La Comisión de Justicia e Interior del Parlamento Europeo discutió el jueves acerca de la Constitución que entró en vigor el 1º de enero en Hungría. La sesión fue convocada por los representantes europeos de izquierda porque les preocupa la falta de independencia del Tribunal Supremo y del Banco Central, las reformas a la Justicia que pueden representar una reducción de las potestades de los jueves, y también el nuevo régimen de funcionamiento del organismo nacional de protección de datos.
Además entiende que el texto limita los derechos civiles. En el preámbulo, la Constitución húngara hace referencias a Dios, al orgullo nacional, a la cristiandad y a la familia tradicional, por lo que las organizaciones civiles denuncian que no es neutral ni integradora, y que le da demasiado peso a los valores cristianos y nacionalistas.
El texto, además, establece que la vida debe ser protegida desde la concepción y define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
La nueva Constitución se aprobó gracias a la mayoría de dos tercios que el gobernante y conservador partido Fidesz tiene en el Parlamento -por eso no fueron consultadas las demás fuerzas políticas- y su entrada en vigor motivó protestas masivas de la población.
En la sesión del jueves, varios eurodiputados húngaros de Fidesz y del grupo de extrema derecha Jobbik defendieron el texto, informó la agencia de noticias EFE.
Jobbik, que se autodefine como “nacional y radical”, es la tercera fuerza política de Hungría, después de los socialistas, que se oponen a los cambios introducidos en la Constitución. Fue creado en 2003, entró al Parlamento en 2010 y tiene tres diputados en el Parlamento Europeo, donde los legisladores húngaros son 22 en total.
El líder de Jobbik asumió su cargo en el Parlamento de Hungría con el uniforme de la Guardia Húngara, el grupo paramilitar de su partido. Esa organización cambió de nombre después de haber sido ilegalizada, pero sigue actuando y uno de sus objetivos es intimidar a los gitanos.
El intercambio de opiniones sobre la presunta violación de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (UE) por parte de Hungría se desarrollará hoy en el plenario del Parlamento Europeo. En esa instancia participará el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Ayer los servicios jurídicos de la Comisión Europea entregaron su informe y el organismo inició tres procedimientos jurídicos que podrían desembocar en sanciones, porque estimó que la nueva Constitución no es compatible con la legislación de la UE.
Muy parecido
El presidente húngaro, Pál Schmitt, está en el centro de una polémica. La prensa de su país comprobó que, de las 215 páginas de la tesis doctoral que presentó en 1992 en la Universidad de Ciencias Deportivas de Budapest, 180 son copiadas de un estudio del experto búlgaro Nikolaï Georgiev, fallecido en 2005.
Desde la oposición y desde su propio partido, el conservador Fidesz, surgieron pedidos de dimisión. "Para salvar la reputación del cargo, al menos para dar una oportunidad de reconstruirlo, Pál Schmitt debería dimitir inmediatamente", escribió, según citó la agencia EFE, el portal jobbklik.hu, de análisis político en la que participan políticos y altos cargos.
Schmitt y Georgiev trabajaron juntos en el comité olímpico en la ciudad suiza de Lausanne. Si bien el nombre de Georgiev aparece citado en la bibliografía, su nombre no figura en el texto. Schmitt dijo al semanario húngaro HVG, la publicación que dio a conocer el asunto, que colaboró con él y que tenían "fuentes en común".
Según la hija de Georgiev, Malina, su padre y el presidente nunca colaboraron en el estudio original de su padre.
Además la Comisión Europea amenazó con denunciar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE si el país no modifica las reformas adoptadas que son contrarias al derecho y los valores del bloque, según manifestó. En concreto, Bruselas reprocha a Hungría el haber puesto en peligro la independencia del Banco Central húngaro y de la autoridad responsable del control de datos. Además, estima que el adelanto obligatorio de la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 62 años implica una “discriminación” que vulnera las normas europeas, y pidió que Budapest brinde más información sobre la independencia del Poder Judicial. El gobierno húngaro tiene ahora un mes -un plazo más corto que el habitual, de dos meses- para adecuar su legislación.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, confió en que los problemas se resolverán “lo antes posible” y destacó que las decisiones anunciadas ayer reflejan la “determinación de garantizar el cumplimiento íntegro del Derecho europeo en letra y espíritu, y la existencia de un entorno legal estable en todos los Estados miembros”.
El gobierno de Orbán, que tiene previsto reunirse el 24 con Barroso, emitió un comunicado en el que acusa recibo de la decisión europea, dice que su objetivo es “dar a las preguntas unas respuestas profundas y amplias”, y destaca que es “muy importante” la independencia del Banco Central, de la Justicia y de la autoridad de protección de datos. Además declara que el anuncio de la UE permitirá abrir “un debate profesional, basado en lo concreto, con el foro adecuado, el guardián de los tratados, la Comisión Europea”.
La UE tiene argumentos que puede hacer pesar ante un país que está al borde del cese de pagos. La Comisión Europea había acordado antes proponer a los ministros de Economía del bloque que sancionen a Hungría si no toma medidas para reducir el déficit. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, indicó el jueves que Hungría “podría sufrir una suspensión del fondo de cohesión desde el 1 de enero de 2013”.
Además la UE y el Fondo Monetario Internacional suspendieron las negociaciones para conceder un préstamo de hasta 26.000 millones de dólares para evitar la quiebra de Hungría. Como el principal motivo era la pérdida de independencia del Banco Central, Budapest finalmente anunció el miércoles, después de semanas de resistencia, que modificaría la norma constitucional relativa al ente bancario.
El apoyo al Fidesz, que gobierna desde hace 18 meses, se redujo hasta 18% en diciembre, pero la oposición está muy fragmentada y 54% de los ciudadanos húngaros dice que no apoya a ningún partido.