El 10 de noviembre de 1985, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín estaban reunidos en un restaurante de la ciudad de Esmeraldas, en el norte costero de Ecuador, cuando se vieron rodeados por soldados que los obligaron a subir a un vehículo militar y los llevaron al Batallón Montúfar de esa localidad. El año anterior, Febres Cordero, empresario conservador y socialcristiano que aplicó políticas neoliberales, había sido electo presidente.
El mandatario, formado en Estados Unidos, se destacaba por enfrentar con especial mano dura a la izquierda y en particular al grupo guerrillero Alfaro Vive, ¡Carajo!, que reivindicaba al presidente Eloy Alfaro, quien gobernó de 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. El grupo, al que pertenecían los tres detenidos, y que también era conocido como Fuerzas Armadas Populares Eloy Alfaro, había surgido en 1983 en Esmeraldas y se definía como revolucionario y marxista-leninista.
Fidel Jaramillo, presidente de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, creada por Correa en 2007 y que depende de la Fiscalía, dijo al portal de noticias oficialista El Ciudadano que estos tres casos y las 136 denuncias estudiadas demostraron que las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Febres Cordero se cometieron en el marco de un plan “plenamente estructurado como una política de Estado para, supuestamente, acabar con la subversión en el Ecuador”. Según declaraciones de Jaramillo a la agencia de noticias Efe, estos casos no fueron juzgados hasta ahora “no porque no existieran, sino porque nunca hubo la decisión ni política ni judicial de poder abarcar estos crímenes”.
Hoy comenzará el primer juicio de este tipo, en el que se investiga la responsabilidad de diez personas -ex policías y militares-. Serán juzgados por la Corte Nacional de Justicia por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada, tipificados como crímenes contra la humanidad, de acuerdo con la legislación internacional.
La comisión estableció que Vaca, Cajas y Jarrín, que ahora tienen casi 50 años, fueron detenidos de forma “arbitraria” y sufrieron torturas y violencia sexual. De acuerdo con Jaramillo, con ellos empezó la desaparición forzada. “Se los detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, los tienen”, afirmó.
Después de sufrir torturas durante dos semanas, y poco antes de ser detenidos por policías, Cajas y Jarrín fueron abandonados y atados a un potrero. Vaca, en cambio, estuvo detenido y desaparecido durante casi tres años y sus datos fueron borrados del registro civil, lo que complicó los esfuerzos de su familia y de organismos internacionales para conocer su paradero.
Según publicó el diario ecuatoriano El Telégrafo, la investigación también estableció que en uno de los cuarteles por los que pasaron las víctimas se comprobó la existencia de celdas diseñadas de acuerdo con las instrucciones de un manual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense para la construcción de centros de detención. En ese manual se establecían medidas específicas sobre, por ejemplo, la iluminación y hasta el sonido que tenían que hacer las puertas al abrirse y cerrarse.
Varios testimonios indican que en algunos casos Febres Cordero, fallecido en 2008, presenció en persona las torturas. Entre los acusados en este juicio hay seis ex generales, que tienen entre 63 y 81 años, y cuatro ex coroneles, cuyas edades van de 58 a 73 años. Se podrían pedir medidas cautelares en su contra, como el retiro del pasaporte, la prisión preventiva o el arresto domiciliario preventivo para los mayores.
Hoy podría obtener sanción definitiva en el Poder Legislativo el proyecto de Ley de Víctimas, que concede una reparación para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 1988. El proyecto fue presentado por la Defensoría del Pueblo y redactado con el apoyo de la Comisión de la Verdad. “[A quienes] hayan sido tratados como delincuentes comunes porque ejercían desde la protesta social una oposición al régimen, el Estado debe reconocerles sus derechos y aceptar que hubo abusos. Existe un número de personas que tiene afectaciones por esa represión”, dijo la diputada oficialista Gina Godoy, citada por El Telégrafo.
El proyecto prevé medidas para la rehabilitación física y mental, así como la supresión de los registros policiales o militares que correspondan a los casos documentados por la comisión. Además, dispone que se practiquen exhumaciones y análisis forenses para encontrar restos de desaparecidos. Una vez aprobada esta iniciativa, la Defensoría del Pueblo tendrá 90 días para implementar un programa de reparación por vía administrativa.