Fue a fines de 2009 que el entonces secretario de Derechos Humanos del gobierno de Lula, Paulo Vannuchi, deslizó en el Programa de Derechos Humanos la creación de una “Comisión Nacional de la Verdad, con la tarea de promover el esclarecimiento público de las violaciones a los Derechos Humanos”. El entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó esa lucha y la presidenta Rousseff la continuó.
Algunos militares se opusieron, y en su representación también lo hizo el entonces ministro de Defensa Nelson Jobim, quien exigió al presidente que eligiera: Vannuchi o él. Como en otras ocasiones, Lula saldó las negociaciones: se conformaría la comisión, aunque Vanucchi debería ceder en algunos puntos, y el proyecto se envió al Congreso. Todavía no se había votado cuando asumió Rousseff, ex guerrillera y presa política. Las negociaciones para su aprobación transcurrieron de forma interna y mientras duró el proceso algunos militares insistieron en sus intentos de frenarla, mientras el Supremo Tribunal Federal ratificaba la Ley de Amnistía aprobada por los responsables de la dictadura en su propio beneficio.
Tras la aprobación de la comisión en el Parlamento, a fines de 2011, y la promulgación de la ley que la creaba, Rousseff se tomó más de cuatro meses para anunciar sus integrantes.
Por el camino
Uno de los puntos más criticados por las organizaciones militantes por los derechos humanos fue que en las negociaciones entre Lula, Vannuchi y Jobim la comisión perdió su capacidad de llevar a los responsables de crímenes ante la Justicia. Aun con esa limitante hay consenso en que la formación de la Comisión de la Verdad es un paso adelante y algunas organizaciones sociales reconocieron que temieron que nunca se concretara.
Otras críticas que la comisión recibió de organizaciones sociales señalan que trabajarán en ella pocas personas, que contarán con poco tiempo, y que debería limitarse a investigar los años de la dictadura (1964-1985), cuando se propone abarcar un período más amplio, de 1946 a 1988.
Para empezar
Uno de los casos que probablemente investigue la Comisión de la Verdad es el que se denunció en el libro Memorias de una guerra sucia, de los periodistas Marcelo Netto y Rogério Medeiros, sobre la quema de los cuerpos de diez militantes de izquierda en el horno de una planta azucarera en Río de Janeiro. Entre esos cuerpos incinerados se encontraban los de dos militantes brasileños que fueron secuestrados en Argentina como parte del Plan Cóndor.
El Ministerio Público brasileño anunció ayer que comenzará una investigación sobre la denuncia realizada por el ex integrante de la Policía militarizada Cláudio Antonio Guerra, quien se desempeñaba en el principal centro de tortura de San Pablo, y participó en el incineramiento.
La comisión está integrada por siete miembros -con dos auxiliares cada uno- que cuentan con dos años para presentar una versión oficial sobre los delitos cometidos por el Estado. Aunque comenzará a trabajar hoy, todavía no se sabe dónde funcionará ni con qué presupuesto contará además de los sueldos de los siete integrantes, de unos 11.200 reales cada uno -algo más de 100.000 pesos uruguayos mensuales-.
Incluida en la órbita del Ministerio de Presidencia, la comisión deberá identificar a responsables de violaciones de derechos humanos y los lugares que fueron utilizados para cometerlas, contando con acceso a información de toda índole, datos y documentos.
En este sentido, hoy también entra en vigor la Ley de Acceso a la Información, que permitirá hacer públicos todos los documentos del Estado que tengan más de 25 años; los que tienen menor antigüedad y no están clasificados como secretos también estarán accesibles. Según la misma ley, los documentos sobre las violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado no pueden permanecer en secreto.
Si bien no existió una campaña formal, se espera que tanto las organizaciones de derechos humanos como los familiares de las víctimas acerquen información a los integrantes de la comisión. Con el objetivo expreso de colaborar tanto en la investigación como en la recolección de documentos se han conformado comisiones de la verdad locales en los distintos estados -la última de ellas en Río de Janeiro, la semana pasada-.
