El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mantiene “acercamientos” con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según manifestó la ex senadora Piedad Córdoba en conversación con la diaria, en el marco de su visita a Montevideo, que finaliza hoy.
Córdoba, de 57 años, es vocera del movimiento Marcha Patriótica, aunque todavía integra el Partido Liberal, en el que se sitúa en el ala izquierda. Se hizo conocer fuera de las fronteras de su país por el desempeño de su organización Colombianos y Colombianas por la Paz, que sirvió de intermediaria para la liberación de los últimos rehenes militares y policiales de las FARC. Fue senadora desde 1994 hasta 2010, cuando fue destituida por decisión de la Procuraduría General de la Nación, que además la inhabilitó para ejercer cargos de gobierno por presuntos vínculos con las FARC.
-¿A qué se debe su presencia en Uruguay y qué reuniones tiene previstas?
-Tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con las distintas organizaciones de derechos humanos, con el apoyo que nos dieron la esposa del presidente, la senadora Lucía Topolansky, y el mismo presidente [José Mujica] en lo que fue todo el proceso de liberaciones y cuando lanzamos el movimiento Marcha Patriótica. Vengo con una carta de Colombianos y Colombianas por la Paz en la que le agradecemos y le hacemos un recuento de lo que hicimos y de las expectativas que tenemos, la gran campaña que vamos a hacer por la paz, para lograr visibilizar las condiciones de pobreza que tiene el país. Pero, sobre todo, para apostar a la unidad para que el movimiento social y popular pueda avanzar en la salida política y negociada [del conflicto colombiano], en la que creemos, además, que el presidente Mujica juega un papel sumamente importante por la paz de Colombia, que también es la paz de toda la región. Tanto por el conocimiento de lo que es el conflicto interno como por la decisión de buscar la salida política y lograr algo que es titánico: la unidad. No sólo de quienes nos reconocemos como izquierdistas sino también de movimientos sociales, de progresistas, humanistas. En eso tenemos un reto y en eso ustedes tienen una gran experiencia.
-¿Cuál es el rol de Marcha Patriótica? A usted se la ve en varios frentes.
-Sí, pero con un solo objetivo que es la paz. Yo, además, soy parte del sector más importante y progresista del Partido Liberal, pero no compartimos la dirección ni formamos parte de la unidad nacional del liberalismo. Del movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz forma parte mucha gente, no sólo sectores progresistas, sino también de la derecha que quieren terminar con la guerra. El movimiento surge también de una decisión muy importante en las FARC: las liberaciones de rehenes. Hace más de dos años empezamos a trabajar una propuesta desde las comunidades populares y de base. Con lo que se conoce como Marcha Patriótica salimos el 20 de julio de 2010. Es una expresión de resistencia ante la decisión del gobierno de llamar al presidente español a que viniera a celebrar la independencia en Colombia, pero también recoge el sentimiento de exclusión y de pobreza de los sectores más acorralados por el modelo, más aislados en las regiones del país o claramente excluidos de las decisiones ciudadanas: campesinos, afrodescendientes, indígenas, desempleados, la llamada Mesa Nacional Estudiantil, que es el movimiento de estudiantes más fuerte, y todos los que estamos en contra de esos tratados de libre comercio injustos, de un modelo que profundiza la pobreza. Ahí confluye Marcha Patriótica, en la que no sólo está nuestro partido sino también el Partido Comunista, que fue expulsado del Polo Democrático Alternativo [una coalición de izquierda], y está también Izquierda Liberal en Marcha, que somos nosotros.
-¿La idea es llenar un vacío que dejan los partidos políticos?
-Y que inclusive no logró llenar Polo Democrático. Lo llena cada vez menos luego de la decisión ilegal y arbitraria de expulsar a un partido tan importante como el Comunista, que ha tenido muchos muertos en la historia del país. Creo que esta decisión y el señalamiento, la macartización que significa decir que somos terroristas, que somos de las FARC, que nos financian las FARC, lo que está logrando es cohesionar el movimiento. El mismo gobierno que dice que somos de las FARC ahora tuvo que salir a decir que no tenía pruebas, que no era cierto.
-Analistas colombianos estiman que la sociedad civil volvió a tener un rol protagonista en el país, ¿comparte esa lectura?
