El documento, que estaba en manos de la Policía Civil chilena, fue entregado a la Justicia de ese país y figura como anexo a expedientes de ciudadanos orientales desaparecidos o asesinados en ese país. Cuatro de esos procesos judiciales están archivados (ver nota adjunta) y, por lo tanto, el documento ya no está sometido al secreto de sumario. Entre las personas que allí aparecen, la diaria constató que 16 permanecen desaparecidas, cinco fallecieron víctimas del terrorismo de Estado y al menos 48 estuvieron presas*.
Los 16 que figuran como desaparecidos fueron detenidos entre el 29 de setiembre de 1973 y agosto de 1979 fuera de Uruguay, dos de ellos en Chile. En tanto, uno desapareció tras un enfrentamiento armado en Bogotá, Colombia**, mientras que los 13 restantes fueron detenidos en Argentina y varios de ellos fueron trasladados presumiblemente a Uruguay en el vuelo clandestino de octubre de 1976. Los dos uruguayos desaparecidos en Chile son los militantes tupamaros Arazatí López y Juan Antonio Povaschuck.
López se estableció en Chile en agosto de 1972. A más de un año de haber llegado y tres días después del golpe de Estado que, encabezado por Augusto Pinochet, derrocó a Salvador Allende, fue asesinado en su domicilio, el 14 de setiembre de 1973. Según la nómina, era requerido por el Grupo Artillería Nº 5. Sus restos, que habían sido ocultados en una tumba clandestina, fueron hallados en 1994, exhumados, repatriados y sepultados en el Cementerio del Buceo.
Se presume que Povaschuck -cuya captura la pretendía el Batallón de Transmisiones Nº 1- fue detenido por militares chilenos el 29 de setiembre de 1973 junto con otro uruguayo, Enrique Pagardoy, también desaparecido en ese país, aunque su nombre no está incluido en la lista. Povaschuck permaneció detenido en la Comandancia del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrilero de Puente Alto y se atribuye responsabilidad por su desaparición al coronel Mateo Durruty, procesado por delitos de lesa humanidad.
Los uruguayos identificados como desaparecidos en Chile son hasta ahora nueve, contando los tres ya mencionados. En 2008 la última víctima en ser considerada como tal fue la militante comunista Mónica Benarroyo -su caso no estaba en los registros de víctimas ni en Chile ni en Uruguay-, luego que sus restos fueran localizados en el desierto de Arica, siendo repatriados dos años después. Este descrubrimiento reciente hace presumir a investigadores y organizaciones que puede haber otras situaciones similares.
El Estado chileno reconoce como víctimas de la dictadura pinochetista a 11 uruguayos: los nueve desaparecidos y los militantes tupamaros asesinados Walter Materos y Daniel Ferreira Scaltirtti. Este último figura en la nómina militar a instancias de la requisitoria lanzada por JPM. Ferreira Scaltirtti había regresado a Chile luego de pasar por Cuba y Bélgica, donde adhirió al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Murió el día de su detención, el 15 de enero de 1987, como consecuencia de las torturas. Con respecto a los otros cuatro fallecidos que figuran en la nómina, dos lo fueron en Uruguay y dos en Buenos Aires.
Como requerido por la JPM también está en la nómina Mario Roger Julien, desaparecido en Argentina junto con su esposa, Victoria Grisonas, el 26 de setiembre de 1976. Éste es el único caso conocido hasta ahora que vincula directamente a Uruguay y Chile: los hijos de la pareja, Victoria y Anatole, fueron abandonados en una plaza de Valparaíso en 1976 y localizados tres años después. El abogado Pablo Chargoñia, quien tiene a su cargo la causa que investiga la desaparición de los menores, señaló en diálogo con la diaria que, si bien hay varias hipótesis, “no está claro” por qué fueron trasladados a Chile y que hasta ahora no hay elementos que vinculen a Julien con ese país.
Entre las 444 personas hay figuras emblemáticas de la izquierda uruguaya, como Hugo Cores (aunque aparece por su segundo nombre, Andrés), y otras vinculadas a casos emblemáticos, como Nebio Melo, hijo de Luisa Cuesta, y Mauricio Gatti, hermano de Gerardo Gatti (quien también está en la nómina) y padre de Simón Riquelo, tal como lo conocemos en Uruguay. Riquelo, quien recuperó su identidad en 2002, fue secuestrado en 1976 junto con su madre, Sara Méndez, y apropiado por los militares.
