguna duda sobre la simultaneidad del ejercicio de la presidencia de la ANP con su participación en actividades de la empresa sabe bien dónde tiene que hacerlo".
Luego Amarilla le preguntó a Muslera si la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estaba en condiciones de “evaluar y controlar el desarrollo” de un proyecto como Aratirí, y le propuso trabajar en la incorporación de la figura del delito ecológico al Código Penal. El diputado dijo apoyar la gestión del Ministerio de Turismo y consultó a Lescano si este emprendimiento “afectará el emblema de Uruguay Natural”. Finalizó su presentación y Amarilla recibió aplausos de los productores rurales de la zona de Valentines, quienes atendieron la sesión desde las barras.
Kreimerman, y en particular Muslera, quien leyó su presentación, explicaron las políticas generales de sus ministerios. Kreimerman explicó que la minería a cielo abierto “se va a insertar en dos dimensiones; en la del crecimiento económico con justicia social y en la de la cadena de valor que tiene el país”. Muslera, por su parte, aseguró que la Dinama tiene capacidad técnica para controlar grandes emprendimientos; desde 1994 analizó 667 proyectos mineros, entre ellos el de Minas de Corrales (Rivera), donde se hacen excavaciones a cielo abierto, explicó.
La ministra explicó las consecuencias de la minería a cielo abierto, y entre ellas dijo que “se modificará, y en algunos casos desaparecerá, el hábitat para las especies que lo ocupan. Es más correcto hablar de medidas de compensación a la hora de rehabilitar las zonas afectadas, más que restaurar”. Respecto a los impactos, Muslera aseguró: “Son manejables con medidas de compensación, restauración, pero requieren de un proceso de evaluación ambiental que imponga requerimientos que son posibles en el marco de un incremento de los costos de producción”.
Relató el trámite que tuvo el proyecto en su ministerio, y explicó que actualmente “estamos a la espera de la presentación de una nueva solicitud de autorización que cumpla con los requisitos”, ya que la primera que fue presentada fue archivada luego de que recibiera importantes observaciones. Muslera apoyó la realización de un plebiscito consultivo: “Definir como sociedad el uso adecuado de los recursos resultantes del proceso de explotación me parece positivo, habla de la madurez de una sociedad”, señaló. “Propiciamos y vemos con buenos ojos que se discuta a nivel social este proyecto”, dijo, y aclaró que ésa era su posición personal. Lescano dijo luego que el Ejecutivo todavía no tiene posición, y destacó: “Más allá de definir naturalezas jurídicas, lo importante es el concepto, que la palabra 'participación' no sea un lugar vacío”. Sin embargo, también dijo que el gobierno “debe velar por las comunidades, por su autonomía, por su punto de vista, y por el bien común, que es el conjunto de visiones del país”.
Lescano enfatizó que no hay asociación alguna entre la empresa y el Estado, “y tampoco ningún grado de compromiso del gobierno nacional”, en referencia a la insinuación de Amarilla de que en este caso se daba la “política de los hechos consumados”. Aseguró que durante el gobierno de Vázquez lo único que se hizo fue autorizar los movimientos de prospección, y aseguró que “cualquier gobierno hubiese actuado de esa manera”. “Miramos estas intervenciones desde la inquietud de tornarlas equilibradas, compatibles con el desarrollo turístico, porque Rocha es un departamento donde el turismo tiene un formidable futuro”, dijo Lescano sobre la óptica del ministerio al proyecto.
Kreimerman insistió en que la aprobación del proyecto minero de la empresa depende de la presentación de los proyectos de explotación, los proyectos logísticos, los proyectos de impacto ambiental y de la firma del contrato de inversión. Estimó que quizás 100 empleos directos podrían eliminarse por la actividad de Aratirí y aseguró que el proyecto no tiene una zona franca prevista. “Ya se ha contestado negativamente [sobre] ese punto; la industria extractiva tiene que dejar más activos en instalación, desarrollo, trabajo, que aquellos activos que están extrayendo”, explicó.
Poco chisporroteo
La oposición no quedó conforme con las respuestas: “El Ejecutivo no manejó bien el tema y mucho menos ha sabido comunicarlo”, dijo Amarilla, que negó que este proyecto implicara la generación de “valor agregado” como argumentó Kreimerman. Aseguró que la Dinama tiene prácticamente la misma cantidad de funcionarios que en 2000 (87 técnicos) y consideró que mientras el proyecto de Aratirí “está avanzando en una gran zona del país, veo que este ministerio va un poco de atrás”.
El presidente de la cámara baja, Luis Lacalle Pou, quien fue impulsor de la interpelación, bajó a su banca y confirmó su posición contraria a Aratirí. Lacalle Pou rechazó el dicho de Mujica de que el llamado era “un palo en la rueda”. “Lamento profundamente que el presidente diga que quienes queremos conocer qué se va a hacer con nuestro ecosistema, con el turismo, sea ponerle un palo en la rueda; no es así. Prefiero eso antes que pintarme los labios y aceptar cualquier inversión sea del tipo que sea”, remató.
Cerca de las 19.00 el coordinador de la bancada oficialista, José Bayardi, pidió un cuarto intermedio hasta las 21.00, ante las quejas de los diputados blancos, quienes acusaban al FA de querer “silenciar a la prensa”. Bayardi explicó luego que quería evitar un “circo mediático”: “No acepto que la interpelación se desvirtuara, transformándola en un circo mediático, por ser la hora de los informativos”, afirmó. Luego de reencauzado el debate, el diputado José Carlos Cardoso reclamaba que se discutiera sobre “quién se iba a quedar con la plata”, reiteraba su propuesta de nacionalización del hierro y contó que le había escrito a Eduardo Galeano para saber su opinión al respecto.