Las autoridades habían prometido que el de 2012 sería el mejor de los censos que Chile tuvo en su historia, pero parece que no lo lograron. Los problemas comenzaron a mediados del año pasado, cuando entre el equipo técnico del INE y su director, Francisco Labbé (ahora ex director), tuvieron diferencias sobre el procedimiento que se seguiría en el censo. Labbé optó por reemplazar a quienes cuestionaban el proceso y seguir adelante, pero cuando en abril se dieron a conocer los primeros resultados, éstos fueron objeto de críticas.
El 2 de abril Labbé anunció que la población chilena es de 16.600.000 personas. Varios miembros del equipo técnico que hizo el censo señalaron públicamente que en realidad las personas censadas fueron 15.800.000, y que ésa sería, según las convenciones internacionales, la cifra que debería anunciarse como población chilena. Estadísticamente se puede informar, también, de una cifra mayor, mediante una estimación que incluye los hogares en los que no se encontró a nadie -y por lo tanto no se pudieron censar- y las áreas que quedan fuera de la cobertura del estudio.
Asesores de Labbé también ratificaron esas cifras en comunicación con miembros del gabinete ministerial. Una investigación del Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló un correo personal de Eduardo Carrasco, el jefe del Censo 2012, que aseguraba a la jefa de uno de los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Casas-Cordero, que los datos entregados por Labbé (de 16.600.000 habitantes en Chile) “corresponden al total de viviendas censadas”. Tampoco en el informe presentado por el equipo del Censo 2012 se aclara que ese dato es producto de una estimación estadística.
En su justa medida
El problema en torno a los datos del censo puso en evidencia otra polémica que se vivía al interior del INE chileno sobre metodologías, que afectan a ítems del Índice de Precios al Consumo (IPC), que para algunos técnicos se subestima. Con base en el IPC se fija el salario mínimo, se hacen los reajustes salariales y se calculan los fondos para planes sociales, por ejemplo. En este caso, críticos y defensores señalan que se trata de un error que no se debe a una intencionalidad política.
El problema, señalaron expertos y técnicos del INE, es que para medir las categorías vestuario, calzado y productos tecnológicos se considera, mes a mes, el mismo producto, que suele bajar de precio por la aparición de nuevas versiones o por cambios en la moda. Por ejemplo, unas sandalias tendrán en verano un precio más alto en verano que en invierno.
El INE ya anunció que hará una revisión de cómo mide el IPC -que según expertos se subestima en 1% o 1,5%- y que imitará el modelo de países europeos para que el dato refleje mejor la realidad. El gobierno recordó además que el modelo de medición fue instaurado por la administración anterior.
La investigación de Ciper reveló que Labbé estaba al tanto de que la cifra que presentaba no era precisa. También concluyó que el funcionario intentó ocultar que, como resultado de una falencia en el diseño del censo, la cobertura de la población fue menor a la habitual. Dejó sin censar a 4,8%, según el jefe de Demografía del INE, Eduardo Arriaga, que lo calificó como un porcentaje demasiado grande. Entre los elementos que figuran en el informe está la entrevista a una de las asesoras del INE, Mariana Alcérreca, quien relató una conversación que mantuvo con Labbé cuando él le pidió que pusiera en el informe del Censo 2012 que las personas censadas habían sido 16.600.000. Alcérreca le advirtió a Labbé que había “engaño al incluir a los moradores ausentes”, a lo que el director le respondió: “No seas huevona, no te dispares en los pies”. Alcérreca aseguró que si daba la entrevista a Ciper era porque ya había intentado marcar los errores en el interior del INE pero que no la habían escuchado; a su vez, aseguró que ni el presidente Sebastián Piñera ni el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira (hoy candidato presidencial), estaban al tanto de los manejos de Labbé.
Partida
Una vez que el escándalo ocupó las portadas de los diarios chilenos, el director del INE presentó su renuncia, que fue aceptada por el gobierno. Desde el Ministerio de Economía, en el cual está comprendido el INE, se informó que se facilitaría a la Justicia la información sobre los datos del censo para que ésta concluyera si hubo delito. La Fiscalía abrió una investigación y también se formó en la Cámara de Diputados una comisión con el mismo fin.
El subsecretario de Economía, Tomás Flores, fue quien comunicó la renuncia de Labbé (el nombre del titular de esa cartera, Longueira, ya sonaba como precandidato presidencial del oficialismo). Al dar la noticia, Flores dijo que Labbé le manifestó que se sentía un “obstáculo” para mantener “la credibilidad del sistema estadístico” chileno.
Por su parte, Labbé aseguró al diario chileno La Tercera que renunció porque “eran demasiadas las mentiras que se estaban diciendo” y que el fin último era “atacar” al presidente Piñera. “Son razones políticas disfrazadas de aspectos técnicos”, sostuvo, “y estoy preparado para defenderme, pero no en estos momentos”. En paralelo a la renuncia y a las dos investigaciones se suspendió la facilitación de datos del censo y se dejó en stand by la página web.
El gobierno no tardó en nombrar a un nuevo director. Fue designado el economista Juan Eduardo Coeymans, quien salió en varios medios a prometer transparencia en la gestión. Ni bien asumió, tres de los cuatro asesores de Labbé renunciaron -entre ellos, el encargado del Censo, Carrasco- y el cuarto pidió licencia médica.
Coeymans anunció que se realizaría una auditoría interna en el INE, aunque aseguró que si hubo un problema está convencido de que “es de carácter técnico y no de mala intención”, e ilustró con un ejemplo: si se informa de una población mayor a la real (como sería en este caso) “su ingreso per cápita sería menor [...] al gobierno le habría convenido subestimar la población” y no aumentarla.
Además, un grupo de expertos que comenzó a trabajar el viernes llevará adelante una auditoría externa, para dar mayor seguridad en los resultados. Lo integran técnicos del INE, del Ministerio de Desarrollo Social y hasta un asesor de las Naciones Unidas.