Se viene Río+20. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable -conocida también como Cumbre de la Tierra- comenzará el 20 de junio en Brasil, y el gobierno, como anfitrión, quería aprovechar para impulsar el debate y situarse como uno de los líderes en ese tipo de desarrollo.
Pero a la bancada ruralista -recientemente aliada con los evangelistas para la aprobación de éste y otros proyectos- poco parece interesarle la imagen del gobierno en Río+20. No sólo porque la actividad rural está en pleno crecimiento, también porque muchos de los legisladores son dueños de propiedades agropecuarias e incluso ocupan cargos en los gremios del sector, como la senadora Kátia Abreu, del Partido Social Democrático, que es la presidenta de la Confederación de Agricultura y Ganadería.
A los ruralistas se unieron algunos de los aliados del gobierno y se aprobó con sólida mayoría el nuevo Código Forestal, hecho a medida por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) para los grandes productores rurales. El secretario general de Presidencia, Gilberto Carvalho, reconoció ayer que el resultado no fue el esperado por el gobierno y recordó que la presidenta tiene derecho a veto, opción que se analizará “con sangre fría y tranquilidad”.
Los principales puntos polémicos del proyecto de Código -al que sólo le falta la firma de la presidenta- tienen que ver con definir qué áreas serán protegidas, cómo se compensará el daño a la tierra y qué castigo recibirán quienes cometan o hayan cometido crímenes ambientales. La división es bastante clara: el PMDB y los ruralistas consideran que es importante regularizar las propiedades rurales haciendo que las zonas ya ocupadas figuren como disponibles -o sea, que no sean protegidas-, porque de lo contrario millones de agricultores permanecerían en la ilegalidad; el Partido de los Trabajadores prioriza la tierra y considera que son los productores los que tienen que adaptarse a las tierras disponibles. Claramente, vencieron los primeros en el Congreso.
A diferencia del texto propuesto por los técnicos del gobierno hace ya más de un año, el proyecto aprobado reduce al mínimo las Áreas de Preservación Permanente (APP), aquellas que tienen la “función de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo genético de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas”. Además, disminuye la compensación por daño a una APP; por ejemplo, si se desforestaba un área de ese tipo al margen de un río -que se entiende como una franja de 30 metros de ancho a ambos lados- debían reforestarse los 30 metros, ahora se debe reforestar sólo la mitad, lo que genera que, de hecho, el APP se reduzca a 15 metros para el siguiente ciclo.
Además de las APP, uno de los principales puntos de desacuerdo es el de la amnistía propuesta por los ruralistas para pequeños y grandes productores que hayan sido multados por trabajar áreas protegidas. El Partido de los Trabajadores y Rousseff rechazan la amnistía general que fue aprobada -la mandataria había mostrado su preferencia por una amnistía para pequeños productores tras un estudio caso a caso-.
Especialistas consultados por BBC Brasil indicaron que el gobierno deberá hacer una amplia campaña para aclarar a la opinión pública nacional e internacional el alcance de esa amnistía, especialmente si no quiere que este nuevo Código se convierta en un mal precedente para la preservación forestal en todo el mundo.