Desde que asumió la presidencia, Franco se reunió con empresarios ganaderos y representantes de empresas transnacionales con intereses en el Chaco paraguayo. Una de ellas, Monsanto, sufrió un revés durante la administración de Lugo, que le negó la autorización para una semilla transgénica de soja, cultivo mayoritario en el suelo paraguayo. Franco colocó al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería a Enzo Cardozo, un liberal que durante la administración de Lugo estuvo al frente de esa cartera y autorizó la comercialización de la semilla transgénica pese a los informes contrarios de otros organismos, decisión que fue invalidada por el propio presidente. Cardozo anunció días atrás que Franco le ordenó que acelerara las gestiones para que Monsanto pudiera comercializar su semilla.
Otra de las empresas cuyos representantes fueron recibidos por el recién asumido presidente fue Río Tinto Alcan, que trabaja con aluminio y que vio frenado por el gobierno de Lugo su proyecto de instalar una planta en el Chaco paraguayo. Esa planta es rechazada por la población local por la contaminación que generaría. También se critica al proyecto que consumiría seis veces la energía eléctrica que utiliza actualmente toda la industria paraguaya.
El nuevo gobierno nombró viceministro de Comercio, encargado de las negociaciones con Río Tinto, a Diego Zavala, conocido durante el gobierno de Lugo por promover y gestionar la inversión de la empresa canadiense.
En los últimos días trascendió que las negociaciones entre el gobierno de Franco y la empresa canadiense utilizan los informes de impacto ambiental facilitados por la empresa -no los realizados por la Secretaría del Ambiente durante la administración de Lugo-. Además, representantes del gobierno manifestaron que la tarifa que tienen las fábricas paraguayas para la energía es demasiado alta para Río Tinto, por lo que ofrecerán un precio menor, que de acuerdo con la prensa paraguaya ni siquiera cubre los gastos de generación de esa energía eléctrica.
Varios especialistas, algunos de ellos ex miembros de Lugo, alertaron sobre la aceleración de las negociaciones y las desventajas de la planta, que sería la mayor inversión económica en la historia de Paraguay. Su instalación implicaría “un enorme subsidio” que pagarían todos los paraguayos en el precio de la electricidad, advirtió la ex viceministra de Energía de Lugo Mercedes Canese en declaraciones a la radio 920 AM, similares a las que brindó el especialista en energía y ex coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, Ricardo Canese (padre de la ex ministra), o el ex consejero de Itaipú Domingo Laíno. También señalaron que como contrapartida la empresa crearía sólo 1.200 nuevos puestos de trabajo, a cambio de una gran inversión en energía y en la infraestructura que necesitaría la nueva planta.
El ingeniero Canese, del luguista Frente Guasú, dio un paso adelante. “Hay sospechas de que este golpe de Estado que dieron Federico Franco y su pandilla tuvo olor a Río Tinto”, dijo, aunque no aportó ningún elemento para respaldar su afirmación. Sin embargo, no son nuevas las sospechas de que la administración de Lugo, más respetuosa con el medio ambiente y con la voluntad de las poblaciones locales, molestó a transnacionales como Monsanto y a grandes empresas como Río Tinto, que vieron frustrados sus proyectos durante ese gobierno.
Una molestia similar generaron políticas de Lugo entre los empresarios ganaderos, que al salir de las primeras reuniones que mantuvieron con Franco desde que asumió la presidencia contaron que les había prometido que se respetaría la propiedad privada y que no se permitirían las ocupaciones de tierras que suelen realizar los campesinos sin tierra en reclamo de los terrenos que fueron repartidos en forma irregular durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
Franco también se comprometió con los sojeros brasiguayos a analizar la derogación de la ley de seguridad fronteriza que se aprobó durante el gobierno de Lugo pero no comenzó a aplicarse. Esa norma establece una franja de 50 kilómetros de la línea fronteriza al interior del país donde los extranjeros no pueden adquirir tierras.
Otro de los cambios que podrían llegar con el nuevo gobierno es la reactivación de la base en el Chaco, en el norte paraguayo, en la zona conocida como Mariscal Estigarribia, que fue utilizada durante la década pasada por militares estadounidenses. En 2009 el presidente Lugo había rechazado la posibilidad de que los estadounidenses reocuparan esa base. En ese entonces, 21 generales de Estados Unidos se habían reunido con la comisión de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados, presidida por José López Chávez, del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, del ex general golpista Lino Oviedo.
López Chávez retomó la idea la semana pasada y manifestó su “esperanza” de que ahora que la derecha recuperó el gobierno paraguayo Estados Unidos tenga interés en volver a utilizar sus bases en el Chaco. El legislador dijo que la base estadounidense ayudaría a “librarse de las presiones, de las amenazas de Bolivia; y más aún de amenazas que están surgiendo, permanentemente, del bolivariano Hugo Chávez”.
Consultado por los medios paraguayos, el canciller José Fernández dijo que no hay conversaciones oficiales en ese sentido, aunque no descartó la idea.