Estudiantes, padres y trabajadores de la educación manifestaron al gobierno su rechazo a la respuesta que recibieron sus reclamos porque “representa el continuismo del modelo privatizador”, en palabras de la líder de la Federación de la Universidad de Chile, Camila Vallejo. Las dos propuestas que hasta ahora presentó el gobierno incluyen un aumento de cuatro millones de dólares para el presupuesto de la educación y una mejora del sistema de becas y créditos estudiantiles. También se ofrece pasar la gestión de la educación del ámbito municipal al estatal -aunque no especifica cómo se haría-, e incluir en la Constitución el derecho a la educación.
Vallejo señaló que estudiantes y profesores reclaman “una reforma mucho más sistémica y profunda”, que la planteada por el gobierno. Si bien la respuesta oficial de los gremios llegó el viernes, ya el jueves se había anunciado con una multitudinaria marcha que terminó con 874 detenidos y 90 carabineros heridos -no se informó sobre estudiantes heridos-. La represión de la policía, que intentó hacer cumplir a la fuerza la prohibición que el gobierno hizo pesar sobre la marcha, generó una densa nube de gases lacrimógenos que en Santiago, por ejemplo, alcanzó lugares como las estaciones de metro y la sección de radiología de una clínica. “Así debe haber sido hace treinta años”, dijo Paloma Muñoz, portavoz de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, en referencia a la dictadura chilena (1973-1990).
Centrada en la plaza Italia y la Alameda, escenarios habituales de las protestas estudiantiles, la actuación policial fue rechazada por parte de la sociedad chilena que, ante el llamado de Vallejo, realizó en Santiago un caceroleo como los que solían organizarse durante la dictadura, mientras los automovilistas hacían sonar sus bocinas.
Los estudiantes ratificaron el llamado a un paro general mañana y reclamaron que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, mano derecha de Piñera, enfrente consecuencias legales por la represión y la prohibición a la manifestación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también criticó la desproporcionada fuerza utilizada contra los estudiantes, que incluyó caballos y carros lanza agua. Recordó que el derecho de manifestación y la libertad de expresión son fundamentales y que el uso de la fuerza en las protestas “debe ser excepcional”. En Chile se cumplen dos meses de manifestaciones de estudiantes en este conflicto y la mayoría han sido reprimidas.
Dirigentes estudiantiles presentarán una querella contra la policía por la represión, y parlamentarios opositores anunciaron que tienen los votos necesarios para una acusación constitucional contra Hinzpeter. Varios de estos legisladores se presentaron en La Moneda para hablar contra el ministro -mientras la policía reprimía a los manifestantes- para pedirle que permitiera el desarrollo de la marcha para terminar con la situación, pero Hinzpeter no quiso recibirlos, informó el portal de noticias El Mostrador. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, defendió la actuación del ministerio y de la Policía.
Como señal de respaldo a los jóvenes ayer se celebró una marcha de los estudiantes junto a sus familias, que reunió entre 10.000 y 20.000 personas -el número varía según la fuente-, y en la cual no hubo incidentes.