Argentina pidió a Brasil la extradición de Manuel Alfredo Montenegro, un ex policía argentino acusado de haber torturado a detenidos durante la dictadura en su país. El fiscal general brasileño, Rodrigo Janot, que asumió su cargo en setiembre, emitió su recomendación a favor de habilitar la entrega del imputado y de disponer su prisión preventiva en un dictamen, en el que también expuso su parecer sobre la Ley de Amnistía y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Acerca de Montenegro, Janot apuntó que hay varios convenios entre Argentina y Brasil que permiten la extradición, que el presunto represor no está sujeto a ninguna ley de amnistía y que los delitos de los que se lo acusan no prescribieron. Subrayó que “en Argentina la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad practicados bajo un régimen autoritario fue reafirmada por la Corte Suprema”.
Janot dio un paso más al referirse al tema en general y no a lo particular de la situación argentina, considerando que “el carácter imprescriptible de los crímenes contra la humanidad constituye una norma jurídica imperativa del derecho internacional de los derechos humanos”.
El fiscal calificó de “hipócrita” el pedido de que los crímenes cometidos por la dictadura sean “dejados en el pasado”, y rebatió el argumento de preservar la “seguridad jurídica” que la amnistía da a los militares: “No hay seguridad jurídica a preservar”, cuando “uno de los aspectos autoritarios del régimen fue que, para instaurarse, tiró por tierra la propia seguridad jurídica”, analizó.
En ambos aspectos Janot contradice a su predecesor Roberto Gurgel, cuyo mandato terminó el 15 de agosto. El actual fiscal asumió el mes pasado tras un proceso que comenzó con su nominación por parte de la presidenta, Dilma Rousseff (que elige entre tres nombres propuestos por la Asociación Nacional de Fiscales de la República), y terminó con el aval de la Cámara de Senadores, que le dio su visto bueno con 60 votos a favor y cuatro en contra.
Janot también se opone a la postura del Supremo Tribunal Federal, que en 2010 ratificó la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. No se descarta que ante un nuevo proceso el resultado en el máximo órgano judicial sea distinto por los cambios que hubo en su conformación.
Según la legislación brasileña, el fiscal general de la República tiene que ser escuchado en todos los procesos de competencia del Supremo Tribunal Federal, o sea que si vuelve a tratar la Ley de Amnistía, Janot deberá dar su parecer. Por el puesto que ocupa también puede -al igual que otros organismos o altos cargos, como Presidencia o el Congreso- promover una Acción Directa de Inconstitucionalidad si considera que una ley atenta contra la Constitución. Este último es un recurso poco utilizado para leyes existentes, aunque sí se suele recurrir a él cuando se trata de nuevas normas.