La política de desalojos de España, cuestionada por su dureza por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya dejó sin vivienda a decenas de miles de personas que no pudieron pagar su hipoteca. Los activistas contra esas ejecuciones responsabilizan por la situación a los bancos, a integrantes del gobierno del Partido Popular (PP) y en particular a ocho legisladores oficialistas que se negaron a revisar la legislación española al respecto.
Por eso las sedes bancarias y las casas de algunos políticos se convirtieron en parte del recorrido de manifestaciones o en puntos en los que se convocan escraches. Fueron escrachados, entre otros, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Este tipo de protesta generó fuertes reacciones de rechazo. El director de Policía, Ignacio Cosidó, dijo que la gravedad del fenómeno es “limitada” pero que “hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son prácticas totalitarias”. Con él coincidió el propio jefe de gobierno. “Es un método antidemocrático, porque no se puede acosar a quien piensa y opina de manera distinta”, dijo Rajoy, según citaron el diario madrileño El País y la agencia de noticias Efe.
En cambio, para la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, “los que coaccionan y amenazan son los bancos y los partidos”. Por su participación en los escraches, la activista fue denunciada por el grupo de derecha Manos Limpias, que se autodefine como sindicato y que se hizo conocer fuera de España con sus denuncias contra el juez Baltasar Garzón.
En su escrito, presentado ante la Fiscalía General del Estado, Manos Limpias pide que se investigue a Colau como instigadora y partícipe en delitos de amenazas y coacciones, y argumenta que la activista “entra en permanente confrontación con la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que gran parte de las víctimas colaterales son los menores que han contemplado, viven y sufren los ataques sufridos en el domicilio de sus padres”.
Otra voz que se hizo sentir en la polémica en torno a los escraches fue la de Sigfrid Soria, un político que perdió su puesto en la Junta Directiva Nacional de 600 miembros que tiene el gobernante PP por los mensajes que publicó en su cuenta de Twitter. En uno dijo: “Los nazis pintaban estrellas de David. Ahora se usan pegatinas”. En otro, el más cuestionado, se refirió en forma despectiva a los activistas y advirtió que si alguien intenta hacerle un escrache o lo acosa en la calle, “la hostia que se lleva ni se la va a creer”.
También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró los escraches actos “de totalitarismo, nazismo o fascismo”. A ella le respondió la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Elena Valenciano, que la acusó de no saber lo que fue el nazismo y de “echar gasolina al fuego”. Valenciano argumentó que el problema de su país “no son los escraches sino los desahucios”, que las protestas se deben a la desesperación de la gente y que es “totalmente disparatado” compararlas con el nazismo. Sin embargo, opinó que hay que respetar la “fina línea que separa la protesta de la amenaza”.
A los españoles en general, los escraches les simpatizan más que a los políticos. Una encuesta elaborada para la Cadena Ser por la firma My Word indica que 59% de la población los aprueba como método de protesta y que 75% valora “bien” o “muy bien” a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Distintos frenos
El Ministerio del Interior anunció la semana pasada su respuesta a los escraches, aunque lo hizo en forma algo errática. Primero, el número dos de la cartera, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, dijo que la Policía recibiría instrucciones para que no permitiera que se convocaran escraches a menos de 300 metros de las casas particulares de los políticos. Horas después, el titular del ministerio, Jorge Fernández, dijo que no era así, que sería “absurdo” establecer esa distancia para todos los casos y que en algunos “serán 300 metros y en otros 30”, según las características del lugar.
Mientras el gobierno de Rajoy apunta a frenar las protestas, la coalición que gobierna Andalucía, integrada por Izquierda Unida (IU) y el PSOE, busca poner freno al impacto social de la crisis económica y aprobó el martes 9 las “Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda”. Entre esas políticas, que tomaron casi un año de elaboración y fueron impulsadas por IU, figura una que habilita a las autoridades a quitarle a un banco el derecho de uso de una vivienda, por un período de hasta tres años, en favor de aquellas familias que estén en condiciones de ser desalojadas y que también cumplan con ciertas características socioeconómicas y necesiten esa casa.
Otra medida consiste en la aplicación de multas de hasta 9.000 euros a las viviendas vacías que estén en manos de instituciones financieras. Así el gobierno regional intenta fomentar que esas casas y apartamentos se alquilen, en una comunidad autónoma en la que la cifra de viviendas vacías se ubica entre 700.000 y un millón, y la mitad de ellas pertenecen a bancos y a inmobiliarias.
Mientras la crisis está
Días atrás, en referencia a esta decisión del gobierno andaluz, Valenciano escribió en su cuenta de Facebook: “Si aquí no hay izquierda, que baje Dios y lo vea”. Por su parte, el dirigente de IU, Cayo Lara, anunció que su partido va a promover que otras comunidades autónomas adopten medidas similares, que “reconcilian a la ciudadanía con la política con mayúsculas”. Respecto de esta iniciativa Valenciano se mostró menos convencida, y según informó RTVE, dijo que “no todas las comunidades son iguales ni tienen las mismas recetas”.
Para atender la situación social surgida de la crisis económica, el Parlamento discute un proyecto por el cual las deudas hipotecarias se saldarían al entregar la casa hipotecada al banco, y estas instituciones ya no podrían, como sí pueden hoy, reclamar otros pagos a sus deudores desalojados.
Durante 2012 quedaron en poder de los bancos 38.778 viviendas cuyos dueños no pudieron pagar la hipoteca, según un estudio del Colegio de Registradores, los funcionarios que verifican la legalidad de los documentos en los registros públicos. Ese informe, publicado por El País, indica que entre las regiones españolas fue Andalucía la que concentró el mayor número de estos casos, con más de 7.000 viviendas que pasaron a manos de instituciones financieras. Durante 2012, en toda España, cada día hábil se ejecutaron en promedio 115 desalojos.