El presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, contó a la diaria que se comunicó el miércoles con el italiano Giancarlo Capaldo, fiscal de la causa que investiga crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, y que éste le confirmó que iniciará un pedido de extradición ante la Justicia brasileña por el coronel retirado uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo. “Va a pedir la extradición a Brasil, porque en el expediente de la Justicia italiana está la dirección de Mato en Rivera, y ahora está en Brasil”, en Santana do Livramento.
Mato tiene un pedido de detención de la Justicia uruguaya por la investigación de la muerte de Luis Batalla, por torturas, el 25 de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería Nº 10 de Treinta y Tres. La causa fue iniciada en 1986 y archivada -sin motivo, porque la muerte fue antes del comienzo de la dictadura-, bajo el amparo de la Ley de Caducidad. Pero después de que se aprobó el decreto que revocó los actos administrativos que se ampararon en esa ley, la organización de ex presos políticos Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, que hace el seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, pidieron la reapertura del caso, que se hizo en abril de 2013.
Desde entonces, explicó el abogado Federico Álvarez Petraglia, declararon más de 15 militares en calidad de indagados, otros detenidos en el Batallon Nº 10 como testigos, y se aportó el expediente de la Justicia Militar, que fue rastreado y encontrado. En este expediente consta qué militares estaban destinados al Batallón, sus roles, las declaraciones de los involucrados -entre ellos el propio Mato, que integraba el S2 del Batallón y que reconoce haber interrogado a Batalla- y la autopsia, que determina que la causa de la muerte fue el “estallido de hígado” como consecuencia de las torturas. Entre las declaraciones que recibió la jueza se encuentran también las de tres militares que por distintas razones se encontraban en el Batallón de Infantería Nº10, que ratifican la hipótesis de la muerte de Batalla tras la tortura.
En el marco de la investigación presumarial se citó a Mato pero no compareció. A fines de noviembre, al saber que el ex coronel tenía domicilio en Santana do Livramento, la jueza penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, libró una orden de detención contra Mato, quien desde entonces está prófugo. Álvarez Petraglia aseguró a la diaria que “hay elementos de convicción suficiente para imputarlo por su participación en el homicidio de Batalla”, en el caso de que Mato estuviera en Uruguay. En opinión del abogado, el pedido de detención también es suficiente para hacer un pedido de extradición.
Uno u otro
Krischke no es optimista respecto de que se concrete la extradición a Italia. Explicó que Mato Narbondo obtuvo su ciudadanía brasileña porque su madre nació en Brasil. En 1993 presentó su partida de nacimiento, con la traducción correspondiente, ante las autoridades brasileñas y consiguió la cédula de identidad de ese país. Luego, en 2003, hizo el último trámite por la ciudadanía, que consiste en declararse residente en ese país y optar por la ciudadanía brasileña ante la Justicia Federal. “Entonces se le dio la ciudadanía plena”, informó Krischke.
El antecedente más cercano de una extradición a Italia se remonta a 2010, cuando el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no permitió la extradición de Cesare Battisti, un italiano que había participado en las Brigadas Rojas y que estaba acusado de cuatro asesinatos. Krischke agregó que la Justicia brasileña no habilita la extradición por un crimen que haya prescripto en su país, y el homicidio prescribe a los 20 años.
Explicó, no obstante, que por el Tratado del Mercosur, aunque Brasil no apruebe la extradición está obligado a juzgar en Brasil al acusado si se trata de un delito vigente en el país. “El homicidio prescribió, pero el secuestro con desaparición es un crimen permanente, que sigue vigente, y por este tema sí se lo podría encausar en Brasil”, añadió. Por ese motivo, Krischke se puso en contacto con el fiscal de la causa Plan Cóndor en Buenos Aires, Miguel Ángel Osorio, ya que Mato también estuvo en Automotores Orletti y podría ser imputado en ese caso. Álvarez Petraglia coincidió con la tesis, ya que aseguró que Mato integró el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que actuó en Argentina y Uruguay. “Sería muchísimo más fácil si por el Tratado del Mercosur Uruguay o Argentina pidieran la extradición”, insistió Krischke.
Queda todavía
Álvarez Petraglia informó que una que vez que se levante la feria judicial mayor, en febrero, continuarán las declaraciones de testigos. Entre otros, se citará al ex diputado del Partido Demócrata Cristiano Daniel Sosa Díaz, quien fue el encargado de interpelar, en 1972, al ministro de Defensa Nacional de la época, Enrique Magnani, por la muerte de Batalla. Magnani terminó renunciando un mes después y, con la interpelación, el Parlamento reconoció la existencia de torturas, en democracia, en depedencias militares.