En dos meses, el gobierno chileno enviará un proyecto de reforma constitucional para frenar las manifestaciones estudiantiles y de profesores, que desde hace meses se congregan con varios reclamos concretos para una mejor educación pública y gratuita.
En una reunión con estudiantes y profesores, el gobierno respondió con 21 propuestas a un petitorio que habían entregado la semana pasada al recién asumido ministro de Educación, Felipe Bulnes, que estuvo en el encuentro.
Las primeras propuestas son las que implican una reforma constitucional, plantean incorporar “el derecho a una educación de calidad, estableciendo el deber del Estado de velar” por ella, así como garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal a la enseñanza desde la educación inicial. También la nueva Constitución establecería que es “deber del Estado” garantizar la existencia de un sistema de educación universitaria mixta -pública y privada- y promover “mecanismos de acceso y financiamiento para que toda persona con los méritos respectivos tenga la oportunidad de ingresar a la educación superior”.
Empeorando
El de la educación, junto a otros conflictos sociales, es considerado responsable de la baja en la popularidad del presidente chileno Sebastián Piñera, que en octubre gozaba de 63% de popularidad y 61% de credibilidad y confianza, gracias al efecto del rescate de los 33 mineros (31 de los cuales presentaron una denuncia contra el Estado por no controlar la mina en que trabajaban).
La nuevas cifras de la encuestadora Adimark -a la cual también pertenecen las anteriores- revelan que la popularidad de Piñera siguió cayendo, y en la última medición llegó al 30%, mientras la desaprobación aumentó nuevamente hasta 62%. En tanto, la aprobación del gobierno bajó desde 63% en octubre hasta 29% en julio. También en cuanto a credibilidad y confianza Piñera pierde puntos: 36% dijo que el presidente le genera confianza y 33%, credibilidad.
La importancia de la educación en el resultado global se refleja claramente en la propia encuesta: el ex ministro de Educación y actual titular de Planificación, Joaquín Lavín, es el peor evaluado de los 13 miembros del gabinete y el 75% de los chilenos desaprueba las medidas que tomó el gobierno ante el conflicto de la educación.
El rechazo a la actuación gubernamental también afecta a las áreas de economía, medio ambiente y políticas ante la delincuencia, así como la reconstrucción y la atención a las personas afectadas por el terremoto.
Además de establecer como derecho constitucional el acceso a la información, el gobierno cede en parte ante el principal pedido de los estudiantes: la desmunicipalización de la educación, aunque acorde a ciertos plazos y considerando la voluntad de cada uno de los municipios. Los reclamos indicaban que como la educación depende de los municipios, su calidad es proporcional a la riqueza de cada localidad, lo que es contrario al principio de que exista una educación de calidad en todo el país. Con esta iniciativa la educación escolar pasaría a la órbita del gobierno nacional y, según señala la propuesta citada por los medios chilenos, se aumentaría la cobertura de la educación, su calidad, y las subvenciones, “con especial énfasis en los alumnos más vulnerables”.
El resto son reformulaciones y destaques: un nuevo sistema de becas y créditos para universitarios, la creación de una Superintendencia de Educación Superior y la promoción de la democratización estudiantil. Ninguna de las 21 propuestas roza siquiera el tema del lucro en la educación, otro de los puntos más cuestionados por los estudiantes y profesores. A su vez, las críticas sobre la demora en la reconstrucción de varios centros educativos tuvo como respuesta una propuesta de “continuar ejecutando con la máxima celeridad” los proyectos al respecto.
Consultados sobre el texto por el portal de noticias chileno El Mostrador, Juan García, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, el experto en educación José Brunner, y el docente de la Universidad, Diego Portales, coincidieron en que la iniciativa gubernamental es buena al admitir un diálogo entre las partes, pero que también parece muy improvisada, con generalidades y muy poca precisión en las iniciativas que se impulsarán.
Desde los municipios, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Johnny Carrasco, dijo que quedaron “preocupados” al leer el texto porque “no dice nada sobre el financiamiento y los problemas” existentes “para mantener el sistema” educativo.
En declaraciones al diario chileno La Tercera, Carrasco agregó que no disponen de información oficial del Ministerio de Educación y que no tienen claro cuáles serán los municipios que dejarán de encargarse del sector educativo; destacó también que los municipios dependen en parte de los aportes del gobierno nacional para la gestión educativa.
En paralelo, los estudiantes universitarios y secundarios, además del Colegio de Profesores, convocaron a una movilización mañana para “alertar” al gobierno de que el movimiento estudiantil “sigue vivo y sigue firme”, indicó Camila Vallejo, la presidenta de la Confederación de Estudiantes de Chile.
El ministro Bulnes sostuvo que la reforma propuesta es “una carta de navegación clara con medidas de corto, mediano y largo plazo”, en el marco del Gran Acuerdo de la Educación que había propuesto el presidente Sebastián Piñera semanas atrás, sin mayor respuesta de los estudiantes.
Para los estudiantes y los profesores, la propia presentación del proyecto significa un adelanto, pero todavía es necesario que las federaciones gremiales se reúnan y lo discutan, y se espera que el martes anuncien si es suficiente como para terminar con el conflicto.