Sectores militares tienen otras objeciones: consideran a la comisión una iniciativa “revanchista” y cuestionan que no investigará los delitos de las guerrillas que se conformaron para enfrentar a la dictadura.
Otros objetivos
La comisión se crea “con la tarea de promover el esclarecimiento público de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los agentes del Estado en la represión de los opositores”, señala el Programa de Derechos Humanos de Vannuchi, firmado por Lula a fines de 2009.
La discrepancia sobre qué crímenes se investigarán se reavivó en los últimos días e incluso los integrantes de la comisión tienen puntos de vista encontrados. Tanto el diplomático Paulo Sérgio Pinheiro como Rosa Maria Cardoso Cunha, ex abogada defensora de Rousseff y la única integrante de la comisión que sectores militares rechazaron públicamente, dijeron a los medios brasileños que los crímenes investigados serán los cometidos en nombre del Estado por los militares. Sin embargo, otro integrante de la comisión, el ex ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias, manifestó que se debe investigar también crímenes de las guerrillas.
Pinheiro señaló en declaraciones a O Estado de São Paulo que “ninguna de las casi 40 comisiones de la verdad instaladas en el mundo tuvo como objetivo escuchar a los dos lados, como quieren algunos sectores militares brasileños”.
Mañana se reunirán siete militares retirados en el Club Naval de Río de Janeiro para evaluar la primera reunión de la Comisión de la Verdad. Ellos inaugurarán una “Comisión Paralela de la Verdad”, que se dedicará a monitorear y hacer contrapunto a la información divulgada por la comisión oficial, informó la cadena O Globo.
También tiran
La agrupación de universitarios y jóvenes ligados a movimientos sociales Levante Popular de la Juventud desarrolló el lunes su segunda jornada de escraches en 11 estados brasileños. Unas 100 personas participaron en el escrache paulista contra el teniente coronel retirado Maurício Lopes Lima, quien, según las organizaciones de derechos humanos, torturó, entre otras personas, a la presidenta Dilma Rousseff cuando estuvo presa en la década del 70.
Los escraches contra militares acusados por agrupaciones sociales de torturas, asesinatos y desapariciones se organizaron también en Bahía, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Río de Janeiro, Sergipe y Rio Grande do Norte y do Sul.
El grupo de militares -integrado por personal que estaba en la Marina cuando se dio el golpe de Estado en 1964 y que ahora está retirado- se creó a instancias del presidente del Club Naval, Ricardo Veiga Cabral, quien también montó un servicio jurídico para asesorar a esa comisión paralela y a los militares que sean llamados a declarar en la Comisión de la Verdad.
Veiga Cabral “teme” que la comisión sea “apenas una estrategia, un primer paso para intentar revocar la Ley de Amnistía”, e invitó a los demás clubes militares a que imiten la iniciativa o se unan a la del Club Naval.
El general del Ejército y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de Lula Rômulo Bini publicó una columna de opinión en el diario O Estado de São Paulo que causó preocupación y desagrado en el comandante del Ejército, el general Enzo Peri. En el texto Bini señala que tras la aprobación de la Ley de Amnistía los militares hicieron un pacto implícito de silencio para no involucrarse en la situación política del país una vez recuperada la democracia, pero que ese pacto debe romperse ahora porque hay dos hechos que “atacan frontalmente los objetivos” de aquella ley: la creación de la Comisión de la Verdad y el escrache que fue organizado, entre otros lugares, ante el Club Militar de Río de Janeiro (ver recuadro).
Sobre los jóvenes que impulsaron el escrache señaló: “Si continúan de esa forma podrá convertirse en una semilla para nuevos Araguaias”, en referencia a los militantes de la guerrilla de Araguaia, que fue masacrada durante la dictadura.