Los robos se produjeron el fin de semana contra tres periodistas conocidos por sus denuncias sobre la dictadura de Augusto Pinochet y tienen características similares, según describieron los afectados, que publicaron sus trabajos en la misma editorial, Ceibo Ediciones. Los ladrones no se llevaron objetos de valor económico, sino material informático con documentos vinculados a sus investigaciones.
Mauricio Weibel, quien radicó una denuncia por actos que califica de “amedrentamiento”, es corresponsal de la agencia alemana DPA y de la organización civil Reporteros Sin Fronteras en Chile, además de ser presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales de Prensa. Es coautor del libro Asociación ilícita, los archivos secretos de la dictadura (2002), junto con su colega Carlos Dorat, quien, según Weibel, recibió llamadas telefónicas que considera sospechosas ya que el interlocutor no hablaba.
Durante el fin de semana Weibel sufrió tres robos: dos en su casa, de donde se llevaron material de trabajo, y uno en su auto, que reapareció desarmado. Su padre, José Weibel, era dirigente del Partido Comunista Chileno y permanece desaparecido desde 1976.
Otro afectado fue el periodista Javier Rebolledo, autor del libro La danza de los cuervos: El destino final de los detenidos desa- parecidos, publicado en junio de este año y que batió los récords de venta en el país. A él le robaron el disco duro de su computadora, en el que había una copia de su próximo libro, también sobre la dictadura.
A Cristobal Peña, autor del libro Los fusileros (2006), también le sustrajeron su computadora personal.
A estos tres periodistas que sufrieron robos este fin de semana se suma la autora de Terrorismo de Estado: Prisioneros de guerra en un campo de deportes, Pascale Bonnefoy, corresponsal en Chile de The New York Times y profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, a quien también le robaron su computadora.
Andrés Montes, el fiscal que quedó a cargo del caso de los robos contra Weibel, Rebolledo y Peña, abrió el martes una causa penal. Según el diario chileno La Tercera, el fiscal dijo que “son hechos sumamente graves que comprometen seriamente la libertad de expresión”.
La vocera del gobierno aseguró ayer que estaban en pie medidas para proteger a los periodistas afectados y condenó los hechos luego de que el Colegio de Periodistas de Chile reclamara un pronunciamiento del Poder Ejecutivo porque el “silencio los hace cómplices”. “Confiamos en la investigación que está desarrollando la Fiscalía y esperamos que los tribunales actúen […] porque los profesionales de la prensa deben poder realizar su trabajo con total normalidad”, dijo Pérez, luego de declarar: “Como gobierno, condenamos enérgicamente los actos de delincuencia que han afectado a corresponsales de prensa en nuestro país”.
En su página web, el colegio de periodistas informaba ayer que en un encuentro con Pérez acordaron acelerar el tratamiento de un proyecto de ley que mejora la protección a los periodistas “en situaciones de riesgo”.