El lunes la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) entregó a la Fiscalía de Curuguaty un informe divulgado la semana pasada, así como los documentos que surgieron de la investigación -videos, fotos y declaraciones-, para que sean considerados por la Justicia.
Esa investigación, que se realizó de forma independiente con el liderazgo del abogado español Aitor Martínez Jiménez, responsabiliza a la represión policial por la muerte de 11 campesinos y seis policías en Curuguaty el 15 de junio, uno de los factores que desencadenaron el juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo.
Tras reunir una serie de evidencias concluyeron que la versión de la Fiscalía, de que los campesinos emboscaron a la Policía, es poco fundada, si no falsa. Para asegurarlo se basaron, por ejemplo, en que los campesinos estaban allí con sus familias e incluso con sus hijos, algo impensable si tenían preparado un ataque a la Policía, y estaban en su mayoría desarmados. La Fiscalía recogió en el lugar de la matanza cinco escopetas y tres revólveres, armas de las cuales sólo tres fueron disparadas. Los sonidos de los disparos -a los que se accedió mediante un video- y el tipo de heridas causadas son incongruentes con esas escopetas y dejan claro que en el lugar hubo armas de más alto calibre que las utilizadas tanto por los campesinos como por policías, señaló el informe. También se apunta en contra de la teoría de que los campesinos emboscaron a la Policía y se señala que éstos tenían una desventaja numérica importante: eran 323 policías frente a unos 60 campesinos.
El informe menciona también que ni los policías ni los campesinos que fueron consultados para la investigación o hablaron en los medios identificaron quién empezó a disparar, o al menos cuál de los bandos lo hizo. Algunos de esos testimonios también apuntan que francotiradores apostados en los alrededores fueron los que iniciaron el tiroteo.
La PEICC concluyó que tras esos disparos iniciales, la Policía tiroteó indiscriminadamente contra los campesinos casi desarmados y que incluso ejecutó a algunos de ellos, conclusión a la que llega porque “muchas” de las víctimas fatales murieron por heridas causadas a corta distancia, siempre según su informe.
Además, denuncia que hubo falta de atención médica y maltrato a todos los detenidos, incluso a los menores de edad, y que la Fiscalía plantó evidencia falsa y no tomó en cuenta parte de la existente para inculpar a los campesinos, ya que “las evidencias encontradas no encajan con la versión” oficial de los fiscales.
El informe presentado a la Fiscalía también sugiere que se investigue a la fiscal Ninfa Aguilar, quien ordenó que la Policía se trasladara a las tierras ocupadas para su desalojo “como responsable de las actuaciones fiscales en los días previos y en el momento de la masacre”, indicó Domingo Laíno, uno de los investigadores, en conferencia de prensa. Aguilar estaba también encargada de investigar la masacre, pero cuatro días después de los hechos pidió ser separada del caso por haber recibido amenazas de muerte y por falta de garantías para seguir con la investigación.
Tras la presentación del informe se anunció que dos de los abogados de la PEICC asumirían la defensa de los 14 campesinos detenidos, que contarían con el asesoramiento de la organización.
La otra cara
Justamente, las conclusiones de este informe son contradictorias con las del que presentó la Fiscalía el mismo día. Éste concluyó que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados” y descartó la presencia de francotiradores. Una de las principales bases de la exposición que la Fiscalía hizo a los medios para argumentar su conclusión es un mapita con la ubicación de los policías y los campesinos elaborado sobre la base de testimonios y que muestra que los campesinos estaban “formando un embudo”, lo que según el fiscal evidencia que era una emboscada preparada.
Otras bases son los testimonios, la mayoría policiales, entre ellos, el del comisario Miguel Anoni, jefe de Orden y Seguridad del departamento de Canindeyú, donde está Curuguaty, quien relató algunos de los hechos. Al llegar cerca de las tierras ocupadas “hablamos con una persona que tenía un puesto de ventas precario frente al lugar por donde ingresaron los ocupantes, a quien le manifestamos que les avisara a los ocupantes [de su presencia] y que les dijera que nosotros íbamos en forma pacífica para informarnos de sus inquietudes”, dijo Anoni. En su declaración el comisario aseguró que unos 30 campesinos tenían armas largas y el resto armas blancas, pese a que en el lugar se encontraron sólo ocho armas de fuego.
La Fiscalía también se basó en que los peritos del Ministerio Público señalaron que los seis policías que fallecieron lo hicieron como consecuencia de disparos de las escopetas que fueron incautadas. Uno de ellos recibió diez impactos de bala. Pero en un informe anterior de otros peritos del Ministerio Público se señaló que sólo una de las cinco escopetas incautadas abrió fuego. Ambas declaraciones harían concluir que con los disparos de una sola escopeta los campesinos asesinaron a seis policías.
