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Miles de ciudadanos se manifiestan en el centro de Barcelona en defensa de la Constitución bajo el lema “¡Juntos! Por un futuro democrático y plural”. Foto: Marta Pérez, Efe

Un paso

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Cataluña convocará una consulta popular sobre su independencia en un año.

El gobierno catalán presentó ayer las preguntas que se incluirán en la convocatoria a la ciudadanía para que se pronuncie acerca de la independencia de España y también le puso fecha: 9 de noviembre de 2014. Acto seguido, el Ejecutivo español respondió que no permitirá que esa instancia se lleve a cabo e incluso algún dirigente amenazó con aplicar la suspensión de soberanía a Cataluña.

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“¿Quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado?”; en caso positivo: “¿quiere que ese Estado sea independiente?”, serán las consultas, según acordaron ayer cuatro formaciones catalanas: Convergència i Unió (CiU, alianza de gobierno), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

La doble pregunta hizo posible que casi todas las agrupaciones salieran conformes con el encuentro, que se anticipaba complicado por algunos desacuerdos previos. El líder de ERC, Oriol Junqueras, planteó, por ejemplo, que “no era la pregunta que ERC quería”; hubieran preferido referirse directamente al “Estado independiente”. Aun así, manifestó que están “muy satisfechos” con la pregunta encadenada.

El presidente catalán, Artur Mas, que casi vio cómo el acuerdo se le iba de las manos por estas desavenencias, quedó más que satisfecho, y consideró que con las preguntas y la fecha se cumple con todas las expectativas. Por su parte, el titular del grupo parlamentario de CiU en el Congreso Nacional, Josep Antoni Duran i Lleida, alabó a las formaciones catalanas por hacer un “ejercicio de generosidad” en pos del acuerdo y para “evitar el ridículo”. Ahora cada una de ellas lo trasladará a sus bases y luego lo llevarán al Parlamento de Cataluña. De ser aprobado irá al Congreso Nacional.

En esa última instancia probablemente sea rechazado, ya que tanto el oficialista Partido Popular (PP)como el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) adelantaron que la movida no prosperará.

“El Estado garantiza que la consulta no se va a celebrar”, dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, mientras que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo que los socialistas no están de acuerdo con la consulta y que Mas está conduciendo a Cataluña “a un callejón sin salida”. Además, el portavoz del PP en Diputados, Alfonso Alonso, recordó que la suspensión de la autonomía está contemplada en la Constitución para que cuando algún estado autónomo “incumpla sus obligaciones legales” su autonomía se suspenda parcial o totalmente, en materia electoral, de seguridad o de educación, por ejemplo.

Pero los grupos catalanes harán fuerza también en el Congreso Nacional, en el que CiU, ERC, ICV y CUP tienen representación: antes de que las preguntas y la fecha lleguen a las cámaras, impulsarán una medida parlamentaria para que se permita a la Generalitat convocar un referéndum. Se estima que esta proposición de ley cuente con el respaldo del Partido Nacional Vasco y de algunas agrupaciones regionales que también tantean el camino independentista.

En paralelo, el gobierno catalán conversará con el español para intentar disuadirlo, algo que parece poco probable.

En el terreno

Algunos dirigentes que participaron en las negociaciones han señalado que el acuerdo se alcanzó sólo entre políticos -y con suma discreción- pero no se trasladó a la sociedad, algo que se hará a partir de ahora.

Según las encuestas, los catalanes tienen una opinión favorable a la realización de la consulta, aunque sobre la independencia en sí misma se muestran divididos. Un trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas español reflejó que 41% de los catalanes quiere convertirse en un Estado independiente, 26% prefiere seguir en España pero con mayor grado de autogobierno, 18% mantener su estatus actual, 9% que desaparezca el ordenamiento territorial autonómico y España sea un gobierno centralizado y 3% quiere una autonomía con menos poder.

Otra encuesta, en este caso del Centro de Estudios de Opinión (catalán) informó que 55% de los catalanes apoya la independencia, una cifra que en sus sondeos ha venido aumentando en el último año.

Los estudios permiten concluir que si las opciones fueran la independencia o la situación actual, los catalanes elegirían la primera, pero que si hubiera otras posibilidades -como, por ejemplo, una nueva forma de gobierno autonómico- la independencia no sería la alternativa elegida por la mayoría.

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