La exposición de motivos del proyecto enviado ayer al Parlamento argumenta que en un período de “alto crecimiento como el que se verifica actualmente y en presencia de liquidez internacional, la renta de la tierra crece, y corresponde que el Estado recapture y redistribuya parte de la misma”. El texto se basa en que en los últimos diez años el valor de la tierra se multiplicó por cuatro, pero que dicho crecimiento “no se reflejó fiscalmente” y que, incluso la tributación del agro, disminuyó casi 30%. El segundo punto que justifica la creación del ingreso apunta a “desalentar la concentración de la propiedad de la tierra” por las consecuencias que tiene sobre la equidad. Explica que la propiedad de la tierra “está mucho más concentrada que el ingreso”. Para el año 2010, el índice de Gini de la distribución de la tierra es 0.76 y el índice de Gini de la distribución del ingreso es 0.43, y el 10% de los productores más grandes es propietario de 64% de la tierra, mientras que el 10% de la población con más altos ingresos percibe el 30.5% del ingreso total, menciona.
Por un lado, el proyecto crea el ICIR, que se aplicará a las propiedades mayores a 2.000 hectáreas y con índice Coneat (que mide la productividad de la tierra) 100, o sus equivalentes (es decir, una propiedad con menor extensión, pero mayor productividad a 100, puede ser incluida en el impuesto, o viceversa). El impuesto será progresivo, en base a tres franjas: a las propiedades de entre 2.000 y 5.000 hectáreas se les cobrará 67 Unidades Indexadas (cerca de ocho dólares) por hectárea, a las de entre 5.000 y 10.000 hectáreas 100 UI (cerca de 12 dólares), y a las de más de 10.000 hectáreas 135 UI (aproximadamente 16 dólares) por hectárea. Por este impuesto se espera recaudar 60 millones de dólares, informó ayer el director de la OPP, Gabriel Frugoni, que serán destinados a obras de “caminería rural profunda -caminería de acceso- de los gobiernos departamentales”. Esos montos serán gestionados en acuerdo con la Comisión Sectorial de Descentralización en la que participa el Congreso de Intendentes.
Complementariamente, el proyecto modifica el gravamen de IRPF e IRAE a las compra-ventas de inmuebles rurales, actualizando los valores fictos al valor real del mercado. Por este concepto se estima que se recaudarán 20 millones de dólares, que serían destinados “a políticas de desarrollo del INC y a otras políticas de desarrollo rural”.
El mismo texto explica que el impuesto afectará a 1.200 empresas de un total de 47.300, “es decir, un 2.5% que posee un 36% de la superficie total de la tierra”. Una de las empresas a las que alcanzaría este proyecto sería Montes del Plata, según explicó ayer Frugoni. El director de OPP explicó que el artículo 7 del proyecto “deroga las exoneraciones genéricas de tributos anteriores a esta ley” y dispone “expresamente” que no se podrán aplicar las exoneraciones en materia forestal. Frugoni recordó que el contrato de inversión firmado entre el gobierno y Montes del Plata establece que “en caso de algún cambio que genere un impacto importante en las ecuaciones económicas de la empresa, se estudiarán los posibles y eventuales resarcimientos”, y más adelante, aclaró que “no está contemplado que esto fuera causa de resarcimiento”.