Mauricio Gatti, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, estuvo detenido en Uruguay en 1971 y dos años después volvió a estar requerido, razón por la cual se fue a Argentina hasta 1976, cuando partió al exilio. Comenzó a volver, como muchos, desandando el camino a la espera de la democracia. En 1984 hizo una escala de un año en Argentina y en 1985 arribó a Uruguay, dende murió en 1991.
Que conste
Desde setiembre de 2005, por decisión política, el acceso a los archivos históricos y administrativos de Cancillería está abierto a las personas afectadas y a los familiares de las víctimas. Para estos casos se elaboró un formulario con las condiciones de consulta.
Para investigadores y periodistas existe un mecanismo para presentar una solicitud de autorización escrita al canciller de turno. En cualquier caso, se pide que no tome estado público aquella información que todavía afecte o pudiera afectar la vida privada de los afectados o de sus familiares.
Como él, la diaria encontró numerosos sobrevivientes del Plan Cóndor, incluyendo personalidades de gobierno. Por ejemplo, el actual embajador itinerante Julio Baráibar, quien fue detenido en Chile el 17 de setiembre de 1973, seis días después del golpe de Estado, y trasladado al emblemático Estadio Nacional. Su captura, según consta en el documento, había sido solicitada por "USAM-CBL: Unidad de Servicio del Aeródromo Capitán Boiso Lanza”. O la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, quien al momento del golpe ya había partido a Cuba en marzo de 1973, pero estaba por trasladarse nuevamente a Chile. La requería el Batallón de Ingeniería Nº 14.
La lista y el bosque
El Plan Cóndor es conocido, pero en Chile, como en Uruguay, casi no hubo difusión de documentos que lo ilustraran. De ahí que algunas de las fuentes consultadas por la diaria negaran su existencia ante la primera consulta y otras afirmaran que nunca habían visto algo similar. Sin embargo, hubo quienes la validaron y sabían de su existencia, e incluso durante las consultas quedó confirmado que el gobierno uruguayo la tiene en su poder y salvo pedidos puntuales, no la ha difundido ni compartido con otros organismos estales u organizaciones sociales. (Ver recuadro)
El abogado chileno Cristián Cruz trabajó hasta fines de 2010 en el Programa de Derechos Humanos de su país y estuvo a cargo, entre otras, de seguir las causas de los uruguayos desaparecidos. “En efecto, existe esa nómina que acompaña varios procesos de los uruguayos detenidos-desaparecidos y ejecutados en Chile”, confirmó Cruz a la diaria. Precisó que el listado sirvió para “acreditar la persecución que hubo por parte del Estado chileno respecto a estos ciudadanos uruguayos y fijar el contexto”.
Al respecto destacó que “es relevante cómo estas víctimas quedan en absoluto desamparo, no sólo respecto de su Estado natal, que es Uruguay, sino también del chileno; por lo tanto, la situación de indefensión fue absoluta: requeridos en el extranjero, requeridos en el país”. Cruz aseguró que “esos antecedentes fueron remitidos por los canales respectivos al gobierno uruguayo en su oportunidad”.
la diaria pudo comprobar que ese material está, al menos, en el archivo administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), al que ingresó en 2007 vía la embajada uruguaya en Chile, entonces a cargo de Carlos Pita, actualmente embajador en España.
En mayo de 2005, el Estado envió una circular a todas las representaciones diplomáticas uruguayas en el exterior solicitando toda aquella documentación vinculada al terrorismo de Estado entre 1972 y 1976. En ese marco también fue remitida esa lista.
Previa autorización otorgada, la diaria accedió a los dos archivos de la cancillería que conservan esas pruebas, el Administrativo -donde existe copia del listado en cuestión- y el Histórico. En este último, también hay otras nóminas de requeridos con fechas posteriores a 1972, aunque ninguna tenía como origen Chile.
Entre los folios hallados se destacan dos listas idénticas fechadas en 1974 con la identificación de la DNII, que fueron remitidas desde las embajadas argentina y brasileña. Pero es en el Archivo Administrativo donde se acumulan varios documentos, muchos de ellos con nombres de perseguidos políticos, remitidos desde Chile y que reflejan al detalle las informaciones que circulaban entre los dos países por vía diplomática.
