La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que no se trata de una privatización del petróleo brasileño: “85% de la renta producida en el campo de Libra va a pertenecer al Estado brasileño y a Petrobras. Es bien diferente a una privatización”. Agregó que “Brasil es y seguirá siendo un país abierto a la inversión, nacional o extranjera”.
Rousseff también destacó los beneficios económicos que dejará la explotación de Libra en los próximos 35 años: “Primero, 270.000 millones de reales en royalties [el canon que pagan las empresas por explotar un bien que es del Estado]; segundo, 736.000 millones de reales [...] por el sistema compartido [de explotación entre público y privado]; tercero, 15.000 millones de reales como bono por la firma del contrato”.
Según una ley aprobada en el Congreso a instancias de Rousseff, los royalties de la explotación de petróleo de la zona conocida como presal y 50% de los recursos obtenidos por su venta serán destinados a educación y salud. En este sentido, Rousseff señaló que sólo con que se apliquen correctamente esos recursos “se va a producir una pequeña revolución” en Brasil. El precandidato del Partido de la Social Democracia Brasileña, el senador Aécio Neves, aseguró que con su cadena nacional la mandataria utilizó la licitación para hacer campaña política con miras a las elecciones e insistió en sus críticas al procedimiento y a lo que considera una excesiva participación del Estado en la explotación.
Tanto Neves como líderes parlamentarios de su partido y del también opositor Demócratas cuestionaron las demoras en llegar al momento de la licitación -hace ya tres años que se descubrió el campo Libra-, los cambios que se realizaron al sistema de explotación (para establecer la participación obligatoria de Petrobras) y lo que definieron como “contradicciones” del gobierno a la hora de opinar sobre la inversión privada. En este sentido, Neves destacó como una “buena noticia” que el gobierno haya hecho el reconocimiento “tardío y avergonzado” de la importancia de la inversión privada.
Por su parte, la dirigente verde Marina Silva, hoy aliada al Partido Socialista Brasileño, criticó que el gobierno haya licitado este campo sin haber aprobado un plan de contingencia para evitar desastres ambientales, mientras que el por ahora precandidato de la formación, el gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, esperó a que terminara el proceso y disparó con todo. “Creo que todos los brasileños y brasileñas vimos con mucha decepción cómo un área gigante del presal se licitaba por el precio mínimo y en un proceso poco debatido con la sociedad”, aseguró en Facebook.
Campos dijo que sospecha que los fondos no irán a la educación y la salud sino que se usarán para equilibrar la balanza fiscal del país, para acercar la realidad a los objetivos del equipo económico; que espera que se publique un plan de explotación “para que la gente sepa cuándo, cómo y en qué condiciones va a ser realizada”; y que es necesario reformar el sistema actual para explotar en forma compartida el petróleo del presal, para que haya más ofertas.
Éste fue uno de los puntos más controvertidos de la licitación. Se postularon 11 empresas, de las cuales dos no presentaron las garantías necesarias y se retiraron. Otras cinco formaron un único consorcio que presentó una propuesta que incluía la entrega de las ganancias correspondientes a 41,65% de la producción de petróleo al gobierno, el porcentaje mínimo aceptable. Si bien se critica que se trató de una oferta pobre, se señala que un mayor porcentaje de la producción para el gobierno hubiera significado más inversión -o una eventual pérdida- para Petrobras.
Antes de que comenzara el proceso licitatorio, la directora general de la Agencia Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, en un exceso de optimismo había estimado que unas 40 compañías mostrarían interés en Libra. Las críticas a la obligatoriedad de que Petrobras participe en la explotación aumentaron desde el fin del proceso, el lunes, pero el gobierno rechazó la posibilidad de modificar la regulación.