Dudas permanentes
Tanto el informe de la Fiscalía, reseñado -y hasta criticado- por medios paraguayos, como las evidencias mostradas por la PEICC y las propias declaraciones de los sobrevivientes a varios medios de prensa dejan en evidencia que el trabajo de la Policía y de los investigadores judiciales ha dado pasos en falso o, al menos, no fue exhaustivo. Uno de los principales cuestionamientos que se le hace señala que días después de la masacre los campesinos encontraron un cuerpo que no habían hallado las autoridades y del cual aparecieron fotos en la prensa. También señalaron los medios paraguayos la existencia de cartuchos de armas de alto calibre en el lugar de la masacre, armas que la Fiscalía niega que hubiera en el lugar.
El informe fiscal tampoco esclarece denuncias particulares que se han presentado acerca de la matanza. Por ejemplo, uno de los detenidos, Nery Urbina, denunció que fue arrestado lejos del lugar donde ocurrieron los hechos y que la Policía le lanzó gases lacrimógenos a la cara. La Fiscalía llamó a algunos testigos solicitados por Urbina, pero sus testimonios fueron descartados. Se argumentó desde el Ministerio Público que Urbina tenía rastros de gases lacrimógenos en la cara y en lugar de tomarlo como una prueba que respalda sus dichos, se consideró que los contradecía porque “los gases fueron lanzados por la Policía solamente durante el operativo”.
Otra de las denuncias, respaldada por pruebas en el informe de la PEICC, apunta a que entre las armas encontradas en el lugar y el momento de la masacre la Fiscalía incluyó una escopeta que fue denunciada como robada por su propietario el 23 de junio, ocho días después de esos hechos.
Pese a las contradicciones del informe de la Fiscalía y lo aportado por el informe de la PEICC -que tuvo acceso a varias de las pruebas recolectadas por la Policía- el fiscal de la causa, Jalil Rachid, aseguró que los investigadores de la plataforma están “mintiendo a la gente” y tratando de “hacer creer a la ciudadanía” que el trabajo de la Fiscalía “carece de validez”. Añadió: “hacen acusaciones irresponsables” en un informe “traído de los pelos” y es “muy grave” que se acuse a la Fiscalía de alterar las evidencias.
Rachid aseguró que, a diferencia de lo que dice el informe de la PEICC, todos los heridos fueron atendidos en el hospital, pero en sus declaraciones a los medios no negó las demás acusaciones del informe de los investigadores.
Por su parte, el presidente Federico Franco aseguró que el informe es una “antología del disparate” y que lo que diga “un grupo de gente interesada con el propósito de desacreditar lo que ocurrió ahí es una cuestión de ellos”. También fue crítico con Laíno, uno de los ex presidentes del Partido Liberal Radical Auténtico, al cual él pertenece, de quien señaló: “Resulta que se volvió jurista, yo lo conocía como economista”.
Franco hizo hincapié también en que el Ministerio Público y la Policía son los encargados de hacer investigaciones de esta naturaleza, y aseguró que la decisión de su antecesor, Fernando Lugo, de formar “una comisión de notables para aclarar un tema que le compete a la Justicia” fue “lo que significó el cansancio de la gente” y una de las razones por las cuales se impulsó el juicio político en su contra. Ni bien asumió, en sustitución de Lugo, Franco anunció la anulación de esa comisión.
Como era de esperarse, Lugo reaccionó también al informe. El ex mandatario señaló que el actual gobierno “no tiene la voluntad ni el deseo de descubrir lo que sucedió” en Curuguaty y aseguró que “no fue un simple enfrentamiento entre campesinos y policías” sino que hubo una “mano negra”. Consultado sobre el informe de la Fiscalía, agregó: “No nos convencen las verdades parciales”.
La PEICC, ya como defensa de los campesinos, presentó el lunes varias denuncias ante la Fiscalía. Una de ellas reclamó que se abran nuevas líneas de investigación para verificar las nuevas evidencias obtenidas por la PEICC así como las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria y omisión de auxilio que se denunciaron en el informe. Otra acusa a Franco de violar el derecho procesal de los detenidos por la masacre, basándose en que “deslegitimó a la defensa” al calificar de “antología del disparate” el informe que ésta presentó. Esta última denuncia también señala que Franco llamó públicamente “asesino” al líder de los campesinos, Rubén Villalba, detenido como principal acusado por los hechos, sin que la Justicia confirmara su responsabilidad.
En un editorial publicado por el diario paraguayo Última Hora después de que se conocieran los informes se exige que haya una resolución judicial sobre lo sucedido antes de las elecciones de abril, en especial porque los resultados de esa investigación seguramente repercutan en la percepción de la Policía y de los partidos políticos involucrados en este desalojo y en la resolución posterior de destituir a Lugo.