Ante el Congreso, Franco pidió apoyo a los “parlamentarios multicolores” para aprobar un proyecto de ley que establezca que las tierras malhabidas que sean recuperadas por el Indert deben ser vendidas a precio de mercado y no destinadas a los campesinos sin tierra. Un objetivo del Indert, de acuerdo con la legislación que lo creó en 2004, es “promover el acceso a la tierra para el sector campesino”. La propuesta de Franco es que con el dinero que se obtenga de la venta de esas tierras se brinde “a los pobres” de su país “educación e insumos”.
Actualmente, cuando el Indert recupera tierras que son propiedad del Estado de manos de personas que las adquirieron de forma irregular, esos terrenos se ponen a la venta a precios bajos y con posibilidad de financiación para que puedan acceder a ellos los campesinos sin tierra o carperos.
Franco argumentó que en muchos casos esas tierras terminaron en manos de grandes empresarios o latifundistas, que las compraron, por ejemplo, mediante testaferros a terceras personas. Justamente el sábado el diario Última Hora publicó un informe que reveló, entre otras cosas, que el diputado colorado Magdaleno Silva compró uno de esos terrenos por intermedio de cinco testaferros y estableció una gran estancia.
Durante los últimos meses del gobierno de Lugo se investigaron denuncias de ventas fraudulentas de las tierras del Indert por parte de su director, Marciano Barreto, que fue destituido en mayo y reemplazado por el asesor presidencial Emilio Camacho. Con el cambio de gobierno también llegó el cambio de autoridad y asumió Luis Ortigoza en lugar de Camacho.
Ahora Franco retoma aquellas denuncias para señalar que el Indert posee actualmente 33% de las tierras del Chaco y para criticar que el presidente del Indert tenga la potestad de “tomar la decisión de vender 100.000 hectáreas a Fulano o a Zutano”, argumentos que utiliza para respaldar su posición de que las tierras deberían volcarse al mercado.
No se trataría del primer retroceso del Indert, que la semana pasada desistió de hacer la próxima medición de tierras prevista en el calendario, que se aplicaría a un terreno de unos 2.570 kilómetros cuadrados que se reparte entre los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. Las nuevas autoridades argumentaron que “generaría un caos jurídico-administrativo”, ya que no están disponibles todos los documentos de las tierras, obtenidas décadas atrás y objeto de varias sucesiones.
Los carperos manifestaron su rechazo a estas medidas y transmitieron que hay un fuerte pesimismo sobre lo que pueda hacer por ellos este gobierno. Hasta ahora los carperos no se han reunido con las nuevas autoridades, que sí mantuvieron encuentros con empresarios y ganaderos. Consultado específicamente sobre este punto, Franco aseguró ayer que está dispuesto a reunirse con los carperos “en el Palacio o en la chacra, donde ellos digan”.