Ya lo advirtió Rajoy el martes: “Los sindicatos tienen derecho a convocar la huelga y el gobierno tiene la obligación de seguir haciendo aquello que crea mejor para el interés general”. Varios de sus ministros transmitieron ayer el mismo mensaje. “Con independencia de lo que se define como éxito o fracaso de la huelga, el gobierno no va a modificar un ápice de la reforma”, dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Respaldos centrales
También en Uruguay los afiliados a las centrales sindicales españolas tienen previsto sumarse a la jornada de protesta con una concentración de 9.00 a 9.30 ante el consulado de España, donde recibirán una carta de apoyo del PIT-CNT.
La misiva se hará llegar también a los responsables de la embajada para reclamar al gobierno de España que facilite el diálogo con los trabajadores. Medidas similares adoptaron los demás integrantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur.
“El gobierno no va a ceder”, reiteró el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Está obligado a hacer las reformas que modernicen el mercado laboral y las relaciones económicas, porque si no, no saldremos de la crisis”, advirtió.
Ambos ministros trabajaban ayer con los demás integrantes del gabinete en los recortes presupuestales que tienen previsto aprobar mañana y que integran una política económica rechazada por los sindicatos. Esos recortes y la reforma laboral que ya fue aprobada son las políticas que motivaron el primer paro general contra Rajoy y el octavo desde la restauración democrática.
Esa reforma laboral disminuye las indemnizaciones por despido y facilita a las empresas argumentar causas económicas para reducir personal o recortar las jornadas laborales. También promueve, mediante beneficios a las empresas, que éstas contraten a jóvenes menores de 30 años, pero en condiciones que los sindicatos consideran precarias; en calidad de trabajador a prueba por un año. También ofrece beneficios a los empleadores que contraten a desempleados mayores de 45 años, y en algunos casos aumenta esas facilidades a las empresas que incorporen mujeres.
Además, los convenios colectivos vencidos no podrán prorrogarse por más de dos años, y las empresas podrán romperlos si argumentan dificultades económicas. En éste y otros casos, se reduce el control estatal sobre estas decisiones de las empresas.
Desde el gobierno se argumenta que la reforma busca una solución laboral para los 5,3 millones de desempleados que tiene España, pero a los sindicatos no los convence. “La reforma toma a los parados como rehenes para someter a la sociedad a un chantaje”, dijo al diario madrileño El País el titular de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Añadió que esa iniciativa introduce modificaciones para “desequilibrar gravemente las relaciones de trabajo en beneficio de la parte empresarial y en detrimento de los derechos de los trabajadores”.
En opinión del dirigente y del secretario general de la UGT, Cándido Méndez, el rechazo a la reforma se va a traducir hoy en una adhesión “masiva” al paro y las manifestaciones. Ambos expresaron sus esperanzas de que el paro dé una señal al gobierno de que debe abrir un proceso de diálogo sobre estas políticas. Méndez agregó que el Ejecutivo debe “corregir la reforma laboral y las políticas de recortes que golpean a la sociedad” y debilitan “el sistema público de protección social”.
El gobierno ya anunció recortes por 16.000 millones de euros del presupuesto nacional y de los gobiernos autónomos, a los que se les agregarán algunos “nuevos ajustes” para cumplir con las “exigencias de Europa”. Rajoy dijo que el presupuesto de 2012 será “muy austero”, con una reducción del 14% en el caso de los ministerios, y que se buscará cumplir así con el objetivo de que el déficit público equivalga al 5,3% del PIB, porcentaje al que se comprometió España ante la Unión Europea. Estas metas guiarán al Ejecutivo mañana al aprobar su proyecto presupuestal.
El gobernante Partido Popular (PP) responsabiliza a la administración anterior, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por el desempleo y el déficit. En esa línea, Rajoy dijo que en 2011 se gastaron 90.000 millones de euros más de los que ingresaron a las arcas estatales y concluyó: “Así no podemos seguir”.
Del mismo modo, desde la oposición le llueven críticas al PP. El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó el paro de hoy (que ya tiene nombre: 29M) como “muy justo y en legítima defensa”, y recordó que el propio Rajoy se ha pronunciado en el pasado en contra del “abaratamiento de los despidos”.
A su vez, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al presidente del gobierno de no haber divulgado todavía el alcance de los recortes para no perder votos en Andalucía y Asturias, que eligieron autoridades regionales el domingo. “Rajoy ha ocultado sus presupuestos para intentar ganar las elecciones”, dijo.
La votación del PP en esas comunidades autónomas, que fue menor a la esperada, llevó a Rubalcaba a declarar: “Estamos ante un nuevo ciclo político en el que muchos ciudadanos le han dicho al PP ‘por aquí no’”.
El dirigente socialista añadió que la reforma “ataca derechos de los trabajadores españoles”, que “va a aumentar el número de despidos”, y que los votos del domingo muestran que “muchos ciudadanos se han dado cuenta de que [el gobierno] está aprovechando la crisis para hacer su particular ajuste de cuentas con el Estado del bienestar”.
Ayer el PP respondía a sindicatos y a opositores, y atendía también otros frentes. En la comisión parlamentaria que se encarga de controlar la estatal Radio Televisión Española (RTVE), el portavoz oficialista, Ramón Moreno, la acusó de apoyar las protestas. “Están diciendo en cada informativo los días que faltan para la huelga y hoy [por ayer] han invitado a los secretarios generales de CCOO y UGT, para animar y jalear [animar, decir “¡hala!”] a la huelga, mientras no dan informaciones de ninguna organización o sindicato que no la secundan”, dijo.
Anoche el paro ya comenzaba y para cumplirlo habían dejado de emitir las televisiones públicas de Andalucía, Cataluña y Madrid. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, llamó a “todos los ciudadanos a ir a trabajar”, los animó a denunciar “cualquier acto de violencia o coacción de los piquetes”, a tomar imágenes de esos hechos y difundirlas en las redes sociales.