La caída del precio internacional del petróleo tuvo impacto en Venezuela, cuyo gobierno comenzó a tomar medidas para paliar la disminución de ingresos. La venta de petróleo ha sido en los últimos años la responsable de 96% de los dólares que entran a Venezuela, y esta nueva situación significa una importante reducción de los recursos que sostienen el gasto público.
El precio del petróleo venezolano bajó 24% respecto a 2013. Los economistas calculan que el precio ideal para Venezuela es de 120 dólares por barril y ayer esa unidad costaba casi la mitad: 60,55.
El gobierno de Maduro tomó medidas para enfrentar esta situación. A fines de noviembre, antes de que caducara la ley habilitante que le permitió legislar en algunas áreas sin el aval de la Asamblea Nacional, aprobó una reforma fiscal que incluyó aumentos en el IVA de los productos de lujo, en los impuestos al tabaco y el alcohol (de 15% a 35% en el caso del vino y de 20% a 50% para otras bebidas alcohólicas) y en el Impuesto a la Renta para quienes tienen mayores ingresos.
Maduro también creó una Comisión Presidencial para la Racionalización y Reducción del Gasto, en el marco de la cual pidió a los ministerios que evalúen sus gastos para detectar aquellos que son superfluos. Además, su gobierno trasladó a las arcas del Estado 4.000 millones de dólares del fondo China-Venezuela, por el cual Pekín hace donaciones periódicas para el desarrollo venezolano.
Sin embargo, el presidente dio a entender que estas medidas no son suficientes. En un discurso televisado, lamentó que las empresas calificadoras de riesgo señalen a Venezuela como uno de los países de más alto riesgo, “el más alto, prácticamente, del mundo”, según dijo.
“Tenemos más riesgo país que países que están en guerra”, consideró Maduro. “Tenemos un bloqueo financiero contra Venezuela para impedirnos acceder a financiamiento que necesitamos para superar parte de la merma del ingreso petrolero”, agregó. En octubre, Maduro dijo que Venezuela evitaría acceder al financiamiento internacional por los altos intereses que tendría que pagar.
Además
A esta situación económica se suma que Venezuela enfrenta otra vez problemas diplomáticos con Estados Unidos. El Senado estadounidense aprobó ayer un proyecto de ley para castigar a funcionarios venezolanos a los que considera responsables de violaciones de los derechos humanos. Entre las sanciones que votó se cuentan la suspensión de la entrega de visas y la congelación de activos. En mayo, la Cámara de Representantes aprobó una medida en el mismo sentido que luego no fue tratada en el Senado. Si la cámara baja aprueba este proyecto, se implementarán las distintas medidas.
Hace unos meses la Casa Blanca se mostraba reacia a promulgar leyes para sancionar a dirigentes venezolanos, ya que había conversaciones en Venezuela entre el oficialismo y la oposición, pero semanas atrás dijo que esos diálogos no habían dado frutos y que, por lo tanto, no quedaba del todo descartada la posibilidad de disponer sanciones.
Esta decisión del Senado llegó un día después de que Maduro anunciara, el domingo, que está “evaluando” la relación con Estados Unidos. “Tengo mucha información de intervencionismo de la embajada [en la política venezolana]”, dijo, antes de agregar que “están entrampados en su fracasada política de tratar de desestabilizar a Venezuela”. El presidente advirtió: “En su momento le explicaré a nuestra patria acciones que tengo que tomar”.
Estas declaraciones fueron hechas después de que la embajada de Estados Unidos en Caracas y el Departamento de Estado criticaran que la Fiscalía haya imputado a la ex diputada opositora María Corina Machado, acusada de participar en una conspiración para asesinar a Maduro.