El presidente del PRD, Carlos Navarrete, se reunirá hoy con el fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, que pidió hace una semana la renuncia de toda la directiva para salvar a esa fuerza política, que en su opinión está “a punto de disolverse o de quedar como simple franquicia político-electoral”.
Cárdenas, que sigue siendo la principal referencia del PRD, dijo ayer que evaluará si permanece en el partido en función de la respuesta que reciba de la dirigencia, informó el diario La Jornada. “Voy a llegar y me voy a sentar, a mí me invitan a platicar. Cuando a uno lo invitan a una casa que no es la propia, uno se sienta y escucha primero lo que le proponen y después, según lo que propongan, serán las respuestas”, dijo.
La desaparición, el 26 de setiembre, de 43 estudiantes de magisterio en Iguala, en el estado de Guerrero, a manos de policías municipales y narcotraficantes, en hechos que también dejaron seis muertos ese día, desató una puja entre los dos principales sectores del partido. El alcalde de ese municipio, José Luis Abarca, que ahora está preso y al que se investiga por delincuencia organizada, secuestro y homicidio, integraba el PRD. También pertenecía a ese partido el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que tuvo que renunciar ante las protestas en su contra y porque la población y los familiares de los desaparecidos lo acusan de haber protegido a Abarca.
El domingo René Bajarano, el líder de una de las corrientes del PRD, Izquierda Democrática Nacional (IDN), volvió a acusar a la otra corriente, Nueva Izquierda (NI), de lo ocurrido en Guerrero. Esta última es mayoritaria en el PRD y a ella pertenece el presidente del partido.
“Si [Navarrete] no quiere renunciar, que se quede con su cargo, pero conformemos una coalición de izquierda. No fue el PRD -que es la tercera fuerza política del país-, fue la NI. No tenemos que cargar nosotros con esa responsabilidad”, dijo Bajarano en una reunión que convocó para tratar la situación del país, que enfrenta la indignación masiva de la población por lo ocurrido en Iguala. IDN se opone a una alianza con el Partido de Acción Nacional, de tendencia conservadora y demócrata cristiana, que defiende el sector de Navarrete, y propone una alianza de izquierda como alternativa.
“Se pudo evitar la tragedia. Hubo omisiones, complicidad y negligencia en toda esta etapa”, continuó el líder de IDN. En el caso del PRD “hay complicidades claras de la NI y no se puede evadir esa responsabilidad, y, pese a todo, no han querido tocar ni con el pétalo de una crítica al procurador [general de la República, Jesús Murillo]”, agregó en referencia a las varias denuncias presentadas en contra de Abarca antes de la desaparición de los estudiantes.
Navarrete se defendió y dijo que las autoridades partidarias fueron electas en internas en las que votaron “más de dos millones de afiliados”. Otro argumento que dio el dirigente es que se están impulsando medidas para evitar que el narcotráfico se infiltre en el partido. “No vamos a manejar ni un centavo de las prerrogativas de campaña en 2015”, dijo, al anunciar que pedirá al Instituto Nacional Electoral que administre esos recursos. En junio se renovarán 500 bancas de diputados nacionales, los gobiernos de nueve estados y 1.532 cargos locales.
“En 25 años hemos vivido momentos difíciles, pero ninguno como éste”, opinó Navarrete sobre la interna del PRD al presentar un conjunto de medidas.
“Llegamos a promover candidatos de gente que no demostró un entendimiento suficiente de la democracia y lo que significa un buen gobierno”, admitió. El PRD obligará a todos sus dirigentes, legisladores y funcionarios a responder ante las autoridades por cualquier sospecha. En ese marco, pidió a los alcaldes de Guerrero y de otros estados que están siendo investigados que se presenten de inmediato a declarar y aportar a las averiguaciones.
Otra medida será la de establecer un sistema de transparencia, información y rendición de cuentas por el que los miembros del PRD “expuestos políticamente” deberán hacer pública su declaración patrimonial. Además, la información financiera, patrimonial y de gastos del Comité Ejecutivo Nacional y de los comités estatales, será declaradas “de carácter público”, al igual que los ingresos, salarios y viáticos de los dirigentes. Por último, según citó la agencia de noticias Efe, está previsto aplicarles un control ciudadano a los candidatos, para corroborar su reputación social y política.