Desde ambos gobiernos se señaló que este primer encuentro entre Obama, que asumió su segundo mandato en enero, y Xi, nombrado presidente en marzo, servirá para trazar las líneas de colaboración bilaterales durante los próximos años.
Para crear un ambiente propicio al diálogo y el intercambio se dispuso que el encuentro se celebre en el rancho Mirage, en California.
Intentando incidir en el tono y la agenda del encuentro, en los últimos días hubo reclamos de varias organizaciones civiles para que Obama exija al gobierno chino que se respeten los derechos humanos. También aprovechó la visita de Xi para traer el tema sobre la mesa el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, quien en una carta acusó a China de cometer “una falta de respeto por los derechos humanos universales”.
Pero si bien los derechos humanos están en la agenda, el tema central será el ciberespionaje y los ciberataques. China ha sido acusada de llevarlos en reiteradas ocasiones desde varios frentes estadounidenses: el Pentágono, un informe privado solicitado por The New York Times y, a cabo días atrás, el secretario de Defensa, Chuck Hagel. Incluso el martes, en una cumbre sobre el tema, la OTAN anunció que buscará la forma de colaborar para mejorar la ciberseguridad de sus países integrantes, incluyendo a Estados Unidos.
Pero hace pocos días China hizo una contraacusación: Huang Chengqing, el máximo encargado de la seguridad de internet en el gigante asiático, aseguró que tiene en su poder “abundante información” de que su gobierno es espiado desde Estados Unidos, pero que sería atrevido de su parte responsabilizar por eso al país entero.
Éste es uno de los principales puntos de conflicto, porque desde la Casa Blanca se ha indicado que Obama sí dejará en claro a Xi que responsabiliza a su gobierno de cualquier ataque informático que pueda recibir Estados Unidos de China.
Cambio de frente
Durante el encuentro con Xi, Obama también deberá atender lo doméstico. Ayer el diario The Washington Post y el británico The Guardian revelaron una orden judicial del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, que funciona en secreto, en la que se pide a la compañía telefónica Verizon, una de las más importantes de Estados Unidos, información sobre las llamadas de las líneas empresariales.
En la orden, disponible en la web de The Guardian, se pide a Verizon que brinde los detalles de las llamadas nacionales e internacionales; específicamente, los números de los teléfonos que se comunican, la hora y la duración de la llamada. Se aclara expresamente que la información solicitada “no incluye el contenido sustantivo de cualquier comunicación [...] o el nombre, dirección, o información financiera” de las personas involucradas.
La orden está en vigencia desde hace tres meses. La senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia de la cámara alta, señaló que, hasta donde ella sabe, la orden se renueva por ese período desde hace siete años.
El Congreso, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia defendieron el pedido, realizado bajo la órbita del Patriotic Act, que fue relanzado por la administración de George W Bush. Una fuente cercana a Obama dijo a The New York Times que “información de ese tipo ha sido una herramienta crítica para proteger a la nación de las amenazas terroristas a Estados Unidos”.
Además, la fuente, que prefirió permanecer en el anonimato, defendió este método porque permite descubrir si personas que son -o se sospecha que son- terroristas conversan con otras que puedan estar vinculadas con actividades de este tipo, especialmente si viven en Estados Unidos. Justamente, como lo que se busca son nuevas amenazas, la solicitud es para todos los clientes de Verizon de líneas empresariales, lo que involucra millones detalles de llamadas. Tanto The Guardian como The Washington Post señalaron que no pudieron averiguar si órdenes similares fueron emitidas a otras compañías telefónicas.
Pese a la defensa que se hizo de este espionaje que lleva adelante Estados Unidos sobre sus habitantes, algunos legisladores demócratas y republicanos criticaron estos procedimientos. Entre ellos estuvo el senador demócrata Mark Udall, quien junto a Ron Wyden -ambos miembros del Comité de Inteligencia del Senado- venía advirtiendo que los estadounidenses quedarían impactados si supieran qué tanto los vigila su propio gobierno.