-Yo creo que sí. Lo digo con toda la inmodestia del caso: Marcha Patriótica logró que salieran a las calles 100.000 personas de todo el país en abril. Creo que movió las estructuras del país, de lo que es la política, la institucionalidad caduca que está sólo al servicio de los privilegios, y creo que les dio ánimo y aliento a muchas otras organizaciones. El movimiento indígena también ha organizado movilizaciones muy grandes contra la minería a cielo abierto, contra los tratados de libre comercio. Toda esa política desigual, privatizadora se refleja en cinco millones de desplazados, una cifra oficial de 100.000 desaparecidos, 18 millones de pobres, ocho millones de indigentes, un desempleo que supera el 12%, una tercerización de la mano de obra, un desmantelamiento de toda la infraestructura industrial del país. Creo que el descontento se expresa en las calles y hace que la gente esté buscando otras cosas.
-¿Cómo ve su futuro político ahora que está inhabilitada para ocupar cargos públicos? Usted anunció su intención de denunciar al Estado colombiano por persecución política ante el Sistema Interamericano de Justicia.
-Inhabilitada por 30 y pico de años. Mi futuro político lo veo muy bien porque creo que es muy visible la persecución política. Claro que voy a apelar, por una razón muy simple y es que no es posible que el gobierno nos señale en un país donde hay antecedentes de que esos señalamientos dieron lugar al asesinato de Bernardo Jaramillo [político comunista asesinado en marzo de 1990]. Lo que el gobierno y el Estado no pueden controlar lo vuelven ilegal. Yo diría que mi futuro político será muy largo, porque la política no se hace sólo en el Congreso y ni siquiera se está haciendo en los partidos. Al estar en la calle, al recorrer las regiones, al visitar la Colombia profunda yo estoy haciendo mucho más política que antes, mucho más activismo. Tiene que llegar el momento en que si en Colombia no me devuelven los derechos, me los devuelven a nivel internacional.
-Fue acusada por el gobierno de tener vínculos con las FARC y ahora se dice lo mismo de Marcha Patriótica, ¿qué responde?
-No hay ninguno. Lo que pasa es que estamos a favor de la salida política y negociada. Yo estoy en contra del estado actual de las instituciones y estoy buscando otras que realmente respondan a la pobreza, a las preocupaciones, a la soberanía y a la unidad del país. El solo hecho de coincidir en eso no nos vuelve terroristas ni miembros de las FARC. Sí creemos que durante casi 60 años de guerra no logramos resolver el tema de la paz. Lo mejor sería dejar de gastar 11% del presupuesto nacional en la guerra. Además, tenemos un país militarizado donde se violan derechos humanos. Yo no pertenezco a las FARC, pero tengo muy claro que con las FARC y el ELN hay que hacer la paz. En la sociedad civil y en los movimientos populares estamos preparándonos para participar en un proceso de ese tipo, pero muchas veces han logrado espantar a todo el mundo con estos señalamientos para que nos vayamos corriendo por miedo a que nos metan a la cárcel. Pero en esta oportunidad vamos a seguir para adelante y si es necesario enfrentaremos la cárcel. Y si nos matan también, porque, como decía Evita Perón: “Volveré y seré millones”.
-Usted fue acusada de “arengar” a los indígenas del Cauca que reclaman la salida del Ejército y de las FARC de sus territorios. ¿Por qué decidió a expresar su apoyo a ese movimiento?
-Eso es verdad, yo arengué. Les dije que resistieran y ayudé, llevando logística y acompañando, porque el derecho internacional humanitario dice que las bases militares no deben estar ahí donde vive la gente. Lo que hay en Colombia es un conflicto social que se volvió armado. A nosotros no nos está invadiendo ninguna potencia extranjera, estamos invadidos hace rato. Exigimos el levantamiento de las bases, el levantamiento de las minas antipersonas colocadas también por el Ejército. Me acaba de dar la razón la Corte Constitucional, que ordenó que se levanten varias bases militares porque no pueden estar dentro de las poblaciones y confirmó que las minas las colocan todos los actores del conflicto.
-También la acusaron de ser financiada por las FARC y usted respondió que se financia con sus propios recursos, ¿cuáles son?
-Claro, soy pensionada. Además, trabajo con Telesur y soy consultora. Trabajo y la plata que me gano la gasto haciendo y fortaleciendo el movimiento popular. La gente lo sabe y mis compañeros lo saben. Yo no tengo por qué recibir plata de las FARC. No lo hice nunca, ni siquiera en las liberaciones. Todo lo asumimos nosotros como Colombianos y Colombianas por la Paz. Es una maldad desacreditar. Si tienen pruebas que me las muestren.
