La participación del sector privado en la economía brasileña fue alta durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), que incluso impulsó privatizaciones de servicios públicos. Esa tendencia fue revertida por Lula da Silva, que durante su campaña fue duro con ese modelo. El acercamiento de Rousseff a los empresarios comenzó con algunas reuniones a comienzos de año, siguió con incentivos para la inversión en determinadas áreas en las que Brasil necesita una mayor producción, como la bélica, y ahora llega a la infraestructura.
Resistidas
Uno de los principales proyectos del PAC es la Usina de Belo Monte, una polémica hidroeléctrica en la Amazonia brasileña, que viene atravesando varios escollos legales para concretarse. Ayer sufrió un nuevo revés: un tribunal regional sentenció que la aprobación dada por el Supremo Tribunal Federal tiene irregularidades de forma y que el Congreso sancionó el proyecto sin escuchar a las comunidades indígenas y antes de que se realizaran los estudios de impacto ambiental, lo que contravino lo que marca la Constitución. “El Congreso Nacional actuó como si estuviese en una dictadura, colocando el carro delante de los bueyes”, lamentó el juez Souza Prudente, uno de los que votaron la suspensión de las obras. El fallo fue contrario al Ministerio Público, que llegó a esta instancia apelando una sentencia que también había trancado las obras pero cuya aplicación estaba en suspenso. La misma falta de consulta a las comunidades indígenas generó la semana pasada que el mismo tribunal suspendiera la construcción de otra hidroeléctrica, la de Teles Pires, en la frontera entre Pará y Mato Grosso.
La presidenta lanzó ayer el Programa de Inversión en Logística, que entre otras cosas crea la Empresa de Planeamiento y Logística, estatal, cuya función será estudiar las necesidades en infraestructura y atraer la inversión privada para encararla. “Brasil tendrá, finalmente, una infraestructura compatible con su tamaño”, celebró ayer la presidenta al presentar el proyecto, oportunidad en la que también reconoció que la infraestructura es una de las grandes cuentas pendientes del país. Para saldarla es que se había implementado el PAC cuando Rousseff era ministra de Presidencia de Lula. En ese marco se concretaron las obras más volcadas a las necesidades sociales, como la ampliación de la red de saneamiento y la construcción de caminería rural.
El ministro de Transporte, Paulo Sérgio Passos, reconoció ayer que los avances del PAC son lentos, en parte por la burocracia gubernamental, y lamentó: “Hay muchas obras que deberían estar listas y no están”. Indicó que este nuevo plan público-privado (el gobierno marcará prioridades y los privados pondrán el capital) es el “paso al frente” que da el Ejecutivo para recuperar terreno ante las demoras en el PAC.
La primera parte del plan está dirigida a vías férreas y rutas, y luego se abocará a los puertos, incentivos para la industria e inversión en el sector energético. A partir de ahora el gobierno privatiza la construcción y ampliación de cerca de 7.500 kilómetros de carreteras y de 10.000 kilómetros de vías férreas para mejorar la comunicación entre las zonas productivas y los puertos y aeropuertos, detalló el ministro de Transporte. El gobierno ofrecerá al sector privado créditos de la banca pública y facilidades tributarias para que invierta unos 65.500 millones de dólares.