Durante los años 90, el ex presidente Menem privatizó varias empresas estatales. Entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Hoy, la mayoría de las acciones de la firma son de la española Repsol y el otro accionista mayoritario es el Grupo Petersen, del argentino Enrique Eskenazi. Además, el Estado argentino tiene acciones que le dan un poder de veto sobre temas estratégicos, la llamada “acción de oro”.
Los Eskenazi eran amigos del matrimonio Kirchner. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner negoció con Repsol, para que la empresa volviera a tener capitales argentinos; así entró el grupo Petersen al capital de YPF. El acuerdo alcanzado era ventajoso para Eskenazi, coincide la prensa argentina. Sin embargo, en algún momento se produjo un quiebre en la amistad que unía a las dos familias, algunos lo atribuyen a la ahora viuda del ex mandatario, la presidenta, Cristina Fernández, pero no hay nada establecido al respecto.
Alberto Fernández, que fue jefe de Gabinete de ambos mandatarios hasta agosto de 2008, dijo al respecto: “Los que dicen que los Eskenazi son testaferros de Kirchner no conocen a Néstor. Yo mismo he participado de reuniones en las que Sebastián [Eskenazi, el tercer hijo de Enrique y director ejecutivo de YPF] le explicaba que, con semejantes regulaciones, el negocio del petróleo no era viable. Y Néstor no lo escuchaba. Sólo le decía que se pusieran a explorar”. Así lo publicó el periodista argentino Luis Majul en su libro El dueño.
La compañía vio cómo en las últimas semanas varios gobiernos provinciales amenazaron con retirarle las concesiones de los yacimientos, alegando una baja de las inversiones de YPF. Esto causó la caída de las acciones en la bolsa de Buenos Aires y en ámbitos internacionales, y afectó también a Repsol, en un momento complicado para la economía española.
Va por barrios
La provincia de Chubut es la que mantiene una postura más firme en contra de YPF, pero la empresa respondió en un comunicado que recurrirá a la Justicia. La firma asegura que sus inversiones se incrementaron en la provincia “un 236%” en el período 2009-2011. Asegura que en el total del país invirtió 3.000 millones de dólares el año pasado, casi 55% más que en 2010, y que esa cifra aumentará en 2012. Pero el gobierno de Chubut responde que hace tres años que YPF no perfora en su territorio.
También el gobierno de Santa Cruz puso fin ayer a la concesión de varios yacimientos que explota YPF en esa provincia, y si se suman todas las provincias que aprobaron medidas similares, la empresa ya perdió 27% de su producción en Argentina.
Chubut lanzó ayer una licitación para que firmas del sector privado se asocien con la petrolera provincial, Petrominera, y se hagan cargo de la explotación que le está retirando a YPF. Desde esa provincia se advirtió que una de sus orientaciones será la de beneficiar a empresas de la región.
YPF no es la única petrolera privada que está en la cuerda floja en Argentina. Son diez las provincias con yacimientos de crudo y se estableció en 1994 que ese recurso debe ser administrado por las provincias. Además de anunciar medidas e intimaciones en contra de YPF, varias de esas administraciones también advirtieron a otras firmas extranjeras.
Es el caso de Mendoza, que adelantó que intimará a las firmas Geopark, chilena, y Argenta Energía, canadiense. A su vez, la norteamericana Apache, la brasileña Petrobras y Argenta también recibieron advertencias en Neuquén. Las mismas cinco empresas -esto incluye a YPF- fueron llamadas a producir más por las autoridades de La Pampa.
En el caso de Petrobras, hubo reuniones con el gobierno nacional, en presencia del ministro de Planificación, Julio De Vido. La última desembocó ayer en la promesa de la empresa brasileña de presentar un nuevo plan de inversiones. También hubo encuentros con el titular de Repsol, Antonio Brufau, pero las concesiones anunciadas por el español y la intervención de Madrid, que intercedió a favor de Repsol, siguen sin convencer al gobierno de Fernández.
En ese marco todos los gobiernos de las provincias petroleras están convocados hoy a la Casa Rosada, lo que despeja las últimas dudas sobre la política nacional ante la explotación petrolera. Ayer, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, dijo, después de una reunión con De Vido, que “cree” que la presidenta anunciará que YPF pasará a ser una empresa mixta, dirigida por el Estado y con participación de las provincias. Esto confirmaría un rumor que ya tiene varias semanas.
Algunos creen que el gobierno incitó a las provincias a retirar sus concesiones a YPF para que baje el precio de las acciones de la empresa, y así su nacionalización resulte más barata, según el diario La Nación.
Recursos escasos
La producción energética argentina ya no satisface la demanda que aumentó mucho en los últimos diez años, resultado del crecimiento económico. El consumo de petróleo aumentó mientras que la producción de crudo bajó y Argentina se volvió dependiente de las importaciones.
Para el gobierno, el principal culpable es la mayor compañía petrolera del país: YPF. En tanto, las empresas privadas de energía acusan a las autoridades argentinas y atribuyen la baja de la producción y de las inversiones a las políticas estatales de altos impuestos, de regulación de las tarifas de energía para los hogares y a los imprevistos en las reglas de juego, que generan incertidumbre y desalientan la inversión.
Sin embargo, la empresa británica Panamerican Energy, que es controlada por British Petroleum y que explota el mayor yacimiento de petróleo del país (Cerro Dragón, en Chubut) -cuya concesión está establecida hasta 2043- no tiene problemas. El martes British Petroleum comunicó al gobierno argentino que no opera ni piensa operar en las islas Malvinas, en respuesta a la advertencia que envió Argentina a las petroleras en marzo. Entonces, el gobierno de Fernández dijo que tomaría medidas contra aquellas compañías que explotaran en forma “ilegal” los recursos de esa zona.