-¿Cree que usted está pagando su cercanía con el gobierno venezolano de Hugo Chávez, enemigo de Uribe?
-Prefiero ser amiga de Chávez que de [el ex presidente Álvaro] Uribe. Porque ser amiga de él significa ser amiga de los paramilitares, estar a favor del desplazamiento de cinco millones de personas, de las desapariciones, las fosas comunes, las ejecuciones a sangre fría, de la guerra. Ser amiga de Chávez es estar a favor de la defensa de los seres humanos, de la soberanía, de la dignidad. Si estoy pagando ese costo, lo pago con muchísimo gusto.
-Algunos analistas ven a Marcha Patriótica como una posible puerta de salida para las FARC. ¿Usted lo ve de esa manera?
-Y para el ELN y los militares y los paramilitares y para todos aquellos que hacen parte de la negociación y de la salida política. Eso es cierto. Ojalá fuéramos capaces de ser un espacio para que se acabe la guerra. A eso no hay que temerle. Pero hay empresarios que financian paramilitares, militares que han violado el derecho internacional humanitario, cometido crímenes de lesa humanidad. Todos ellos tienen que contar la verdad. En la discusión sobre la paz tenemos que entrar todos, no solamente las víctimas: los victimarios también.
-¿Las FARC siguen teniendo un proyecto político más allá del conflicto armado?
-Creo que la guerra llega a un punto tan impresionante de degradación que se apela a instrumentos que no tienen que ver, que no ayudan a pensar que es un proyecto político. Me refiero tanto a ellos como a quienes están del lado del Estado. Proyecto político hay, pero ni el Estado ni ellos van a ganar mediante la guerra. El proyecto político de las FARC está en los distintos documentos, pero está acompañado de las armas. No adhiero a ese proyecto. Creo que muchos en Colombia confluimos con varias de las apuestas de ellos, pero éstas se diluyen en la medida en que están acompañadas de las armas. Los nuestros son movimientos pacifistas: creemos que los recursos que se van en la guerra no van a la educación, a la salud, y estamos convencidos de que no se va a ganar por ahí. Al poder establecido le conviene la guerra y por eso no la termina.
-¿Por qué cree que el presidente Santos se niega a negociar con la guerrilla?
-Creo que él está en acercamientos con el ELN y con las FARC. Ahora, eso no significa que la paz se vaya a lograr al otro día. Hay momentos muy confidenciales en los que se preparan temas, como por ejemplo, la desmovilización, la justicia especial para quienes se desmovilicen. Pero Colombia ya ha hecho varios procesos; es emblemático el caso de la Unión Patriótica [partido político fundado en 1985 integrado por las FARC y otros movimientos]. Se hizo una propuesta para la paz y todos sus miembros fueron asesinados. El Estado colombiano está condenado y tuvo que pedir perdón por eso. A la gente se le olvida, en medio de todo este maremagnum de cosas horrorosas de la guerra, que la desconfianza es un elemento perturbador a la hora de construir escenarios de paz. No dependemos ni estamos financiados por las FARC, y sin embargo, como el poder establecido no puede controlarnos usa siempre el mismo argumento: somos de las FARC. El presidente Santos puede estar muy bien intencionado pero creo que habrá que esperar a ver si efectivamente está en acuerdo y puede avanzar. Si se descuida, va a ser víctima de su propio invento. Cuando le plantee al país una propuesta de paz, va a enfrentar el rechazo de sectores que creyeron lo que ellos le vendieron al país, porque más peligrosa que un fusil es la palabra armada, cargada de epítetos, de adjetivos.
-¿Qué perspectiva le ve a la salida negociada del conflicto que usted reclama?
-La veo bien. Yo sí creo que hay un movimiento que se está fortaleciendo cada vez más, gracias a cada insulto de ellos. La veo con una propuesta de país desde la perspectiva de la ciudadanía y los derechos humanos.
-¿Cree que va a ser necesaria una intervención exterior en las negociaciones?
-Creo que hay instrumentos regionales muy importantes, como la Unasur [Unión de Naciones Suramericanas], la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], el Alba [Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América]. Pero sobre todo creo que la decisión de si será tal país o tal otro tiene que ver con la confianza, la legitimidad y la credibilidad. Que las defina el gobierno, pero que también las defina la insurgencia.