La iniciativa legal que prevé la expropiación del 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la firma española Repsol fue aprobada en la madrugada de ayer en el Senado argentino. El debate de la sesión en el Congreso duró 14 horas, y terminó con 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, en un recinto en el que faltaron dos senadores.
Horas después del visto bueno de la cámara alta, el proyecto ya estaba en comisiones de Diputados y se daba por descontada su aprobación en esa instancia. En el plenario de la cámara baja también está previsto un amplio apoyo del oficialismo pero también de la oposición.
En los debates de ayer en comisiones una postura que llamó la atención fue la de la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien adelantó que no votará ni a favor ni en contra de la ley, que sí apoyarán los otros dos legisladores de su bancada. “No creo en la inocencia de quienes votan en contra para defender a Repsol en nombre de la seguridad jurídica”, dijo Carrió. Adelantó que le pedirá al titular de la cámara baja, Julián Domínguez, que impulse una “denuncia penal por el vaciamiento y descapitalización de la empresa YPF” contra quienes fueron directivos de la empresa antes de que fuera intervenida por el gobierno, el 16 de abril.
“No vamos a votar a favor porque supone un delito de encubrimiento. Pero tampoco vamos a votar en contra porque fuimos los primeros en renunciar a Repsol”, argumentó.
Ante los cuestionamientos que recibe, Repsol publicó una solicitada ayer en los diarios argentinos en la que negó haber aplicado una “política de dividendos depredadora” en YPF.
Al igual que la Coalición Cívica, el Frente Peronista -opositor- está dividido, la mayoría de sus legisladores van a votar en contra del proyecto, pero algunos lo acompañarán. En tanto, la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur (que reclama que se expropie el 100% de la empresa) y grupos menores apoyarán la ley junto al oficialismo. Propuesta Republicana, el partido del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, es el único que prevé votar en bloque en Diputados contra el proyecto porque lo considera “ilegal”. La mayoría de los reparos que hacen los partidos que apoyan la iniciativa apuntan a reclamar más control y un mayor reparto de las ganancias petroleras.