El juez Miguel Ángel Gálvez iniciará mañana un juicio contra José Efraín Ríos Montt por masacres cometidas por el Ejército en los tiempos en que él fue dictador de Guatemala, y analizará también la implicación del ex jefe de Inteligencia, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Los abogados de Ríos Montt intentaron evitar el juicio con el argumento de que su defendido nunca se enteró de las matanzas e hicieron lo posible para que se aplicara la ley de amnistía que aprobaron los militares antes de dejar el poder. Sin embargo, el juez entendió que “existen fundamentos serios para someter a juicio oral y público” al ex dictador “por la supuesta probabilidad de su participación en los delitos que se le imputa”, de genocidio y crímenes contra la humanidad.
La Fiscalía acusó al general de 86 años de la matanza de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché. Los ixiles conforman uno de los más pequeños pueblos de origen maya sobrevivientes en el país.
A la espera del juicio, el juez dispuso que Montt permanezca bajo el arresto domiciliario, régimen en el que está desde hace un año. En las afueras del tribunal, en Ciudad de Guatemala, indígenas y organizaciones de derechos humanos reclamaron justicia.
“Durante muchos años el general Ríos Montt ha representado la cara del genocidio”, declaró Jorge Santos, del Colectivo Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos. Agregó que ahora “otros actores” podrán ser juzgados.
La de Guatemala fue una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Se extendió del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. Durante esos 16 meses, según las organizaciones de derechos humanos, murieron 10.000 guatemaltecos -en su mayoría indígenas- y más de 100.000 fueron desplazados.
El gobierno de Ríos Montt fue el período más violento de la larga guerra civil guatemalteca que tuvo lugar de 1960 a 1996 y dejó alrededor de 200.000 muertos, según cifras oficiales. La Comisión de Esclarecimiento Histórico, en la que participa Naciones Unidas, estimó que las fuerzas gubernamentales fueron responsables de 93% de las violaciones a los derechos humanos, mientras que otro informe, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, calculó ese porcentaje en 80%.
Después de haber sido derrocado, Ríos Montt fundó el partido político derechista Frente Republicano Guatemalteco, y fue dos veces presidente del Congreso. Por este cargo obtuvo una inmunidad que recién venció en enero de 2012 y que impidió que prosperaran varios intentos de juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
Los juicios por los delitos cometidos durante la guerra civil no implican sólo a Ríos Montt. También el actual presidente de Guatemala y ex militar Otto Pérez Molina fue llamado a declarar en la causa. La organización indígena Waqib Kej, junto con tres ciudadanos estadounidenses, presentó en julio de 2011 ante el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez, una denuncia contra él por “vinculaciones con las prácticas sistemáticas de tortura y actos de genocidio durante la guerra civil”.