La Fiscalía de La Araucanía registró, entre enero y mayo de este año, 84 casos de violencia que incluyen desde daños y amenazas hasta incendios y homicidios. La lista es encabezada por incendios (29), amenazas (15) y usurpaciones (13), principalmente contra las empresas forestales que trabajan en las tierras que los mapuches consideran ancestrales.
Esta cifra muestra un incremento en el número de casos de violencia, que en la misma fecha de 2011, eran 33. Ante estos datos, que fueron considerados alarmantes, y a los que se suman el reclamo de las empresas forestales y de los latifundistas de la región de La Araucanía, el gobierno convocó para ayer una cumbre de seguridad.
Tanto la Sociedad de Fomento Agrícola como los productores rurales de la zona reclamaron la acción del gobierno antes de la reunión en La Moneda e incluso algunas personas se manifestaron ante la sede del Ejecutivo. El presidente de Vigilancia Rural de los Pequeños Agricultores de la región, Joel Ovalle, dijo en esa manifestación que va a seguir “insistiendo en que [los agricultores] sigan comprando armas y apenas entre un delincuente, que le coloquen los balazos” en cumplimiento de la ley que reconoce la legítima defensa.
Consultado por esas declaraciones, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señaló que él mismo tiene un arma y que no dudaría en utilizarla si alguien pusiera en riesgo su vida o la de su familia. “Yo tengo claro que tengo un arma para usarla”, señaló. Por su parte, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, explicó desde los medios de comunicación a las personas armadas en qué condiciones se admite legítima defensa y en cuáles no.
Durante la Cumbre de Seguridad, el gobierno acordó aumentar la dotación de carabineros en la zona del conflicto y enviar personal de unidades especializadas, además de incrementar los recursos para que la Policía pueda adquirir equipos tecnológicos.
Razones de fondo
El jefe de la Fiscalía de La Araucanía, Francisco Ljubetic, aseguró ayer que, cuando en 2010 el gobierno retiró denuncias judiciales contra líderes mapuches -como resultado de negociaciones entre las partes-, varios fueron liberados y que ellos son los que están causando este crecimiento de la violencia.
Pero otras voces, como la de Alberto Espina, senador por esa región del partido gobernante Renovación Nacional, señalan que tanto la Fiscalía como los carabineros en la zona colaboran con un ambiente de violencia generalizada. “El fiscal no puede hablar de guerrillas”, señaló, en referencia a Ljubetic, que días atrás aseguró que existe una “guerrilla rural” conformada por mapuches en La Araucanía. Espina también apuntó a que el trabajo de inteligencia de la Policía es insuficiente, porque “todo el mundo sabe” quiénes son “las 40 personas” que protagonizan los ataques.
También repudió las declaraciones del fiscal y la actuación de los carabineros la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, quien manifestó que se ha “constatado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros”, lo que no contribuye a generar “paz y normalidad” en la zona. Esto “tampoco se consigue con declaraciones que califican de guerrilla los incidentes producidos”, señaló.
El papel de las palabras también fue destacado por el senador opositor Eugenio Tuma, de La Araucanía, quien criticó al gobierno por tener hacia el pueblo mapuche una actitud de asistencialismo y represión constante, y lo responsabilizó por “exacerbar el odio en los territorios”. Tuma agregó: “Esto es delicado y de una total irresponsabilidad, como acusar al voleo de terrorista al pueblo mapuche, y que un ministro de Estado legitime el uso de las armas [...] es simplemente estar sembrando más odio”.