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Los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, el jefe de la misión, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez, hablan con la prensa sobre las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno colombiano en el hotel Hurdalsjoen, cerca de Oslo, Noruega. / foto: audun braastad, efe

Foto: Audun Braastad, Efe

Se armó

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El gobierno de Colombia y las FARC dejaron instalada la mesa para la paz.

A 48 años de la fundación formal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y después de dos intentos de diálogo que fracasaron en los últimos 30 años, el gobierno y la guerrilla inauguraron ayer una mesa de negociaciones. Representantes de ambas partes se mostraron esperanzados ante la posibilidad de alcanzar la paz, pese a que en la conferencia inicial ya se pudieron ver los principales puntos en los que hay divergencias.

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La guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano lanzaron formalmente las negociaciones de paz en Oslo, Noruega. La primera reunión, realizada ayer, estuvo dedicada a definir cuestiones logísticas del diálogo y a preparar los encuentros que se mantendrán en La Habana, Cuba. La agenda leída en conferencia de prensa anuncia que el 5 de noviembre volverán a reunirse en La Habana y el 15 comenzarán a negociar sobre el primero de los asuntos: “Política de desarrollo agrario integral”.

No hay un límite temporal para las negociaciones, aunque el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado su voluntad de que no se extiendan demasiado. Con el apoyo de Noruega y Cuba como garantes y de Venezuela y Chile como acompañantes,se definió una agenda con seis puntos, entre los cuales figura la participación en la política de los guerrilleros desmovilizados.

Santos se convierte en el tercer presidente en intentar alcanzar la paz con la guerrilla mediante un diálogo directo, después de Andrés Pastrana (1998-2002) y Belisario Betancur (1982-1986). En las negociaciones con este último se desmovilizó un número importante de guerrilleros que luego conformaron la Unión Patriótica, cuyos miembros fueron asesinados sistemáticamente.

En la conferencia de prensa de ayer, antes de instalarse la mesa de negociaciones, ya se pudieron ver algunos puntos de desencuentro. “Quiero reiterar a propósito de la cuestión minero-energética que no estamos discutiendo el modelo de desarrollo económico, no estamos discutiendo la inversión extranjera”, señaló Humberto de la Calle, ex vicepresidente y vocero del gobierno en el proceso. Añadió que “para que eso se discuta” en Colombia “las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones”.

Minutos después, el número dos de las FARC y principal portavoz, Iván Márquez, dijo: “La locomotora minero-energética es como un demonio de destrucción socioambiental que si el pueblo no la detiene en menos de una década convertirá a Colombia en un país inviable”. El guerrillero aseguró que el problema “histórico” de la tierra es la causa de la “confrontación” en Colombia y que en él están en juego “la soberanía y la vida misma”, además de advertir que las empresas “saquean los recursos naturales”. En esa línea, aseguró que el nacimiento de las FARC fue “una respuesta campesina a los latifundistas y terratenientes”.

Además de la diferencia de ideas, parece haber en ambos grupos pretensiones distintas. Mientras que el gobierno entiende que este proceso debe llevar a que las FARC se incorporen a la vida política y desde allí busquen los cambios sociales que promulgan, la guerrilla parece buscar que el gobierno impulse esos cambios en pos de alcanzar la paz. En este sentido, Iván Márquez aseguró que “una paz que no aborde la solución de los motivos económicos, sociales y políticos es una paz volátil”.

Cuestión de agenda

Después de la cuestión de la tierra y de la participación política de los desmovilizados, el tercer punto de la agenda se titula “Fin del conflicto” y comprende el cese al fuego, el abandono de las armas -no su entrega, lo que motivó críticas en Colombia- y una revisión del estatus judicial de los guerrilleros. El gobierno ya informó que en este punto se exigirá que el secretariado de las FARC acceda al fin del conflicto -punto ya acordado en la interna de la guerrilla- y no a la desmovilización de los 9.200 combatientes.

Tras el cuarto punto, en el que se abordarán las drogas ilícitas y se buscará impulsar un plan de desarrollo de cultivos para sustituir a los ilícitos -de los que dependen 63.000 familias-, se encarará el tema de las víctimas. La revista Semana informó que los voceros de las FARC consideraron a la guerrilla como “la primera víctima” del conflicto. Se estima que en los últimos 50 años de conflicto armado -en el que operaron varias guerrillas, paramilitares y el Ejército- se causaron unas 600.000 muertes, 15.000 desapariciones y 3,7 millones de desplazados internos.

El último punto de la agenda es la implementación, verificación y confirmación de los acuerdos que se alcancen. Las negociaciones, recordó De la Calle, no podrán cerrarse con acuerdos en algunos puntos y desacuerdos en otros, sino que es necesario que se llegue a un consenso total.

Otros actores

El ex jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso pidió al gobierno que “relance y dé continuidad” al proceso de paz llevado adelante con ese grupo paramilitar entre 2003 y 2006 “de manera conjunta o en simultáneo con las FARC-EP [la guerrilla Ejército del Pueblo] y con los otros actores que deben tener asiento en esa mesa única o paralela”. Mancuso hizo estas peticiones en una carta enviada desde una cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008.

Estados Unidos ha sido otro actor en el conflicto colombiano; primero en el marco de la Guerra Fría y a partir de 1997 mediante una ratificación del acuerdo de extradición y una fuerte presión para el combate al narcotráfico colombiano. Ese año, Washington calificó a las FARC como “organización terrorista” y acusó a varios de sus líderes de suministrar “la mitad de la cocaína mundial”.

Desde 1997, varios dirigentes guerrilleros fueron detenidos en Colombia y extraditados a Estados Unidos, y parte de la ayuda de este país a Bogotá se destinó a la fumigación de cultivos ilegales. Más adelante, se instauró el Plan Colombia englobando todas esas políticas. En el cuarto punto de la agenda de negociaciones lanzada en Oslo aparece la “solución al problema de las drogas ilícitas”.

A favor y en contra

Luego de las críticas a este proceso del ex presidente Álvaro Uribe, que “denunció” que el gobierno de su sucesor mantenía un acercamiento con la guerrilla con miras a un proceso de paz, esta semana fue el ex vicepresidente Francisco Santos, primo del actual mandatario, quien calificó el proceso como “historia ya vivida” y criticó que sirva para “revitalizar la imagen internacional de las FARC”. Dijo además que tiene miedo de que el presidente ceda terreno ante la guerrilla en pos de conseguir la reelección en 2014.

Por su parte, el movimiento de izquierda Marcha Patriótica, liderado por la ex senadora Piedad Córdoba, tendió una mano a las FARC y anunció días atrás que si los guerrilleros desmovilizados quieren participar en política, pueden hacelo en el marco de esa agrupación.

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