En 1973 su desempeño como ministro del Interior del presidente Héctor Cámpora, durante 49 días, dejó a Esteban Righi grabado en la historia argentina y lo convirtió en histórico representante del fugaz presidente. Ayer, con 73 años, Righi renunció al cargo de procurador general de la Nación, desde el cual acompañó por siete años la política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Righi nació en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, en 1938. Estudió en el Liceo Militar General José de San Martín y más tarde se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Penal y Criminología.
Cuando tenía 35 años fue nombrado titular del Ministerio del Interior por Cámpora, que gobernó del 25 de mayo al 13 de julio de 1973.
Righi firmó, junto a Cámpora, el indulto presidencial a 371 presos políticos de la dictadura de Alejandro Lanusse. La liberación de esos detenidos era una promesa electoral de Cámpora. El día en que asumió, la presión popular para que se cumpliera ese compromiso, tanto dentro como en las afueras del penal de Villa Devoto en Buenos Aires, puso al gobierno en una situación delicada. Los presos terminaron liberados “bajo responsabilidad” de cuatro legisladores presentes en las afueras de la cárcel, horas antes de que se aprobara un decreto presidencial de indulto, y dos días después se sancionó una ley de amnistía. Los presos salieron como resultado del indulto, “para evitar una masacre”, dijo Righi en 1984 a la revista Somos.
El entonces joven ministro camporista fue acusado luego de la tragedia ocurrida en Ezeiza, el 20 de junio de 1973, cuando regresó al país Juan Domingo Perón. Enfrentamientos entre grupos de la derecha y la izquierda del peronismo dejaron allí 13 muertos y cerca de 400 heridos. La seguridad en el acto de recibimiento a Perón no estuvo en manos de la Policía, porque, aseguró Righi, “había otro sector que pensaba que la seguridad del acto debía correr por cuenta del propio movimiento”.
Ésa no era su postura: “Yo pensaba que ese acto tenía que ser custodiado por la Policía Federal. Le di las instrucciones correspondientes al general Heraclio Ferrazano, el jefe de la Federal, algo que comuniqué al gabinete”, aseguró. En ese sentido, según relató Righi, se vio desposeído de sus atribuciones para ese acontecimiento: “López Rega, que era ministro de Bienestar Social, y el general Jorge Osinde, que presidía la comisión pro retorno de Perón, habían monopolizado para sí la cuestión seguridad”, dijo.
Mucho menos polémico fue el discurso que pronunció Righi el 12 de junio de 1973, destinado a los comisarios de la Policía Federal, y marcó una línea que hoy reivindican las políticas de seguridad del gobierno de Cristina Fernández. “Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respaldado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia, con respeto y sensibilidad humanas”, dijo ese día el joven ministro. Anunció también cuáles serían la “nuevas obligaciones” de la Policía: “Tendrá la obligación de no reprimir los justos reclamos del pueblo. De respetar a todos sus conciudadanos, en cualquier ocasión y circunstancia. De considerar inocente a todo ciudadano mientras no se demuestre lo contrario. De comportarse con humanidad, inclusive frente al culpable”.
Por último advirtió: “Las reglas del juego han cambiado. Ningún atropello será consentido. Ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista”.
El gobierno de Cámpora terminó 49 días después, cuando el presidente renunció para que Perón, que no había podido competir en las elecciones, pudiera volver a la Presidencia, con su esposa María Estela Isabelita Martínez como vice.
Righi quedó luego en medio de pujas internas entre la izquierda peronista, a la que pertenecía Cámpora y la derecha en el gobierno, liderado por Isabelita tras la muerte de Perón, en 1974. Ese año Righi se exilió en México junto a su mujer y sus tres hijos. Había sido amenazado por la Triple A y la Junta Militar lo había privado de derechos políticos o gremiales, inhabilitado para ejercer cargos, empleos y comisiones públicas y para desempeñarse en cargos honoríficos y ordenado su “internación”, explica su currículo oficial.
Volvió a su país con el retorno de la democracia en 1983, se sumó al Grupo Calafate, que respaldó a Kirchner. También fundó el estudio jurídico Righi y Asociados, que fue denunciado ante la Justicia el lunes por el vicepresidente Amado Boudou de haber intentado influir en sus decisiones en dos oportunidades: la primera, en 2009, cuando era jefe de Seguridad Social, y luego en 2010, cuando era ministro de Economía. Según Boudou, le advirtieron integrantes del estudio que para “hacer carrera en política” tenía que “estar bien” con los juzgados federales y le ofrecieron sus servicios para lograrlo.
Esa denuncia decidió a Righi a renunciar a su cargo de procurador general de la Nación, por el cual dejó en 2005 sus actividades en el estudio, en el que hoy trabajan, entre otros, su esposa, Ana María García, y su hijo Federico, además del actual ministro de Seguridad porteño, de la administración de Mauricio Macri, Guillermo Montenegro.
En su carta de renuncia, citada por el diario Página 12, Righi declaró: “No creo posible desempeñar honrosamente una alta función pública si al hacerlo se compromete el propio honor o la honra familiar. La defensa del interés público y de la honorabilidad personal jamás deberían resultar incompatibles”.
La renuncia de Righi llega en un momento en que el gobierno que integró en 1973 es una bandera que reivindica, entre otros, la agrupación oficialista juvenil La Cámpora, que tiene un rol ascendente en el gobierno.