Chile se independizó en 1818 y siete años después lo hizo Bolivia. En ese entonces la frontera entre ambos países estaba en el desierto de Atacama. Parece haber una coincidencia en el hecho de que en ese entonces a ninguno de los dos le interesaba mucho delimitar por dónde pasaba esa frontera, ya que el desierto era considerado básicamente un territorio inútil.
Esa percepción cambió definitivamente cuando se descubrió, en la década de 1860, que en el desierto había yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, entre ellos, salitre, que a lo largo de los siguientes años se convertiría en el “oro blanco” de Europa. Hubo varios pactos entre ambos países para marcar sus límites en el desierto de Atacama, pero el de 1874 pareció ser la solución definitiva. En él se fijaba el límite en el paralelo 24. Con la firma de este acuerdo, Chile renunciaba a adueñarse del territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24; Bolivia, por su parte, accedía a que durante 25 años Chile siguiera exportando lo que extraía de ese territorio sin aumentar los impuestos “a las personas, las industrias y los capitales chilenos”. Entre otras empresas chilenas estaba la Compañía de Salitre de Antofagasta, que comenzó sus exportaciones del “oro blanco” a Europa en 1872. Así funcionó todo, pero sólo durante dos años.
De entre casa
Bolivia vivía una convulsión política desde hacía al menos una década. El general Mariano Melgarejo había liderado un golpe de Estado en 1864 y fue presidente durante un sexenio marcado por una sangrienta represión. El general Agustín Morales, quien era su aliado, cambió su postura y apoyó a sus opositores. Otro golpe de Estado marcó el cambio de gobierno y Morales se convirtió en presidente en enero de 1871. En noviembre del año siguiente enfrentaba una fuerte oposición, ante la cual puso su cargo a disposición del Congreso, que se reunió por primera vez desde el golpe de Estado de 1864. Mientras el Congreso debatía si aceptaba o no la renuncia del presidente, éste tuvo varios cambios de humor, en el marco de los cuales agredió a uno de sus asistentes. Intentando frenar la escaramuza intercedió su sobrino, que terminó matándolo.
Así, en noviembre de 1872, Tomás Frías, entonces presidente del Consejo de Estado, se convirtió en presidente de Bolivia con el compromiso de llamar rápidamente a elecciones. Cumplió con su palabra y Adolfo Ballivián ganó los comicios a mediados de 1873.
Durante un mandato que resultó demasiado corto, Ballivián intentó reforzar a la debilitada fuerza naval boliviana ante los intentos de Chile de dominar el territorio delimitado por los paralelos 23 y 24, pero el Congreso rechazó su solicitud. El gobierno de Ballivián sufrió una fuerte baja del precio de la plata, principal producto de exportación -que también se extraía del desierto de Atacama-, una contrariedad que se sumó a la ya acostumbrada fuerte oposición, que venía tanto de los políticos como de la burguesía boliviana. En medio de esas disputas políticas a Ballivián le diagnosticaron cáncer de estómago, lo que derivó en su fallecimiento apenas nueve meses después de haber asumido la presidencia, que volvió a quedar en manos de Frías.
El “reelecto” presidente se encontró, en 1874, con una situación crítica: a la crisis económica se había sumado una presión chilena cada vez más fuerte. En ese marco firmó el tratado con Chile, que despertó fuertes enojos tanto en la burguesía boliviana como en las Fuerzas Armadas. La crisis y las intentonas golpistas en contra del gobierno no cesaron. En una de ellas dos generales del Ejército, ante la imposibilidad de entrar al Palacio de Gobierno, la sede del Ejecutivo, lanzaron antorchas, incendiándolo y dando nacimiento a su denominación popular: Palacio Quemado.
Intentando frenar el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, Frías nombró ministro de Guerra al máximo jerarca militar, el general Hilarión Daza. Meses después de su nombramiento, Daza se autodenominó candidato presidencial y Frías le negó su apoyo, lo que derivó en que el general diera un golpe de Estado en mayo de 1876.
