Ayer, mediante un comunicado transmitido por la televisión local, el gobierno que encabeza Bashar al Assad anunció que permitirá el acceso a la zona de los inspectores de la ONU, medida que fue tomada luego del encuentro que mantuvo el ministro de Exteriores sirio, Walid al Mualem, con la alta representante de la ONU para el desarme, Angela Kane.
Si bien desde que se denunció el ataque del miércoles Estados Unidos, Francia y Reino Unido habían comenzado a exigir la investigación del caso, fue determinante la postura de Rusia, país que permanentemente ha apoyado a Al Assad, pero que en esta ocasión también se sumó al reclamo internacional. De todos modos, el gobierno ruso pidió cautela ante eventuales acciones militares que se puedan emprender en Siria, luego de que Estados Unidos y Reino Unido amenazaran con una “respuesta seria” ante el ataque atribuido al Ejército oficial. “Una vez más instamos encarecidamente a todos aquellos que tratan de imponer de antemano a los expertos de la ONU resultados predefinidos de la investigación en curso y declaran la posibilidad de una acción militar contra Siria, ejercer su discrecionalidad y no cometer errores trágicos”, declaró Aleksander Lukashévich, representante de la cancillería rusa.
Pero más allá de este pedido, cada vez queda menos margen para negar que se hayan usado armas químicas en el ataque.
Un portavoz del gobierno estadounidense declaró que “dado el número de víctimas, los síntomas de los muertos y heridos, las declaraciones de los testigos y otros hechos confirmados por otras fuentes, los servicios de inteligencia y los aliados internacionales, hay muy pocas dudas en este momento de que el régimen sirio ha utilizado armamento químico contra civiles”. En el mismo sentido el presidente francés, François Hollande, declaró que hay “pruebas” que sugieren que el ataque perpetrado el miércoles en las afueras de Damasco “es de naturaleza química”, y ha advertido que “todo apunta” al régimen de Bashar al Assad como responsable. Durante el fin de semana, la organización Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado en el que informó que tres hospitales de la provincia de Damasco en los que prestan servicios desde el año pasado trataron el miércoles a más de 3.500 pacientes “con síntomas neurotóxicos”, de los cuales 355 murieron en poco tiempo. Incluso el gobierno sirio no negó la existencia del ataque, aunque inculpó de éste a los rebeldes, en el intenso cruce de declaraciones que se han dado en los días posteriores al hecho, que a partir de hoy se comenzará a investigar en profundidad.
Si bien los rebeldes, que controlan la zona donde se habría registrado el ataque, se comprometieron a acompañar a los inspectores durante su visita para garantizarles la seguridad, esto no forma parte del acuerdo alcanazado entre la ONU y el gobierno sirio, porque son funcionarios del régimen de Al Assad quienes formarán parte de la delegación que acudirá a Ghuta.
En la comunidad internacional predomina la idea de que las investigaciones pueden brindar resultados esclarecedores acerca de si, como se ha denunciado, la población civil fue atacada con gas sarín, que es la sustancia a la que se apunta específicamente como la utilizada por las fuerzas oficialistas, aunque en el caso de Estados Unidos, funcionarios manifestaron que la investigación llega “demasiado tarde”. Un funcionario de alto rango de la administración de Barack Obama, que solicitó anonimato, manifestó en una entrevista con la cadena televisiva CBS que la presencia de funcionarios de la ONU “llega demasiado tarde como para darle crédito”. “Si el gobierno sirio no tuviese algo que ocultar y quisiera probar al mundo que no ha usado armas químicas en este suceso, hubiera cesado sus ataques en el área y hubiese dado acceso inmediato a la ONU, hace cinco días”, aseveró el funcionario.