“Llegaremos tan lejos como el gobierno quiera llegar”, advirtió el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, en la manifestación masiva que se realizó el sábado en Madrid. Los distintos dirigentes sindicales y de organizaciones civiles presentes en la marcha advirtieron que serán las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy las que los empujen a avanzar en sus reclamos.
Con la consigna “Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo”, la marcha fue convocada por la Cumbre Social, una plataforma formada a fines de julio que reúne a las principales centrales sindicales -Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores- y a más de 200 organizaciones sociales.
El principal reclamo de la marcha fue el sometimiento a referéndum de las políticas económicas del gobierno de Rajoy. Esta consigna común se agregó a las ya habituales protestas contra los recortes que provenían de distintos sectores y que también estuvieron presentes el sábado: funcionarios que reclaman por la pérdida salarial, maestras que protestan porque las escuelas públicas no están recibiendo los fondos que les corresponden, trabajadores del transporte que rechazan la privatización del ferrocarril o personal que desarrolla investigaciones científicas que advierten que no pueden continuar si no cuentan con subsidios.
También participaron en la marcha varios líderes políticos opositores, aunque no de primera línea, del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y el partido autodefinido como “ecosocialista” Equo.
Según el gobierno, a la manifestación asistieron 65.000 personas, y los organizadores no dieron cifras, aunque líderes sindicales calcularon después la asistencia en medio millón de personas.
Rápidamente el gobierno se pronunció para ahogar las expectativas de cambio. “Los sacrificios son ineludibles”, aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos, desde Chipre.
Cruzando la frontera
También los portugueses de Lisboa, que decidieron el sábado solidarizarse con los españoles, finalizaron su protesta en la plaza España. Si los españoles reclamaron contra nueve meses de recortes, los portugueses lo hicieron por el año y medio que pasó desde que su gobierno pidió el rescate a la Unión Europea bajo el lema “Que se joda la troika, queremos nuestras vidas”.
El empujón para las manifestaciones en una treintena de ciudades portuguesas -que según la prensa lusitana fueron las más masivas desde la Revolución de los Claveles de 1974- lo dio el primer ministro conservador, Pedro Passos Coelho, que anunció nuevos recortes el viernes 7.
En un discurso televisado, Passos Coelho anunció que desde enero aumentarán 7% los aportes de todos los trabajadores a la Seguridad Social, y días después el ministro de Finanzas, Vítor Gaspar, dio a conocer más medidas: aumento del impuesto a la renta, limitaciones a los planes sociales y más recortes en salud y educación.
Estas medidas se agregan a las que impulsaba el gobierno para cumplir con las condiciones de la UE: aumento del IVA al 23%, del impuesto a la renta -uno previo al actual-, de las tarifas médicas y del transporte público.
Al igual que sucede en España, las organizaciones civiles advierten que el nivel de vida de los portugueses está bajando en forma acelerada, y que los más damnificados son los de la clase media, que pasan a ser “nuevos pobres”.
El gobierno argumentó que con estos nuevos recortes la UE le permitirá a Portugal ganar tiempo: contará con un año más para alcanzar el objetivo de déficit, lo que para los portugueses implicará un año más de crisis y sacrificios. El diputado oficialista Miguel Frasquilho señaló que “desde el rescate, Portugal tiene muy poco margen de maniobra”, porque “quedó a merced de unos acreedores con los que tiene que cumplir”.
Los ajustes también incluyen una medida de impulso para las empresas, que cotizarán casi 6% menos a la Seguridad Social, lo que generó protestas no sólo de los trabajadores, que consideran que se favorece a las empresas, sino también de los propios empresarios, que señalaron que esta política causará un estancamiento del consumo.
Los últimos anuncios oficiales generaron incluso roces en la alianza de gobierno, entre el mayoritario Partido Social Demócrata y el minoritario Centro Democrático Social-Partido Popular. Paulo Portas, líder de esta última formación, dio a conocer que su sector no estuvo de acuerdo con los últimos ajustes y que “defendió otros caminos”, aunque señaló que no quiso “bloquear” las medidas para no dar la sensación de que el gobierno de coalición está en crisis.