Hasta la semana pasada Cléver Jiménez era diputado de la Asamblea Nacional ecuatoriana en representación del indígena Movimiento de Unidad Plurinacional, opositor al gobierno de Rafael Correa. En 2011, Jiménez presentó junto a su asesor Fernando Villavicencio y el dirigente opositor Carlos Figueroa una denuncia contra Correa, a quien acusaban de haber cometido delitos de lesa humanidad durante el levantamiento policial del 30 de setiembre de 2010. La Fiscalía no encontró pruebas y la denuncia fue declarada “maliciosa” y “temeraria”; Correa presentó entonces una denuncia por injurias contra los tres hombres.
A fines de marzo se agotaron todas las instancias judiciales y los tres fueron condenados por ese delito: Jiménez y Villavicencio, a 18 meses de cárcel; Figueroa, a seis meses. En el ínterin, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugirió que se tomaran medidas cautelares y se suspendiera la aplicación de la pena, una solicitud que el gobierno ecuatoriano desoyó por entender que entre las competencias del organismo internacional no estaba comprendido disponerla.
Cuando se emitió la orden de detención, la Policía fue a arrestar a Jiménez, Villavicencio y Figueroa pero no los encontró, y pocos días después el Congreso del Pueblo Sarayaku anunció que había decidido acoger a los tres hombres en sus tierras ancestrales y advirtió al gobierno que no podría ingresar a ese territorio.
El Estado ecuatoriano y el pueblo Sarayaku mantienen un viejo diferendo porque en 1996 se otorgó una concesión para exploración petrolera en territorio indígena sin haber consultado a la comunidad. Tras un extenso periplo, en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los indígenas. Éstos aseguran que el Estado no cumplió con la sentencia de la corte, mientras que el gobierno de Correa afirma que se está avanzando en ese sentido y que todavía no ha terminado de cumplirse en gran medida, por retrasos por parte de los indígenas.
Entre las medidas con las que debía cumplir el Estado se contaban las de retirar el material explosivo que se utilizó para las exploraciones, organizar un sistema para realizar consultas a las comunidades indígenas en instancias similares, hacer un acto público de reconocimiento de la sentencia, publicar el texto y pagar una indemnización por daños al Fondo de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los indígenas aseguran que tienen un largo historial de defensa de la vida y que es por eso que refugiaron a los tres prófugos de la Justicia, como una forma de hacer cumplir, indirectamente, la medida cautelar que dispuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de suspender la aplicación de la pena. Desde su refugio en algún lugar de la selva amazónica el ex asambleísta Jiménez ha instalado un despacho. Dijo al diario Hoy mediante chat que desde allí pretende “seguir combatiendo la corrupción” con material al que acceda mediante internet o documentos que le acerquen quienes accedan a ese lugar.
El lunes de la semana pasada, dos helicópteros policiales intentaron aterrizar en territorio Sarayaku pero hombres armados se lo impidieron. Según las autoridades, el objetivo era verificar que los tres prófugos estuvieran en ese territorio y, en ese caso, detenerlos. Después de este episodio, el gobierno aseguró que los indígenas tenían un grupo paramilitar y Correa sostuvo que estaban intentando establecer un Estado dentro del Estado, impidiendo la aplicación de la Justicia, algo que él no toleraría.
En este marco, el viernes, Correa dijo que esta semana la Policía intentará ingresar nuevamente al territorio indígena. “Vamos a entrar nuevamente con la Policía diciendo 'por favor, entreguen a los prófugos', y si impiden la acción de la Policía con estos grupos armados, declararemos el estado de emergencia”, advirtió. Esta declaración permitiría al gobierno, entre otras cosas, disponer más libremente del empleo de la fuerza pública.
Ayer el pueblo Sarayaku emitió un comunicado en el que aseguró que el Ejército está llevando adelante una misión denominada “limpieza a Sarayaku” con el fin de “colocar armas de destrucción masiva y de asalto de alto calibre [...] para incriminar y justificar la tenencia de armas y la intervención militar. Sacar vivo o muerto al asambleísta Cléver Jiménez. Desintegrar a la máxima autoridad de Sarayaku”. Correa en seguida lo negó desde su cuenta de Twitter: “Dirigentes sarayacus 'denuncian' operación militar 'Limpieza a Sarayaku'. ¡Qué manera de mentir! Hasta el nombre es absurdo”, tuiteó.
En este contexto, Ecuador pidió una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que expondrá el cumplimiento de la sentencia sobre el caso de Sarayaku y, por otra parte, planteará la actual situación y anunciará las medidas a tomar para detener a los tres prófugos.