Horror administrado
En un primer documento, con fecha del 28 de diciembre de 1972, el entonces encargado de negocios en Chile, César Charlone, escribió a Walter Astraldi Mira, cónsul general en Viña del Mar, “para remitir adjunto a la presente, una serie de fotografías con datos personales de distintos elementos a los cuales las FF Conjuntas desean localizar por saberlos integrantes de movimientos sediciosos que operan en nuestro país”. Adjuntas al correo hay varias páginas con nombres, apellidos, nacionalidad y edad, salvo la última, que sólo indica nombres y apellidos. En ningún caso había fotografías.
Ese detalle y otros hacen suponer que había por lo menos dos listas: una con más de 472 nombres y la otra con 596. La primera también pide la captura de una italiana, un paraguayo y un argentino. El mismo correo diplomático cita la “parte pertinente” de un instructivo del MRE, comandado por el canciller por Juan Carlos Blanco: “En vista de que los mismos podrían haberse trasladado al exterior, se servirá hacer llegar a cada Consulado (...), un ejemplar de las ‘Capturas solicitadas…’ a efectos de prevenirlos ante la presencia de cualquiera de ellos”. El 11 de setiembre 1973, cuando ocurre el golpe de Estado en Chile, ya ejercía como Charlone era entonces embajador.
En un documento de dos páginas con sello del Consulado de Uruguay en Chile, sin firma ni fecha, pero archivado en una carpeta de 1973, aparecen informaciones relativas a “ciudadanos desaparecidos”, tal como ya los definía el Estado uruguayo presidido por Juan María Bordaberry democrátimanete desde 1971 y de facto a partir 27 de junio de 1973. Saltan a la vista los nombres de Fontela Alonso y Cendan Almada, sobre los que se indica que “se solicitó información día 22 sept. ppdo. Sin respuesta”, antes de agregar que “se informó por Agregado militar a Cancillería” sobre las circunstancias de esas detenciones “a fin de facilitar averiguaciones por autoridades”. Esos dos uruguayos integran hoy la lista de los desaparecidos en Chile.
Posteriormente se menciona que Walter Rivera Materos Álvarez (el nombre está mal escrito en el documento) fue al Consulado el 19 con “constancia de haber sido detenido” en el rRegimiento Tacna, se informa que volvió a serlo, “según información de familiares” y que el consulado está “sin noticias”. Materos es reconocido hoy como víctima de la dictadura chilena, fue militante del Movimiento de Liberación Nacional y murió herido de bala el 6 de octubre de 1973. De otra persona, cuyo nombre no es conocido, se indica que “recuperó libertad y le fueron retirados los documentos”.
En la segunda página está indicado que “el Cnel. Aranco conoce las circunstancias” de la detención de Fontela, Cendan y Materos. El coronel Pedro Aranco era entonces el agregado militar de la Embajada de Uruguay en Chile y más tarde fue director de la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión de la dictadura. Por último, se menciona que, “según aviso a Consulado”, Povaschuk y dos otros uruguayos (cuyos nombres no mencionamos por no ser de notoriedad pública) se encontraban en la Guarnición de Puente Alto.
Un tercer documento destacable es del 22 de enero de 1974. La carta que lo acompaña, firmada por el sucesor de Charlone en Chile, el embajador Roberto González Casal, está dirigida al canciller Blanco e introduce la lista “Ciudadanos uruguayos que se asilaron en sedes de representaciones diplomáticas acreditadas en Chile, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973”. La correspondencia aclara que “pese a las gestiones realizadas, la nómina de los ciudadanos que se encontraban en los refugios bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, no se ha podido aún obtener”. Una primera consigna que 65 uruguayos estuvieron en la representación sueca; la segunda, que 186 uruguayos se acogieron al amparo de la embajada argentina en su mayoría, pero también a las de Panamá, México, otros países del continente y unos pocos europeos.
- La nómina militar fue contrastada con las listas de desaparecidos, ejecutados y presos políticos de Investigación histórica sobre detenidos-desaparecidos, realizada por Presidencia de la República, y de Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), coordinada por Álvaro Rico. En el caso de los desaparecidos, también se tomó en cuenta la lista realizada por la organización Familiares.
** Se trata de Carlos Modernell, quien en enero de 1979 militaba en el Movimiento M19 colombiano.