Estaba previsto que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva compareciera ayer ante la CNV para dar su testimonio acerca de su detención, en 1980, en el Departamento de Orden Político y Social (DOPS), un organismo creado por la dictadura para reprimir movimientos sociales y políticos opositores.
Lula fue arrestado por organizar una huelga que duró 41 días, que fue declarada ilegal y que es considerada uno de los hechos que desencadenaron la caída de la dictadura. El de Lula es uno de los últimos testimonios que recogerá la CNV, que el miércoles presentará su informe final.
Parte del contenido de ese informe se dio a conocer en los últimos días, y además el gobierno publicó dos páginas web creadas para que se conozca lo sucedido durante la dictadura: un blog en la web de Presidencia y la página web Memorias de la dictadura.
El informe final identificará a 380 militares como responsables de delitos de lesa humanidad, incluidos los que ocuparon el cargo de presidente, y se recomendará que se los juzgue. Sin embargo, no se pedirá la revisión de la Ley de Amnistía, una posibilidad que se manejó pero finalmente se descartó mediante una votación en la CNV, con el argumento de que está fuera de su mandato, ya que la revisión la puede hacer el Parlamento -lo que parece poco probable porque tiene mayoría conservadora- o la Justicia.
La Orden de Abogados de Brasil ya anunció que después de la presentación del informe pedirá una revisión de la Ley de Amnistía ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que en 2010 ratificó la norma y la interpretación que se le daba: los crímenes comunes (entre los que se incluyen el secuestro y el asesinato) están comprendidos por la amnistía.
Tras esa ratificación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil a juzgar los delitos contra la humanidad cometidos por la dictadura. Por ello se considera que una nueva evaluación del STF no sólo abarcará el alcance de la Ley de Amnistía, sino que también considerará si el país debe, o no, ajustarse a las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Otros nuevos datos
Oficialmente el Estado reconoce que 362 personas murieron o desaparecieron durante la dictadura; sin embargo, esa cifra fue aumentada a 475 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en un libro publicado durante el gobierno de Lula, Derecho a la memoria y la verdad. La CNV va a introducir un tercer número: 421, que probablemente sea el reconocido oficialmente, ya que justamente la misión de la CNV es establecer un relato oficial sobre lo sucedido entre 1964 y 1985. De esas 421 personas, continúan desaparecidas 208, entre ellas los integrantes de la Guerrilla de Araguaia.
Según Pedro Dallari, el actual coordinador de la CNV -el cargo ha rotado entre los integrantes-, la principal conclusión del informe será que las violaciones a los derechos humanos no fueron “acciones aisladas de algunos individuos”, sino “producidas por orientación de la cúpula del régimen militar de forma sistemática y persistente”. Reconoció que “el informe es un compendio de crueldad” que “en algunos momentos es hasta difícil de leer”, y luego hizo hincapié en que es necesario para la reconciliación que las Fuerzas Armadas reconozcan los delitos cometidos.
Militares activos y retirados consultados por los diarios O Estado de São Paulo y Folha de São Paulo mostraron su disconformidad con el informe. “Va a mostrar las violaciones [a los derechos humanos] de un solo lado, ninguna del otro. El informe no tendrá credibilidad histórica”, aseguró el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva; “la comisión se limitó a atender intereses revanchistas”, agregó.