El Partido Popular (PP), que gobierna España, se ha manifestado contrario, desde su aprobación, a la ley que permite a las mujeres, a partir de los 16 años de edad, la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
El Partido Socialista Obrero Español, impulsor de esa ley cuando fue gobierno, se proponía enfrentar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando compareciera ayer ante el Parlamento. Querían que confirmara si iba a cambiar la ley para las menores de edad, ya que el PP había dado señales en ese sentido.
Pero Gallardón dio la sorpresa, y ante la pregunta de la diputada socialista Ángeles Álvarez sobre si el gobierno recortará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, respondió que “no solamente” no lo hará, sino que aumentará la protección del derecho reproductivo “por excelencia”: “la maternidad”.
La oratoria de Gallardón fue pronunciada entre aplausos de los suyos. “Es insuficiente una legislación que se limita a proteger el no nacido mediante la tipificación penal del aborto y no presta atención a la situación de la mujer que debe estar protegida”, dijo.
“En muchas ocasiones se genera la violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo”, dijo el ministro, en una de las frases que generaron más críticas. “Ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras”, que en el caso de un “supuesto embarazo no deseado”, las hacen “responsables únicas de esos conflictos”, complementó.
Gallardón dijo que el gobierno buscará, junto a las comunidades autónomas, políticas para acompañar a la mujer embarazada y promover su inserción laboral, su formación académica y para ayudarla a conciliar su vida laboral con la maternidad.
El ministro ya había expuesto su posición a comienzos de febrero, en la primera sesión de control al gobierno en el Parlamento. “Estoy pensando en las mujeres menores de edad, en las discapacitadas, en las inmigrantes. Ustedes [en referencia a los socialistas], a esas mujeres cuando se quedan embarazadas, la única respuesta que les dan es: ahí tienen la ley del aborto. Nosotros les vamos a dar una respuesta positiva para que puedan ejercer su derecho a la maternidad”.
Si bien el ministro no dijo qué se hará en el ámbito legislativo con la interrupción voluntaria del embarazo, sus declaraciones golpearon a los defensores de la despenalización del aborto tanto como si hubiera anunciado que lo penalizaría. Las organizaciones sociales, las clínicas que realizan esos procedimientos y varias legisladoras socialistas y de izquierda criticaron, en declaraciones a la prensa y en las redes sociales, que el ministro, como gran parte de la derecha más conservadora, considere a las mujeres como seres que tienen que ser protegidos porque son víctimas de las decisiones de otros; también se burlaron del enaltecimiento de Gallardón de algo así como un “derecho divino” a la maternidad.
Portavoces de las clínicas que practican abortos, que disponen de un sistema de asesoramiento y acompañamiento de la mujer, fueron todavía más críticos, y en declaraciones al diario español El País aseguraron que Gallardón desconoce la problemática o miente, porque son pocas las mujeres que llegan coaccionadas a hacerse un aborto y éstas son detectadas.
Consuelo Abril, de la Coordinadora de Organizaciones por la Participación y por la Igualdad, también señaló: “Además, si una mujer está coaccionada lo puede estar para abortar o para tener el hijo”.