“Éste no es, de hecho, el primer escándalo, pero es el primero que se investiga. Eso cambiará para siempre las relaciones entre la sociedad brasileña, el Estado brasileño y las empresas privadas”, dijo Rousseff, antes de agregar que “la principal característica de esta investigación es que no es ‘encajonable’”.
Además, la presidenta destacó que “no todos los miembros de Petrobras son corruptos”, y subrayó: “No podemos condenar a la empresa, tenemos que condenar a las personas, de los dos lados, corruptos y corruptores”.
Las detenciones realizadas el viernes en el marco de la operación Lava-Jato son posibles gracias a una ley que Rousseff sancionó a fines de 2013 que establece que las personas jurídicas -en este caso las empresas- que hayan motivado actos de corrupción también pueden ser castigadas por la ley. Hasta ese entonces, sólo se podía perseguir a las personas físicas responsables por los actos de corrupción -por ejemplo, al trabajador de la empresa privada que hubiera ordenado o efectuado el pago-, pero no a los directivos de la empresa que hubieran tomado la decisión de llevar adelante un acto de corrupción. La ley permite tomar varias medidas contra las empresas corruptoras: confiscación de bienes, suspensión de actividades y hasta disolución. Además, contempla penas como la prohibición de que esa empresa sea beneficiada con subsidios o incentivos otorgados por el Estado.
La información que brindaron -a cambio de una reducción de pena- el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, que era mediador de los pagos entre las empresas y los funcionarios de Petrobras, llevaron a que la Policía Federal determinara qué empresas formaban parte del esquema de corrupción montado en la petrolera estatal. En las últimas semanas, la Policía Federal, la Procuraduría y estas empresas mantuvieron algunas negociaciones para lograr un acuerdo. La única que lo firmó fue Toyo Setal, que reveló algunos detalles de las operaciones. Sin acuerdos con las demás empresas, la Justicia decidió proceder a las detenciones, que se hicieron el viernes.
Fueron detenidas 27 personas, entre ellas directivos de ocho de las mayores empresas del país, otros dos ex funcionarios de la compañía estatal (uno de ellos acordó brindar información a cambio de beneficios), y Marice Corrêa de Lima, cuñada del tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, João Vaccari Neto. Es sospechosa de haberse encargado, en algunas ocasiones, de hacer llegar el dinero de los corruptores a los corruptos. También fue detenido un integrante de la Policía Federal que utilizaba su cargo para dejar pasar sin declarar el dinero de estos actos de corrupción. De los 27 detenidos, 23 continuaban ayer en prisión para prestar declaración ante la Justicia, y además de las detenciones de las empresas se bloquearon los bienes de los investigados por un valor de 720 millones de reales.
La Policía Federal sospecha, en base a sus investigaciones, que el dueño y presidente de la empresa UTC, el ingeniero Ricardo Pessoa, es “el jefe de club”. Eran parte de este club 13 de las mayores firmas de Brasil que mantenían relaciones cercanas con directores de Petrobras y políticos de la base aliada del gobierno. Estas empresas acordaban con la estatal los precios de las obras, qué parte de cada obra sería adjudicada a cada una y cuánto pagarían de coima, que usualmente era 3% del valor de la obra que realizarían. Según las declaraciones de Costa, que todavía no fueron verificadas, ese dinero fue destinado a las campañas electorales de legisladores y gobernadores. Las cifras son altas. Por ejemplo, entre 2005 y 2014 el grupo OAS pagó 17 millones de reales en coimas por medio de Youssef. Según las declaraciones de Costa y Youssef, aún no verificadas, estos fondos beneficiaron tanto a partidos que formaban parte de la base aliada -incluido el hoy opositor Partido Socialista Brasileño- como al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña. El más mencionado entre los oficialistas es el Partido del Movimiento Democrático Brasileño; también figura con frecuencia el Partido Progresista y, en menor medida, el Partido de los Trabajadores de Rousseff.
Las empresas involucradas en este esquema son: OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, UTC, Engevix, Iesa y Galvão Engenharia, que son a su vez responsables de la mayor parte de las grandes obras de Brasil.