La Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional (PN) no llegó ayer a tomar posición respecto al Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR). El presidente de la agrupación, Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), explicó que los blancos tienen “enormes dudas” y “muchas preguntas para formular sobre cuál es el objetivo central que tiene el gobierno” con el impuesto. “No está definida cuál es la iniciativa del gobierno; mal podemos como partido pronunciarnos sobre un proyecto que puede admitir modificaciones”, afirmó. El senador dijo que, no obstante, les “precupa la concentración [de la propiedad] de la tierra, la extranjerización, y buscar caminos que puedan gravar la renta”.
En la reunión el diputado José Carlos Cardoso, presidente de la comisión de Hacienda, a la que ingresará esta semana el proyecto, planteó que el debate es “absolutamente político”. “La propuesta del presidente es un debate político para discutir quién es más bueno con los pobres y quién quiere cobrarles a los ricos”, dijo. Según entiende, los argumentos para fundamentar el nuevo impuesto “son débiles”. Agregó que no será un impuesto contra la concentración, “al revés, Uruguay pasaría a ser noticia porque cualquier persona puede tener 300.000 hectáreas, sin límite, a condición de que pague el impuesto”. “Van a poder concentrar a los extranjeros que vienen con gran poder económico, las multinacionales, los fondos de inversión como las forestales y otros emprendimientos”, agregó. Más aun, Cardoso considera que el impuesto “legitima un proceso de concentración [de la propiedad] de la tierra, porque se hace a cambio de un impuesto”.
En segundo lugar, negó que el tributo tenga como objetivo recaudar más. “De 9.000 millones de dólares de presupuesto, el gobierno terminó con un sobrante de 497 millones que no gastó, y de eso, 70 millones de dólares que correspondían a caminería no se ejecutaron y se devolvieron; no es un tema de plata”, concluyó. Sin embargo, el director general del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Pablo Ferreri, explicó que ese dinero no sobró, sino que surge de la diferencia entre lo ejecutado en inversiones (4.555 millones de pesos) y el crédito presupuestal para ese rubro (6.100 millones de pesos). Ese crédito, según explicó a la diaria, es “lo que se considera necesario invertir”, pero para 2010, por “las posibilidades de la economía”, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tuvo un tope inicial de inversiones de cerca de 3.200 millones de pesos, que incrementó a 4.555, es decir, ejecutó 135% del tope inicial.
El diputado considera que la propuesta del presidente José Mujica “es un debate interno sobre el modelo tributario Vázquez-Astori”, porque con el proyecto caen dos supuestos del sistema tributario: “Astori se paró siempre contra las rentas afectadas, es decir, que no puede haber impuestos que determinen cómo se va a gastar lo recaudado, que no habrá impuestos específicos”. En ese sentido recordó que el proyecto de ley que crea el ICIR y modifica los parámetros de tributación del IRPF por la venta de inmuebles rurales establece en los dos casos el destino de los recursos generados; en el primer caso, para obras de caminería rural; en el segundo, para el Instituto Nacional de Colonización. El segundo principio que cae, según Cardoso, es “que hay que gravar la renta y no el patrimonio”. “Con éste volvemos a gravar el patrimonio, por eso Astori lo resiste”, opinó.
Sobre este punto, Larrañaga mostró ayer un documento firmado por Tabaré Vázquez, Pablo Mieres, Guillermo Stirling y él mismo durante la campaña de 2004, en el cual se comprometen con la Asociación Rural del Uruguay a que “cualquier” nuevo gravamen esté vinculado a la rentabilidad.
En un bosque
”El debate es bienvenido porque permite develar los números de la reforma tributaria”, dijo el diputado. Según Cardoso, basándose en datos del Ministerio de Economía y Finanzas, los jubilados aportan anualmente por IASS 140 millones de dólares anuales; los asalariados, 750 millones de dólares por IRPF, y el sector agropecuario, 228 millones entre Imeba e IRAE. “Contra esto se levantó Mujica, cuatro años después bombardea la reforma tributaria”, aseguró.
“El presidente quiso apagar la discusión de la Ley de Caducidad con un impuesto a lo Robin Hood, pero la jugada es muy entreverada, conceptualmente son muy dudosos los objetivos que se plantea”, dijo el diputado, quien adelantó: “[Los blancos] no vamos a quedar del lado de los malos. Yo lo que planteo es que hay que desnudar esa discusión y no caer en la simplificación de si estamos a favor o en contra, porque es tramposa”, concluyó.
Ayer concurrieron también algunos intendentes blancos, quienes tampoco plantearon una posición “porque no se sabe todo lo necesario”. “Si se va a aprobar es muy difícil decirle que no”, explicó el intendente de Flores, Armando Castaingdebat, aunque deslizó que “no tiene sentido atar el impuesto de los semovientes a este impuesto, porque son cosas diferentes”, en referencia al impuesto por la venta de ganado.
El diputado Jorge Gandini aseguró que después de las 26 intervenciones de la tarde de ayer la conclusión fue: “Así como está, el partido no lo acompaña”. “A nuestro juicio este proyecto no resuelve la concentración [de la propiedad] de la tierra, incluso hay indicios de que la promueve”. Además, consideró fundamental “saber si esto afecta a Montes del Plata y a otras inversiones forestales”. “Porque si no lo paga no hablamos más, no se puede hablar de justicia tributaria cuando unos grandes terratenientes no pagan”, aseguró.
De todas formas, el diputado dijo que “hay voluntad de conversar cuando el gobierno despeje sus dudas y haya una propuesta seria”.