Cataluña, Andalucía, País Vasco y Valencia anunciaron que no cumplirán la orden del gobierno español de retirar la asistencia médica a los inmigrantes indocumentados. Según un decreto de abril, esta medida empezará a regir a partir del 31 de agosto y tendrá como excepciones la asistencia a los menores de 18 años, y de parto y posparto para las mujeres y las urgencias. El gobierno argumenta que al retirar la tarjeta sanitaria de los inmigrantes se ahorrarán hasta 1.500 millones de euros.
Desde el Ministerio de Salud se manifestó que “si las comunidades tienen recursos” para cubrir la atención a indocumentados, “es cosa suya”. Otras de las 17 comunidades españolas han manifestado su deseo de seguir atendiendo a los sin papeles, pero no informaron si incumplirán el decreto.
Ya son más de 1.000 los médicos que plantearon una objeción de conciencia ante la nueva norma, para seguir atendiendo a los sin papeles. Argumentaron que con su juramento hipocrático se comprometieron a atender a sus pacientes sin importar su estatus legal. Ayer recibieron el respaldo de los socialistas, días después de que el gobierno del Partido Popular les advirtiera que su postura es ilegal.
Otros profesionales de la salud, como los enfermeros, también sostuvieron que continuarán con la atención, aunque la asociación que los nuclea les advirtió que si lo hacen en horario laboral y con recursos públicos pueden caer en infracciones. Una alerta similar valió para los médicos.
El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, informó que los indocumentados que estén en tratamiento por enfermedades crónicas serán atendidos y los servicios serán pagados por sus países de origen.
Rivero señaló que es el mismo procedimiento que se sigue cuando los viajeros españoles precisan atención en el extranjero. El problema es que en muchos casos España carece de acuerdos bilaterales con los países de origen de los inmigrantes que le permitan “enviar la factura”, como dijo Rivero.
Otra de las “alternativas” que ofrece el gobierno español a los inmigrantes ilegales es la de pagar 710 euros anuales -unos 18.200 pesos uruguayos- en cuotas mensuales a cambio de recibir la atención. Los mayores de 65 años deberían pagar más del doble de esa cifra. Estos precios son mayores a los que ofrecen las aseguradoras más económicas y parecen difíciles de alcanzar, en especial para personas que no reciben ayudas públicas ni tienen trabajo fijo. Muchas veces es por quedarse sin empleo que un inmigrante pierde la calidad de documentado.
Para acceder a esta opción los inmigrantes ilegales deben estar hace al menos un año en España y no ser beneficiarios de un sistema público de atención sanitaria. Se desconoce todavía cuántos de los 150.000 inmigrantes indocumentados quedarán sin atención médica.