A partir de ayer, están vigentes en Argentina las reducciones a los subsidios que tenían las tarifas de gas y agua, anunciadas el jueves en una conferencia de prensa en la que participaron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el de Planificación, Julio de Vido. La decisión se inscribe en la reconsideración general de las tarifas de los principales suministros, motivada por la disminución de los ingresos públicos y un consumo superior a la oferta, sobre todo en el caso del gas natural.
Según cifras del Poder Ejecutivo, en un marco de escasez de gas natural, las tarifas subsidiadas habían llevado a que el consumo de gas se incrementara en los últimos diez años cerca de 40%.
La iniciativa, que fue presentada por Kicillof como un plan de “reasignación de subsidios y consumo responsable”, tendrá tres etapas: la que se inició ayer; la siguiente, en junio, y la última, en agosto.
El ministro de Economía negó en reiteradas oportunidades que la medida signifique un “tarifazo”. Quienes afirman eso “son bastante caraduras”, dijo. “Los que antes hablaban de la necesidad de bajar los subsidios ahora hablan de tarifazos”, agregó.
Esta medida, que está entre las más antipáticas tomadas por el gobierno de Cristina Fernández, derivará en aumentos de las facturas de consumidores residenciales y de comercios. De acuerdo con estimaciones del propio gobierno, un usuario de gas que hoy paga 20 pesos argentinos (unos 55 pesos uruguayos) por bimestre sufrirá una reducción de subsidios de ocho pesos a partir del consumo de abril, de seis pesos en junio y de otros seis a partir de agosto. En total, se le recortarán 20 pesos del subsidio entre abril y junio, por lo que pagará 100% más que en su última factura. Para un usuario con un consumo superior, que gaste, por ejemplo, 44 pesos argentinos cada bimestre, la quita de subsidios será de 76 pesos, por lo que su factura aumentará 172% al final del período.
Con incentivos
En paralelo a los recortes de los subsidios, se implementará un sistema de incentivos para el “uso responsable de los servicios”, según el cual los usuarios que logren una reducción del consumo de 20% no serán alcanzados por la medida. Asimismo, se elaboró una larga lista de usuarios que estarán exceptuados de las quitas, entre los que figuran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (un seguro social para personas con ingresos bajos o nulos), jubilados y pensionistas pobres, y quienes cobran un subsidio por desempleo o discapacidad.
Desde su cuenta de Facebook, la presidenta Cristina Fernández intervino para defender la medida. Recordó que en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, “era necesario inyectar consumo a la sociedad”. Argumentó que esos subsidios fueron pensados para fomentar el consumo y darle más competitividad a la industria y al comercio. “Pero las cosas han cambiado, y para bien en la Argentina: millones de argentinos han conseguido trabajo y han visto mejorar año tras año sus salarios”, concluyó.
Viven
Las repercusiones de la medida no faltaron. Desde la oposición política se habla de que más que fomentar el “consumo responsable” el gobierno busca paliar la crisis fiscal. Pero también surgió un curioso apoyo al gobierno en el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que, desde su conocida posición doctrinaria, manifestó que “haber comenzado a reducir los subsidios y actualizar las tarifas es positivo”. El ex ministro menemista aclaró que la medida tendrá un impacto negativo en el poder de compra de la población, pero agregó: “Éste es un costo social que ya está devengado y es inevitable. Mientras más se lo demore, más doloroso resultará”.
El también ex ministro de Economía y actual diputado por el bloque opositor UNEN Martín Lousteau calificó la medida como “antipática pero correcta”, y advirtió que “se tardó mucho” en implementarla. “Si se hubieran corregido a tiempo [estas tarifas], nos hubieran permitido crecer sin inflación y sin déficit”, expresó. En su opinión, “cuando pasa el tiempo, el problema se acumula y la reacción final es mucho más alta”.
Lousteau, que fue ministro de Economía a comienzos del primer mandato de Fernández, destacó que cuando él se fue del gobierno, en abril de 2008, la quita de subsidios era una de las medidas que había propuesto a la presidenta. “Como ya no tenés superávit fiscal para financiar los subsidios, lo estás pagando emitiendo dinero. Entonces, cada vez que se lo das a alguien equivocado, imprimís dinero para pagarlo y generás inflación”, finalizó.
La quita de subsidios al gas no solo tendrá efectos en los bolsillos de los consumidores. El GNC (gas natural comprimido) es el combustible que utilizan taxis y remises en Argentina. La medida determinará un aumento en el precio mayorista, lo que es previsible que genere presiones de parte de las estaciones de servicio para subir el precio final.
Además, el gobierno nacional intenta alcanzar un acuerdo con las provincias para intentar congelar los precios de la distribución de energía eléctrica, cuyas tarifas son establecidas por entes de control autónomos. Esta medida es complementaria del recorte de subsidios -que afectará el sistema de transmisión de la electricidad-, y busca moderar los efectos que puede provocar sobre la factura. En otros términos, lo que el gobierno intenta es que al retiro del aporte estatal no se sumen ajustes propios de las gobernaciones.
Por eso, un día después de anunciar el plan, comenzaron las negociaciones con algunos jefes provinciales. Según informó ayer la agencia de noticias estatal Télam, De Vido y el gobernador de Córdoba, Juan Manuel de la Sota, firmaron un convenio por el que la provincia se compromete a mantener los cuadros tarifarios sin modificaciones por un año. Como contrapartida, el Ministerio de Planificación Federal se compromete a financiar obras de distribución eléctrica en Córdoba. Se prevé que nuevas provincias se sumen al acuerdo.