La presidencia de Daza fue de las más duras que vivió Bolivia: todos quienes se oponían a su gobierno fueron reprimidos, así fueran políticos, líderes indígenas o hasta periodistas, pero además dejó las arcas bolivianas totalmente vacías. La presidencia de Daza y la inestabilidad que provocó fueron fundamentales para que comenzara la Guerra del Pacífico.
En la vereda de enfrente, Chile vivía una tranquila sucesión democrática entre presidentes, sin golpes de Estado ni grandes levantamientos. Además la nación trasandina contaba con unas poderosas Fuerzas Armadas, que desde 1861 se ocuparon de dominar por medio de la fuerza las regiones mapuches, en lo que se denominó la “Pacificación de la Araucanía”, que se mantuvo hasta 1883.
El gobierno chileno estaba presidido por Aníbal Pinto, quien tenía un largo historial como legislador y fue el único candidato de unas elecciones en las que ganó con los votos de 293 de los 307 integrantes del Congreso. Durante su mandato, Pinto tuvo que enfrentar una moderada crisis económica, durante la cual crecieron las presiones para que endureciera su postura ante Bolivia, adueñándose del territorio que había cedido en el pacto de 1874.
Un poquito de presión
En 1878 el Congreso boliviano estaba dominado ampliamente por quienes respaldaban al entonces presidente, el general Daza, ya que los opositores habían sido expulsados. Esa integración comenzó a estudiar el acuerdo que Frías había firmado con Chile en 1874, del cual era muy crítico. Los parlamentarios sostuvieron que como nunca habían aprobado el tratado, éste todavía no había entrado en vigor, aunque en la práctica se funcionaba como si lo hubiera hecho. En este marco aprobaron una norma en la cual aceptaban el pacto pero aumentaban los impuestos a la exportadora chilena en la zona, la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, que debería pagar diez centavos por cada quintal de salitre exportado.
En los meses siguientes se produjeron varios intentos de negociación y amenazas de una y otra parte. En diciembre de 1878 Daza ordenó el remate de la empresa salitrera, Chile consideró roto el pacto de 1874 y el 14 de febrero de 1879, el día que se haría el remate, ocupó el territorio al que había renunciado en el texto, el comprendido entre los paralelos 23 y 24 -que estaba habitado por unos 10.000 chilenos bajo administración boliviana-, impidiendo además que se ejecutara el remate.
Nuevamente hubo intentos de negociación, incluso por parte de Perú, que en 1873 había firmado un acuerdo en el que se comprometía a aliarse con Bolivia si este país se veía involucrado en un enfrentamiento armado. Otra vez fue Daza quien tomó la delantera y el 1° de marzo de 1879 decretó el fin del comercio y la comunicación con Chile y la expulsión de todos los chilenos de su territorio, incluyendo el embargo de sus bienes. Esta medida terminó de encender la hoguera y el 5 de abril Chile le declaró la guerra a Bolivia y Perú.
Sangriento desenlace
La guerra costó la vida de 23.000 latinoamericanos, entre militares y civiles. Los enfrentamientos cesaron en 1883, cuando Chile y Perú firmaron el Tratado de Ancón, en el que se disponía que las provincias peruanas que Chile había ocupado durante la guerra quedarían bajo su tutela durante diez años, al cabo de los cuales se realizaría un plebiscito, que nunca se llevó a cabo. La mediación estadounidense, que se produjo en la década de 1920, hizo que Chile devolviera a Perú algunas ciudades y se firmara un nuevo pacto en el que los dos países se declaraban conformes.
Pero el más perjudicado por la derrota bélica fue Bolivia, que terminó firmando la paz con Chile recién en 1904, acto que significó una gran pérdida para la nación del Altiplano, que resignó todos los territorios que tenía que daban al océano Pacífico, que pasaron a ser de Chile. Junto con los territorios, los chilenos se adueñaron de la administración de decenas de yacimientos que serían la base de su crecimiento económico durante décadas, hasta que en la Primera Guerra Mundial se descubrió el salitre sintético. En paralelo, en Antofagasta, se concretó un cambio que se adivinaba hacía algunos años: los yacimientos pasaron de tener una exploración y gestión estatal -cuando estaban bajo dominio boliviano- a ser explorados por empresas particulares, mayoritariamente extranjeras, al ser privatizados por Chile.