Se aprobaría esta semana. Así lo anuncian varios medios de comunicación brasileños. Carta Capital, la cadena O Globo y el diario Folha de São Paulo coinciden en señalar que hoy, mañana o el viernes será aprobado el proyecto de ley que crea la Comisión de la Verdad, que fue enviado al Congreso en mayo de 2010 por el ex presidente Lula da Silva.
En las últimas semanas el Ejecutivo aumentó la presión sobre el Congreso para acelerar la aprobación del proyecto, que categorizó para que se tramite con "urgencia muy urgente". El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo ayer que el gobierno negocia con opositores para lograr un consenso en torno al proyecto.
En el apuro, el proyecto no será tratado por distintas comisiones ni en audiencias públicas, ni se consultará a especialistas, que era una de las intenciones de Lula.
Este aspecto fue muy criticado por la diputada oficialista Luiza Erundina, que hace casi 30 años acompaña los reclamos de familias que buscan información sobre las víctimas. Como alcaldesa de San Pablo, a fines de los 80 creó una comisión que investigó lugares de entierro de algunos asesinados políticos. En entrevista con el diario O Estado de São Paulo criticó que el proyecto no sea "perfeccionado", tal como pidió el presidente Lula. Señaló que cuando la iniciativa se presentó, "en el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzaba a juzgar el caso de la guerrilla de Araguaia", la propuesta mostraba voluntad de parte del gobierno, pero que más de un año después "analizado aisladamente, el proyecto es extremadamente limitado".
Erundina consideró que el número de personas que integrará la comisión -siete miembros titulares y siete suplentes- es bajo. Los integrantes de la comisión contarán con dos asistentes cada uno y tendrán que "examinar y aclarar" las violaciones de los derechos humanos en el período 1946-1988 (la dictadura se extendió de 1964 a 1985), accediendo a documentos del gobierno que hasta ahora son secretos. La comisión funcionará durante dos años y entre sus tareas se cuenta la de generar un gran archivo oficial sobre el período que investigará, que se convertirá en una narración oficial de los hechos.
La diputada criticó que en la comisión podrán participar militares, "lo que desagrada a los familiares, que además querrían que se hablara no sólo de memoria, verdad y reconciliación, sino también de justicia".
Los integrantes de la comisión -que serán elegidos por Rousseff- deben ser personas con "reconocida idoneidad y conducta ética" y "respeto a los derechos humanos", aspecto que también es criticado por la oposición. "Es poco probable que la comisión tenga las condiciones de cumplir lo que se le exige", concluyó, tras señalar que no contará con autonomía presupuestaria, ni con el tiempo necesario.
Con riesgos
Uno de los mayores defensores del proyecto de la Comisión de la Verdad es el asesor especial del Ministerio de la Defensa, José Genoino, ex guerrillero y ex preso político, como Rousseff. La semana pasada sostuvo que ya hay un acuerdo en la coalición que respalda a la presidenta y con los militares sobre el proyecto. Precisó que el acuerdo se logró porque la iniciativa respeta el “derecho a la memoria y la verdad” y porque “no tendrá enjuiciamientos ni persecuciones. Inclusive los prohíbe”.
Justamente eso es lo que critican ex presos políticos y familiares de víctimas de la dictadura en un manifiesto que repartieron el lunes en Diputados. La comisión será “una farsa”, sostienen, y argumentan que no conseguirá investigar nada, dado que el período es muy largo para el poco tiempo de que dispondrá. “Queremos una Comisión de la Verdad, que haga justicia”, remata el texto, citado por O Estado. Los firmantes comenzaron esta semana a recorrer los despachos de parlamentarios para pedir la modificación del proyecto.
“¿Cuánta verdad soporta Brasil?” era el nombre de un evento que tuvo lugar el lunes y ayer en el departamento de Filosofía de la Universidad de San Pablo, en el que participó la diputada Erundina, informó la revista Carta Capital. También estuvo allí el filósofo Vladimir Safatle, quien señaló que las consecuencias de esta comisión serán trágicas para la memoria brasileña, porque cuando el trabajo esté terminado se enterrarán las posibilidades de que el país revea su historia.