Como parte de un acuerdo entre representantes del gobierno y de la oposición, el Parlamento aprobó una ley que otorga al presidente Saleh inmunidad judicial “total” y a sus colaboradores civiles y militares una inmunidad parcial, que abarca los delitos que pudieran derivar de “los actos políticamente justificados, realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales”, hasta la fecha de promulgación de la norma. En cambio, deja abierta la posibilidad de juzgar a integrantes del gobierno por delitos de terrorismo.
La inmunidad para Saleh es una de las condiciones establecidas en un plan del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico para que Yemen salga de la crisis política actual, con manifestaciones populares que reclaman, desde hace un año, la salida del gobernante. Esa iniciativa se convirtió en un acuerdo entre representantes del gobierno y la oposición, el 23 de noviembre, en Arabia Saudita. En cambio, para los manifestantes, las condiciones acordadas son inaceptables.
Miles de yemeníes volvieron a salir ayer a las calles. “Seguiremos protestando hasta que los objetivos de la revolución se alcancen”, dijo a la agencia de noticias Reuters Mani al Matari, dirigente de uno de los comités creados por jóvenes que participan en las protestas. “El Parlamento no tiene legitimidad y nos aferramos a la ley internacional”, añadió.
Los manifestantes exigen que se juzgue a Saleh, a quien responsabilizan por la muerte de cientos de personas a manos de sus fuerzas de seguridad, durante las protestas. No se sienten representados por la oposición que firmó el acuerdo en noviembre. “No estamos obligados por la ley de inmunidad porque sólo implica a la [opositora] Unión de Partidos Reunidos y al gobernante Congreso General del Pueblo, no a nosotros”, dijo Al Matari.
A diferencia de otros países en los que también se iniciaron revueltas populares en 2011, en Yemen, a la violencia en la represión a los manifestantes, se sumó la de enfrentamientos entre grupos armados, que ya actuaban en el sur del país, y fuerzas oficiales. Esto le ha servido al gobierno para argumentar que si su autoridad es socavada, movimientos vinculados a Al Qaeda van a tomar el control de Yemen.
Una muestra de la crisis fue el atentado que sufrió el 3 de junio el propio Saleh: un ataque contra el palacio presidencial que le causó heridas y lo obligó a trasladarse a Arabia Saudita para recibir atención médica, y cuyos responsables todavía se desconocen. Ayer, Saleh anunció que se trasladaría a Estados Unidos a continuar su tratamiento médico, algo que el gobernante había descartado hacer. Más tarde, Washington confirmó que se emitió un permiso para que Saleh ingrese a Estados Unidos con ese objetivo.
“Pido perdón a todo mi pueblo, hombres y mujeres, por cualquier error que pueda haber cometido durante mis 33 años de mandato”, dijo Saleh en un discurso que dio antes de dejar Saná, en el que llamó a los manifestantes a que regresen a sus casas.
Anunció que tiene previsto regresar para el momento en que asuma el gobierno su vicepresidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, tal como se estableció también en el acuerdo de noviembre. Ese plan incluyó la creación del gobierno de unidad nacional que hoy está instalado en Yemen, integrado por partidarios y opositores, y el siguiente paso que prevé es el traspaso de poder al vicepresidente, luego de que sea ratificado en elecciones presidenciales convocadas para el 21 de febrero. Para esa instancia, el Parlamento, que debe dar su aprobación a cualquier candidatura a la presidencia, acordó el sábado que Mansur Hadi será el candidato único, informó la agencia EFE.
Durante la sesión, el primer ministro Mohamed Salem Basandawa se puso a llorar y dijo: “La patria está amenazada por la división, la inseguridad y la inestabilidad, no queremos convertirnos en un Afganistán o una Somalia”.