“Nosotras ayudamos porque quisimos, nadie nos obligó, pero exigimos nuestro pago”, reclamó ayer una de las mujeres que protestaban en el Distrito Federal, frente a la sede del PRI, cuyo candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, ganó las elecciones. Ellas reclamaban el pago prometido a cambio de acarrear votantes, comprar votos a cambio de efectivo o tarjetas de prepago, hacer actos proselitistas y emitir votos con las credenciales de otras personas. Una de las mujeres dijo que votó a nombre de su madre y de su hermana con las credenciales de ellas.
“Voté por el PRI y no me pagaron”, decía una de las pancartas. Consultadas acerca de la cifra prometida, dijeron a la prensa que no sabían cuánto les pagarían, pero que les habían dicho que en otros estados habían cobrado hasta 2.500 pesos mexicanos -unos 187 dólares-.
Las denuncias sobre irregularidades en la votación del domingo continuaban ayer. Incluso aumentaron después de que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, anunció que impugnará los resultados si los datos finales confirman que ganó el PRI.
También se acumulan las críticas a López Obrador, tanto desde el PRI, que consideró “una lástima” que no reconozca el resultado, como desde los conglomerados de medios. El Instituto Federal Electoral reconoció que el candidato puede impugnar los resultados incluso dentro del marco del Pacto de Civilidad que firmó el viernes junto a sus rivales, porque es una vía legal y democrática.
Los grandes medios mexicanos informaron de una jornada electoral ejemplar, haciéndose eco de las expresiones del presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdez, y del presidente mexicano, Felipe Calderón. Otros, como los portales Animal Político y Sin Embargo, transmiten otra realidad, la que exponen el movimiento #YoSoy132 y López Obrador.
Sus denuncias tienen dos frentes claros. Uno apunta a lo ocurrido antes del domingo y refiere a la falta de información, a un sesgo de los grandes medios de comunicación, en especial de la televisión -a través de la cual se informa el 40% de los mexicanos-. Acusan a esos medios de haber favorecido a Peña Nieto y perjudicado a sus contrincantes, sobre todo a López Obrador. También en este sentido se señala que de forma reiterada el Instituto Federal Electoral llamó la atención a los responsables de la campaña de Peña Nieto porque estaba superando el tope legal de gastos. Indican que la cantidad de recursos utilizados superó por lejos los límites del instituto, que prefirió dejarlos seguir en lugar de aplicarles sanciones.
El otro frente de denuncias refiere a las irregularidades detectadas durante la jornada de las elecciones. El propio instituto reconoció que las hubo, aunque su presidente destacó que éstas se redujeron en 50% respecto de las elecciones de 2006. La diferencia parece encontrarse en la incidencia que unos y otros consideran que esas irregularidades tuvieron en los resultados de la elección.
En varias zonas del país se denunció la compra de votos. Medios mexicanos, como el diario La Jornada, informaban ayer, por ejemplo, que las tiendas de la cadena de supermercados Soriana, del Distrito Federal, estaban repletas de gente que compraba con la tarjeta de prepago regalada por el PRI. Ayer se había corrido el rumor de que el saldo de esas tarjetas iba a ser cancelado porque se había descubierto el fraude. Según el periódico, los cajeros de los supermercados identificaban la tarjeta como “los vales que regaló el PRI para que Peña ganara” y contaban que el viernes hicieron un abastecimiento especial de productos para atender a “los que mandó el PRI”. Las personas que recibieron las tarjetas contaban que tenían distintos importes -300, 500 y hasta 700 pesos- y que se les daba una por cada ciudadano que llevaran a votar por el PRI.
Actos de proselitismo durante la jornada, acarreo de votantes y robo de boletas fueron otras de las denuncias realizadas. Observadores electorales en Jalisco consignaron que en uno de los circuitos no se entregaban papeletas para elegir presidente, en otros se dejó votar a personas que no tenían credencial ni podían demostrar que no habían votado antes.
Después del cierre de los circuitos las redes sociales explotaron de denuncias, especialmente de desapariciones temporales de urnas llenas de votos que eran escondidas en algún lugar -donde se presume que cambiaban las papeletas- y luego enviadas para el conteo. Uno de estos casos se denunció en Guerrero, un estado con mucha presencia del narcotráfico y en el que los representantes del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano -que conforman, junto con el Partido del Trabajo, la coalición Movimiento Progresista de López Obrador- denunciaron que un grupo armado se llevó la urna a otro lugar -junto a dos funcionarios- para que la gente votara y luego la devolvieron. En este caso, y en los de gente que votó sin credencial, se trata de personas que perfectamente pueden haber votado dos o más veces, y que pueden haberlo hecho bajo presión. Los representantes hicieron la denuncia ante el Instituto Electoral del estado de Guerrero, que les respondió que la situación ya estaba solucionada. “Lo otro es materia de impugnación”, manifestó su presidente, César Ramos.
La mayor parte de las denuncias, que abarcan a casi todos los estados, fueron hechas por los representantes de las agrupaciones de izquierda aglutinadas en el Movimiento Progresista, que era el que tenía el menor porcentaje de circuitos cubiertos con delegados, apenas más de 70%, mientras que el PRI, por ejemplo, tenía cubiertos casi 99%. Al igual que López Obrador, el movimiento #YoSoy132 presentará ante el Instituto Federal Electoral las denuncias que fue acumulando desde las elecciones, cada una de ellas con las pruebas correspondientes.
El Instituto Federal Electoral informó que se hará un recuento voto por voto en un tercio de los circuitos, un procedimiento que establece la ley para los casos en que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al 1% de los votos en una zona, o cuando esa diferencia es superada por el número de votos anulados. Si bien es un procedimiento normal, hasta ahora sólo se había aplicado a elecciones locales y legislativas, nunca a las presidenciales. Uno de los representantes del instituto, Alfredo Figueroa, dijo que la decisión se debe a alguna “inconsistencia derivada de una duda, de un error”.
Esto no conforma al Movimiento Progresista, que anunció que pedirá un recuento del total de los votos emitidos el domingo “por el bien de la democracia, por el bien del país”, en palabras de López Obrador. Ricardo Monreal, su jefe de campaña, dijo que se detectó “algún tipo de inconsistencias” en 113.855 de los 143.132 circuitos instalados el domingo.