El artículo 540 del presupuesto quinquenal creó una comisión interministerial con el cometido de estudiar la viabilidad de la creación de un Ministerio de Asuntos de Justicia y Derechos Humanos. La norma establecía que esta comisión debía informar sobre su trabajo en la Rendición de Cuentas.
Eso hizo en el texto que se envió al Parlamento el 30 de junio, adjuntando un informe de avance que marca una "hoja de ruta" para el estudio del asunto. Así como el 540 estableció una comisión para el estudio de lo que sería el ministerio 14, el 386 creó una comisión para estudiar la factibilidad de la creación de un frigorífico estatal multimodal. Pero esta última comisión todavía no se creó ni envió el Ejecutivo un informe al respecto.
El documento plantea que aunque el Poder Judicial tiene una función "de primer orden" en el sistema de justicia, en la materia intervienen otras instituciones, entre ellas, varias del Poder Ejecutivo, que tienen "diverso grado de protagonismo". Algunas de ellos son, además del Ministerio Público y Fiscal que depende del MEC, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Policía, el sistema carcelario, el Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, la Junta de Transparencia y Ética Pública, los Registros Públicos y la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional.
Esta "pluralidad de dependencias" y la "descentralización de cometidos y roles", señala el texto, "contribuiría a desdibujar la construcción y conducción de políticas públicas, so riesgo de generar eventuales contradicciones", más teniendo en cuenta que no hay "instancias institucionales de coordinación formal dentro de la órbita de la misma cartera ministerial, ni procedimientos pautados de cooperación interinstitucional", por lo que se puede sostener que "no existe una elaboración uniforme e inequívoca de la política de justicia del Poder Ejecutivo".
El documento plantea que se deberían "concentrar" estas competencias "en una única estructura", y que ese órgano "no debiera ser el MEC". "La realidad muestra hoy que el 45% del rubro cero del presupuesto de esta secretaría de Estado es absorbido por funciones vinculables con el sistema de justicia. Ello da una idea de la complejidad de una cartera que, además debe planificar y ejecutar políticas de educación, de cultura, de ciencia y tecnología, entre otras", argumenta.
Pero el Ejecutivo no se plantea sólo concentrar todas las dependencias de materia jurisdiccional en el nuevo ministerio, sino también estudiar la conveniencia de "proponer la incorporación al Poder Ejecutivo de funciones que hoy están atribuidas a otros poderes del Estado" -en particular las defensorías públicas que dependen del Poder Judicial-, o de promover "la centralización de las funciones de asesoramiento y defensa jurídica de la Administración Central", es decir, crear una abogacía del Estado.
Además, como "disparadores del debate" el documento plantea preguntas: si este nuevo ministerio "debería hacerse cargo del sistema de privación de libertad y rehabilitación social, tanto de adultos como de jóvenes", si debería tener a su cargo una función de asesoramiento jurídico del Ejecutivo para la elaboración de proyectos de ley o si también debería incorporar "a sus cometidos el diseño, ejecución y evaluación de la política de derechos humanos", es decir, trasladar también la Dirección Nacional de Derechos Humanos del MEC.
Un peso de encima
El director general del MEC, Pablo Álvarez, explicó a la diaria que la creación de un ministerio de Justicia “se viene pensando hace mucho tiempo, no sólo desde los gobiernos de izquierda”, y especificó que en el Frente Amplio “ha sido un debate permanente en los últimos congresos, para fortalecer la institucionalidad dedicada a la Justicia”.
Álvarez considera que la construcción del MEC fue “residual y aluvional”, por lo que hoy tiene una “cantidad enorme de materias” que “desvirtúa el fundamento genérico de lo que es el MEC”, o sea, un ministerio dedicado a Educación y Cultura. Además, Álvarez indicó que con las modificaciones planteadas para el Código del Proceso Penal, el trabajo de las fiscalías “va a ser distinto y mayor” y advirtió que actualmente ya existen “dificultades para hacer el trabajo encomendado por una importante falta de funcionarios”.
Si bien destacó que “no se trata de sacar y poner fichas” en esta reforma institucional, tampoco se piensa hacer “un largo debate académico y catedrático”, porque “hay convicción de que hay que avanzar en ese sentido”.
Tanto Álvarez como el informe enviado al Parlamento intentan evitar discrepancias en cuanto a la denominación del nuevo organismo como “Ministerio de Justicia”, que remite al organismo que instauró la dictadura cívico-militar. “No podemos detenernos en el nombre para discutir una institucionalidad”, dijo Álvarez, quien agregó que para “mitigar” ese problema se propone la nueva denominación. En efecto, el año pasado, cuando se creó la comisión interinstitucional para el estudio del tema, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo que el país “ya transitó la experiencia del Ministerio de Justicia y fue extremadamente negativa, no sólo por la limitación de la automía del Poder Judicial” sino también porque “se creó una costosísima y enorme burocracia”.
Álvarez aseguró que por ser un cambio institucional importante un proyecto de ley de este tipo “no se puede sacar a los ponchazos, debe tener un nivel de acuerdo en el debate importante, más allá de la mayoría oficialista”. Aunque no hay un plazo estipulado, el objetivo del gobierno es concretar la creación del nuevo ministerio en este período de gobierno, señaló.