En enero de 2010 Brasil y extraditó a Cordero a Argentina, donde sería indagado por estar implicado en la desaparición de diez personas y otros delitos de lesa humanidad. Jair Krischke, integrante del Movimiento de Derechos Humanos y Justicia de Brasil, explicó a la diaria que para que su país disponga una extradición debe darse la “bitipificación” del delito, es decir, que el delito por el que se reclama a la persona también esté tipificado en Brasil. Al concretar la extradición la Justicia de su país sentó un precedente: que la desaparición forzosa es un delito que puede ser tipificado en Brasil.
En ese precedente, aseguró Krischke, se basaron los fiscales que anunciaron que presentarán cargos contra el coronel brasileño retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura por la desaparición forzada de cinco militantes de la guerrilla de Araguaia. El major Curió, como se le conocía, fue quien se hizo cargo de la represión de la guerrilla de Araguaia en la región de la Amazonia, que tuvo su período más fuerte entre 1972 y 1975. El militar, uno de los más reconocidos represores de la dictadura brasileña, podría enfrentar una pena de entre dos y 40 años.
Araguaia contaba con cerca de 80 miembros y estaba organizada por el entonces proscripto Partido Comunista de Brasil; se cree que al menos 59 de sus integrantes murieron o desaparecieron en enfrentamientos con el Ejército.
Uno de los fiscales, Tiago Rabelo, indicó a Agência Brasil que como la desaparición es un delito que se sigue cometiendo aunque trascurra el tiempo, no está comprendido en la Ley de Amnistía aprobada por la dictadura en 1979 y ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010, ya que ésta es válida “para todos los crímenes cometidos hasta agosto de 1979”.
La investigación sobre presuntos crímenes en la represión de la guerrilla de Araguaia comenzó en 2009 en Marabá, en el estado de Pará, y reveló que dos mujeres y tres hombres fueron llevadas a bases militares en la zona, donde fueron sometidos a torturas, y desde ese entonces permanecen desaparecidos.
En 2003 un tribunal federal brasileño ordenó a los militares que exhibieran sus archivos y entregaran la información sobre su accionar durante la represión de Araguaia, pero, con el respaldo del gobierno de Lula da Silva, que intentó revertir la decisión judicial, los militares no liberaron los documentos y no informaron sobre la ubicación de los cuerpos. En 2009 el gobierno empezó a buscar esos cuerpos, hasta ahora sin éxito. Ese mismo año dos ex soldados que participaron en la represión de la guerrilla mostraron algunas zonas donde podían ser encontrados los restos de unos 40 de sus integrantes.
La institución militar “se metió en una situación difícil por no querer dar la información” y la presentación de cargos contra el major Curió “los puso contra la pared: o aparecen los cuerpos, o van a responder por este crimen”, sostuvo Krischke.
El activista señaló que la mayoría de los altos mandos militares actuales no participó en los crímenes de la dictadura porque “eran jóvenes cadetes en la academia militar o recién habían salido de ella”, y lamentó que, a pesar de esto, tengan el mismo comportamiento que sus antecesores: “No se los puede molestar de ninguna manera, es un espíritu de cuerpo absolutamente absurdo porque ellos no tienen nada que ver, lo que importa para ellos es preservar la institución”.
En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por no haber investigado ni castigado los crímenes contra la guerrilla de Araguaia.
Los fiscales continuarán investigando la represión a la guerrilla de Araguaia y no descartaron agregar denuncias o víctimas a la querella inicial. Uno de ellos, Sérgio Suiama, señaló que hay 55 investigaciones en curso en Río de Janeiro, San Pablo, Río Grande del Sur y Pará, y apuntó: “En todos los casos en que podamos probar que un agente del Estado era responsable por alguien y esa persona desapareció, el Ministerio Público buscará la responsabilidad criminal”.