Suiza no es parte de la Unión Europea (UE), pero desde 2008 aplica los convenios del acuerdo Schengen. Este tratado internacional establece la libre circulación de personas en el bloque regional y en sus países asociados, entre ellos Suiza. Su ingreso al espacio Schengen, aprobado en una consulta popular, se demoró años (el tratado fue firmado en 2004), pero permitió una mayor integración del país, sede de varias decenas de organizaciones internacionales vinculadas a Naciones Unidas y rodeado de estados miembros de la UE, con la que ya tenía acuerdos de libre circulación.
Desde el 1º de mayo de 2011 la libre circulación se aplica también a Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa, países que se sumaron a la UE en 2004. Pero el mes pasado Suiza apeló a una cláusula de salvaguarda prevista en el acuerdo y restableció por un año controles para los nacionales de esos ocho países que residen en Suiza.
Las últimas cifras oficiales indican que de los casi ocho millones de habitantes de ese país -que es diez veces más chico que Uruguay-, 1.772.279 son extranjeros. Esta alta proporción también se explica por las fuertes restricciones que existen en el país para las naturalizaciones de extranjeros.
Suiza es un país de inmigración. Su próspera economía cuenta con los trabajadores extranjeros, pero esa población es acusada de generar inseguridad, ser mano de obra barata y hacer colapsar el transporte público. También provoca miedo que se pierda la “identidad suiza”, que ya es un rompecabezas. La Confederación Helvética tiene cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romance (una lengua romana hablada por un pequeño núcleo de personas, en su mayoría en el cantón de Grisons). Como estado federal, su Poder Ejecutivo es un colegiado de siete personas -el Consejo Federal- y la presidencia se rota anualmente entre sus miembros.
Además, es sede de decenas de organizaciones internacionales, como la Cruz Roja o varias vinculadas a Naciones Unidas. Esto motiva una fuerte presencia de trabajadores internacionales en la ciudad de Ginebra. Muchos son originarios de los países fundadores de la Unión Europea, sin embargo, los inmigrantes de Europa del Este están en aumento desde hace años. Según la agencia de noticias Swissinfo, hoy los originarios de la ex Yugoslavia son más que los italianos. Muchos de ellos ingresaron como refugiados debido a los conflictos en esa región y a que la política de asilo suiza es ejemplar e incluye alojamiento, trabajo y ayuda económica a quienes esperan que su solicitud sea tratada. Pero es posible que esto no dure demasiado.
El miércoles, el Consejo Nacional suizo (cámara de diputados) aprobó que los solicitantes de asilo no podrán beneficiarse de alojamiento y parte de la ayuda económica. Quienes sean admitidos con un estatus “provisorio” deberán esperar siete años en lugar de cinco para pedir un permiso de residencia anual. La decisión tiene pendiente la aprobación del Ejecutivo.
El diputado del Partido Liberal Radical Kurt Fluri estimó que “la admisión provisoria no debe servir a la integración” porque es sólo un “mecanismo de protección” para quienes no pueden volver a su país. También se establecieron limitaciones a la “reagrupación familiar”, mecanismo que permite reunirse con su pareja e hijos menores.
Los diputados también aprobaron medidas que limitan los recursos en caso de rechazo de una demanda de asilo y multas para quienes mientan en sus declaraciones, se nieguen a dar información o tengan una actividad política. Además, para solucionar problemas de espacio, los solicitantes de asilo que queden detenidos podrán alojarse junto con presos comunes, informó el diario La Tribune de Genève.
Por último, la cámara aprobó un aumento de los controles fronterizos, en particular con Italia (algo que ya existía con Francia, según comprobó la diaria en mayo), y un mayor presupuesto para la seguridad de las comunas que tienen en su territorio un centro de acogida para inmigrantes.
El ex diputado liberal Claude Ruey, opuesto a la reforma, dijo a La Tribune de Genève el miércoles que “negar la ayuda social a la gente, cortarle los medios de vida, lleva a fabricar criminales”.