El Tribunal Electoral del Poder Judicial mexicano entregó el viernes a Enrique Peña Nieto la constancia de que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones, que habían sido impugnadas por el Movimiento Progresista. El candidato de esta coalición de partidos y movimientos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quedó segundo con 31,6% de los votos, frente al 38,2% del candidato del PRI, según los resultados confirmados por la justicia electoral.
El fallo del tribunal desestimó todas las denuncias y las pruebas presentadas por los impugnadores acerca de prácticas de propaganda encubierta, sondeos pagos para que favorecieran a Peña Nieto, desvío de fondos para financiar la campaña y compra de votos. Incluso señaló que en el caso de la entrega de tarjetas prepagas por parte del PRI “no existe nexo causal” que pruebe que se otorgaron a cambio de votos. En la denuncia de que la campaña de Peña Nieto rebasó los topes legales de gastos el tribunal concluyó que la investigación “está inconclusa” y que no hay “pruebas suficientes” para demostrarlo, y por lo tanto lo desestimó como una “mera apreciación”.
Antes de que se conociera el fallo López Obrador había anunciado que no aceptaría que el tribunal atribuyera la victoria a Peña Nieto, y después de conocido el pronunciamiento, aseguró: “No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes”, porque hacerlo “implicaría traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación, la farsa, y que están a favor de un cambio verdadero”.
“Las elecciones no fueron limpias, libres ni auténticas”, aseguró el ex candidato presidencial, que tampoco reconoció la victoria del ahora presidente, Felipe Calderón, en las elecciones de 2006. Convocó “a todos los partidarios de la democracia” a comenzar el 9 de setiembre una campaña de “desobediencia civil” con varias actividades. Mientras tanto, desde el PRI le pedían al líder de izquierda “dejar atrás las confrontaciones políticas” y “acatar la resolución” del alto tribunal.
En el mismo sentido reaccionaron el movimiento universitario #YoSoy132 y trabajadores de la educación, que el sábado realizaron una marcha “fúnebre”, que contó con la presencia de unas 800 personas, según la Policía. La marcha llegó al Congreso, donde los participantes también se manifestaron en contra del gobierno de Calderón, que el sábado presentó el último informe de su administración.
El Partido de la Revolución Democrática, de López Obrador, integrante del Movimiento Progresista, calificó de “injusta” y “violatoria” la sentencia del Tribunal Electoral, que “no estuvo a la altura de su responsabilidad histórica”. Agregó: “Nadie con honestidad podrá afirmar que su decisión vino a fortalecer el Estado de Derecho o a reducir la impunidad que carcome los cimientos de la nación”.
Por su parte, el Partido Acción Nacional de Calderón, que en los últimos meses coqueteó con la posibilidad de alinearse con la izquierda y desconocer la legalidad de los comicios, cambió de idea. Ayer Calderón llamó a Peña Nieto para desearle “el mejor de los éxitos” como presidente, cargo que asumirá el 1º de diciembre, además de acordar entre ambos el comienzo de la transición.
Tras la presentación del último informe del actual Ejecutivo, el sábado se retomaron las sesiones en el Congreso con los nuevos integrantes. Los legisladores oficialistas llamaron a la unidad y señalaron que los males que azotan a México son la violencia, la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, los congresistas de los partidos que respaldaron a López Obrador rechazaron el pronunciamiento del tribunal electoral con carteles que decían: “No a la imposición” y “La presidencia no se compra”.