Las principales centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, están evaluando adelantar a setiembre el paro general que estaba convocado para octubre. A eso apuntan distintas iniciativas que nacieron en los últimos días desde la ciudadanía y los sectores más afectados por los recortes económicos que dispuso el gobierno español al Estado de bienestar.
Las principales medidas de ajuste son el aumento de impuestos -en especial el IVA-, recortes de sueldos para funcionarios y reducción de las prestaciones por desempleo, entre otras, además de numerosos despidos en organismos públicos.
Desde el anuncio de varias de estas medidas, el miércoles, hay manifestaciones y concentraciones espontáneas, convocadas principalmente por funcionarios y por el movimiento 15-M, conformado por ciudadanos, que también rechaza los recortes. Dirigentes de las centrales de trabajadores reconocieron -en declaraciones al portal español Público- que si no se define pronto una reacción a los recortes pueden “quedarse atrás” y perder la bandera de la protesta popular. Otros dirigentes señalan que el paro general -poco habitual en España- es la última herramienta de lucha a la que se debe recurrir y que debe ser el último recurso para enfrentar al gobierno.
Las centrales sí acordaron ayer que el paro de 24 horas en las empresas de ferrocarril -en protesta por la privatización del sector como parte de los recortes- se desarrollará el viernes 3 de agosto, día en que muchos españoles comenzarán o finalizarán sus vacaciones de verano.
Adelantados
Los funcionarios no esperaron a convocatorias de las centrales sindicales. Desde el miércoles protestan los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, de los distintos ministerios, así como bomberos, médicos y profesores. En Madrid, si no son unos son otros los que salen a las calles a protestar, muchas veces con una coordinación previa y con vigilancia de la Policía, y muchas otras de forma espontánea, durante la media hora de descanso, o en el horario de salida de los turnos de enfermería en los hospitales, por ejemplo, informó la prensa española.
Cuando los policías intentan detener el avance de las personas que protestan, algunas de éstas les recuerdan que ellos también son funcionarios: “Tus hijos tampoco recibirán la paga de Navidad”, le decía ayer un manifestante a uno de los policías que le impedían el acceso al interior del Ayuntamiento de Madrid.
Pero también se destacan las iniciativas novedosas, como la unión de las siete asociaciones que reúnen a todos los jueces y los fiscales españoles, que ayer emitieron un comunicado conjunto para criticar las “medidas económicas y legislativas” del gobierno de Rajoy “cuyo verdadero objeto es el desmantelamiento del Poder Judicial, atacando a la independencia de los jueces y a la imparcialidad de los fiscales”. Las asociaciones amenazan con hacer paros, concentraciones y hasta comenzar una huelga, algo que no tiene precedentes en la historia española.
Esta protesta conjunta es una respuesta tanto a los recortes del gobierno como a la reforma de la Justicia anunciada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que es criticada por reducir la composición y las competencias del Poder Judicial.
Otro de los sectores que sorprendieron al expresar su “malestar” y su “inquietud” por la rebaja de sueldos y la pérdida de derechos laborales fue la Asociación Unificada de Militares Españoles. Su secretario general, Mariano Casado, dijo que no se descarta convocar una manifestación exclusiva de militares, que sería la primera contra un gobierno del Partido Popular (PP). También manifestó su disconformidad la asociación Militares por la Democracia, y ambas formaciones evalúan unirse en un reclamo común.
Otros terrenos
La molestia se ve también en filas políticas, en los alcaldes del PP que se pronunciaron contra el gobierno y anunciaron que no obedecerán las órdenes de Madrid, e incluso en la ruptura de la alianza que gobernaba Cataluña, entre el PP y Convergència i Unió. La formación catalana rechazó el ajuste y recriminó al gobierno que no tuvo en cuenta la situación específica de Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, de Convergència, manifestó que Cataluña se regirá por sus leyes, aunque reconoció que podría ser intervenida por el gobierno nacional.
Las protestas rompen los ojos y alertaron incluso al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se había limitado a hacer una oposición blanda a los continuos recortes del gobierno, dando prioridad a la necesidad de equilibrar la economía. Ayer la número dos de los socialistas, Elena Valenciano, anunció que su partido se sumará a las protestas que se convoquen contra los recortes y que buscará tejer una “red social” para rechazarlos.
También prometió que el PSOE rechazará los recortes en el Parlamento, lo que fue confirmado por el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en su advertencia más dura aseguró: “El gobierno nos tendrá enfrente”.